Debate por el desafuero. El día que Cristina se hubiese excluido a sí misma
Cuando era senadora pidió apartar a Barrionuevo y Ochoa, y evitar que asuma Romero Feris, que no tenían condena firme
Tras la polémica por el pedido de desafuero y prisión preventiva, Cristina Kirchner participó ayer en el homenaje a los 12 secuestrados de la iglesia de la Santa Cruz durante la última dictadura, al cumplirse 40 años de haber sido víctimas de un “grupo de tareas” que integraba el ex marino Alfredo Astiz, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sonriente, la ex presidenta publicó fotos en las redes sociales rodeada por integrantes de Madres de Plaza de Mayo. No hizo ninguna referencia a la causa por traición a la patria que investiga el juez Claudio Bonadio. El acto de ayer se desarrolló en el Solar de la Memoria de la iglesia, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal. Si fuese fiel a los argumentos que esgrimió como senadora nacional en 2003 y 2005, Cristina Kirchner debería votar su propio desafuero.
En efecto, Cristina Kirchner, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en aquellos años, promovió la exclusión de dos de sus pares de bloque, Luis Barrionuevo (en marzo de 2003) y Raúl Ochoa (en mayo de 2005) por haber incurrido en desórdenes de conducta que, a su juicio, lesionaban la imagen del Senado. Sobre Barrionuevo no pesaba ninguna condena penal, pero para la senadora Kirchner el hecho de que el entonces par suyo por Catamarca haya instigado la quema de urnas en su provincia (que provocó la suspensión de las elecciones del 2 de marzo de 2003) fue un acto lo suficientemente grave como para sancionarlo con la expulsión.
Dos años más tarde, Cristina Kirchner promovió y logró la suspensión del senador puntano Ochoa, acusado de haber votado dos veces en su provincia en las elecciones del 14 de octubre de 2001.
En ambos casos, la entonces senadora no basó sus argumentos en una cuestión penal, es decir, en el dictado de una condena penal firme contra los acusados. Barrionuevo no afrontaba condena alguna y, en el caso de Ochoa, si bien enfrentaba una pena a dos años y 10 meses de prisión en suspenso, esta no estaba firme cuando fue suspendido.
¿Cuál fue entonces el argumento que utilizó Cristina Kirchner, si no fue la existencia de una condena penal? La respuesta está en el artículo 66 de la Constitución Nacional: la entonces senadora insistió hasta el cansancio, en cada uno de sus discursos, en que este artículo faculta a ambas cámaras legislativas a sancionar a alguno de sus miembros (incluso con la exclusión del cuerpo) si este incurre en un acto indigno o en inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.
“El artículo 66 regula las sanciones y facultades disciplinarias que tiene este cuerpo respecto de algunos de sus integrantes con motivo de desórdenes graves de conducta. No estamos ante una actividad jurisdiccional. Reiteradas veces lo hemos sostenido: no se trata de un juicio en los términos de procedimiento. Significa, simple y sencillamente –nada más y nada menos– que la aplicación de las facultades que el cuerpo tiene frente a la conducta indigna de algunos de sus miembros”, enfatizó Cristina al fundamentar la expulsión de Barrionuevo.
Citó al entonces diputado y constitucionalista Jorge Vanossi en su discurso. “Quiero mencionar a Vanossi cuando dice que aquí no hay acusación, aquí no hay defensa penal, tampoco prueba penal, aquí no hay sentencia ni juez ni hay tampoco un juicio en lo penal. Estamos en materia disciplinaria. Y, por lo tanto, el juicio es de valor”, añadió.
La expulsión de un legislador, entonces, es una facultad política que le confiere la Constitución al Congreso ante una inconducta grave de alguno de sus miembros, aunque no necesariamente fundada en una causa penal, sostenía Cristina Kirchner. Con este argumento, la Cámara de Diputados excluyó, en octubre pasado, al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Lo hizo pese a que este no afrontaba una condena firme en la causa por la que la Justicia le pidió el desafuero.
Cristina Kirchner también está procesada por distintas causas en la Justicia. ¿Sería esta situación una causal para su desafuero? La respuesta de Cristina Kirchner sería afirmativa. Basta citar la carta que escribió el 14 de diciembre de 2001, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en rechazo a la asunción de Raúl Romero Feris en la Cámara alta.
“incorporar a un ciudadano [al Senado] con múltiples procesos [judiciales], todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución [por el Senado] con la sociedad”, enfatizaba por entonces.
En el Senado, Miguel Pichetto esgrime una doctrina distinta a la de Diputados. Para el jefe de senadores del PJ debe haber una condena penal firme (ratificada en todas sus instancias) para desaforar a un legislador. Esta doctrina es la que hoy salva a Cristina del desafuero. Una doctrina que, paradójicamente, la ex presidenta no comparte.