El Gobierno, entre la ingenuidad y el drama de la comunicación
Si alguien en el Gobierno esperaba ingenuamente que los trámites legislativos tras la victoria electoral de octubre fueran como transitar por un jardín de rosas, ayer tuvo la respuesta. Quedó en evidencia que la influencia de los gobernadores de la oposición se limita al Senado, que a la conducción de la CGT no le avergüenza acordar algo con la Casa Rosada y paralelamente influir sobre los diputados para que traben esos mismos acuerdos, y que el kirchnerismo es capaz de cualquier cosa para minar la confianza en el Gobierno y sembrar un caos generalizado con la esperanza de parar las órdenes judiciales de detención contra sus ex funcionarios. Demasiado como para sacar una ley controvertida a las apuradas.
Por si eso fuera poco, Mauricio Macri terminó de confirmar que su aliada Elisa Carrió no está dispuesta a abandonar su papel de tábano sabio, para alertar a propios y extraños cuando el Gobierno esté a punto de tomar decisiones cuestionables desde el punto de vista legal o moral. Incluso, cuando se tratara de una mera amenaza gubernamental para golpear y después negociar, como la hipotética reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Si el proyecto de ley para modificar la fórmula del cálculo de los aumentos jubilatorios fue tildado de inconstitucional por especialistas como Daniel Sabsay, una reforma por decreto sería blanco de innumerables demandas judiciales. La idea del hecho consumado, en lugar de fortalecer al régimen previsional, elevaría su inseguridad jurídica.
Es obvio que la amenaza del decreto apuntaría a forzar una negociación, como en su momento lo hizo el cuestionable decreto de Macri, luego retirado, por el cual designó a dos miembros de la Corte. Es probable también que el Poder Ejecutivo pueda valerse de la restrictiva reglamentación de los DNU heredada del gobierno kirchnerista, que exige que, para perder vigencia, un decreto deba ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Pero aun así sería evidente la impotencia de un gobierno que supuestamente vino a garantizar la legalidad y la calidad institucional.
Pese al traspié del macrismo en el debut de la nueva Cámara baja, hay algo destacable: la coalición oficialista logró en un momento el quorum de 130 legisladores para iniciar una sesión que debió ser levantada por el clima de hostilidad que reinaba dentro y fuera del recinto. No sería en absoluto utópico que, sólo con los dos diputados de Cambiemos que todavía no pudieron jurar, el Gobierno consiga su objetivo de tratar la norma y aprobarla.
Claro que antes de eso deberá resolver sus enormes problemas de comunicación para explicar la ley y transmitir a la opinión pública la verdadera dimensión de la crisis del sistema previsional.