La reforma jubilatoria se muda de la calle a los tribunales

L a disputa por la reforma previsional abandonó la calle e ingresó en los tribunales. El nuevo campo de batalla exige nuevas estrategias. Quienes se oponen al cambio en la forma de actualizar las jubilaciones están obligados a reemplazar la capacidad de movilización –y, según sea el caso, de depredación– por la destreza procesal. El Gobierno y los adversarios de su iniciativa siguen trenzados en su duelo. Ahora es una disputa cifrada. Pero, desde el punto de vista político, crucial.

Porque no sólo están en juego los ingresos de los jubilados. También se discute la posibilidad de que, con el ahorro que permite el nuevo cálculo, María Eugenia Vidal cuente con $ 65.000 millones para volcar en el deteriorado conurbano bonaerense. Es la geografía hacia la que se ha replegado el kirchnerismo. Su última frontera. Es lógico que la controversia sea despiadada.

Para Mauricio Macri y sus colaboradores, ese fondo es crucial desde el punto de vista político. Pero también fiscal. El ahorro que deriva de la reforma jubilatoria permitiría despejar intranquilidades sobre el frente fiscal. Es un objetivo principal del Gobierno, como debería advertirse esta mañana, durante la conferencia de prensa que ofrecerán Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Anoche había un hermetismo cerrado sobre ese mensaje, más allá de una autocelebración del cumplimiento de las pautas fiscales. Pero podrían conjeturarse algunas orientaciones, a partir de las discusiones monetarias y financieras que dominaron el gabinete en los últimos meses. ¿Se anunciará alguna forma de coordinación de la política monetaria del Banco Central con el Poder Ejecutivo? ¿Anunciará el Central que reducirá su financiamiento del Tesoro? ¿Comenzará Caputo a emitir Letes en pesos, bajando su exposición al mercado internacional?

Son especulaciones que ayer dominaban a algunos expertos del mercado. Si se verificaran estas novedades, habría que volver a apostar a la capacidad predictiva de Elisa Carrió, quien el domingo le dijo a Jorge Liotti, en este diario, que esperaba un cambio de la estrategia de Sturzenegger. Anoche se le sumó Miguel Pichetto: “Se creen que están en el Bundesbank”, ironizó.

La reforma jubilatoria forma parte de este rompecabezas fiscal. La primera jugada para ponerla en entredicho la hizo el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, acaso el dirigente social más cercano al papa Francisco. El jueves 14, mientras la Cámara de Diputados intentaba sesionar por primera vez para tratar la ley, Grabois presentó, asumiendo el interés de todos los jubilados, un recurso de amparo en el fuero previsional para que un juez impida la sanción de la reforma. Gonzalo Estivariz, el secretario legal y técnico de la Anses, festejó. Alguien inauguraba un expediente.

Era lo que él necesitaba para poner en marcha su estrategia: reclamar que todos los planteos sean absorbidos por ese juzgado. Esa solicitud fue ideada, en realidad, por Fabián Rodríguez Simón, el más activo asesor jurídico de Mauricio Macri, y por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Rodríguez Simón, Saravia Frías y Estivariz pretendían evitar un riesgo aprendido en la guerra del aumento de tarifas del año pasado: que las cautelares se multipliquen en innumerables tribunales del país.

Con esa lógica institucional que rige a la Argentina, cada bando comenzó a estudiar, más que los expedientes, las supuestas orientaciones personales de los jueces. El amparo de Grabois aterrizó en el despacho del juez Fernando Strasser. Allí fue también una segunda presentación, por inconstitucionalidad, una vez que la ley fue aprobada.

Para quienes pretenden que se suspenda la reforma fue una mala noticia. Strasser se había pronunciado a favor del oficialismo el año pasado, cuando se discutió la reparación histórica del sistema previsional. Tal vez porque sospechaba que el juez fallaría en el mismo sentido en este nuevo caso, Grabois se entrevistó con el magistrado, acompañado por dos abogados especialistas en jubilaciones. Fue una reunión acalorada. El líder de la CTEP pidió a Strasser que dejara el expediente por tratarse de un juez subrogante que está esperando que el Senado lo convierta en titular. Strasser se ofendió y comenzaron a levantarse la voz. Funcionarios del oficialismo afirman que, según el juez, arguyó: “Mi presentación tiene el aval de Su Santidad”. Grabois lo niega. Y tiene un argumento a su favor: el acta en la que quedó registrada la reunión no refiere a la supuesta mención del Papa.

Strasser dictó ayer una resolución que avala la pretensión planteada por Estivariz, el abogado de la Anses. Allí establece dos criterios. Primero, que su juzgado es el único que puede tratar la ley jubilatoria y cualquier planteo colectivo debe agregarse al de Grabois. Segundo, que deben extenderse hasta la semana que viene los plazos para el tratamiento del tema. Es una decisión clave. Supone que no hay urgencia para resolver el cálculo de las jubilaciones, debido a que el primer pago se realizará en marzo. Por lo tanto, no hay una urgencia que justifique habilitar la feria judicial para resolver la cuestión.

Grabois sufrió una pasable derrota. Es probable que él se convenza de que Strasser actuó condicionado por la aprobación de su pliego en el Senado. Si es así, sería un condicionamiento imaginario. En la Casa Rosada se enteraron de que Strasser está esperando ese acuerdo por la recusación de Grabois. Un colaborador de Macri llamó a Federico Pinedo para preguntarle por el trámite, que la semana pasada quedó suspendido. Pero Pinedo no supo dar respuesta. Una lección para Cambiemos: maquiavélico no sólo hay que parecer, hay que ser.

Grabois recuperó el ánimo al final de la tarde. Otro abogado había presentado un amparo a favor de un jubilado, por un problema de ajuste en sus haberes. Y también recusó a Strasser. Adujo que tenía un conflicto personal porque el juez lo había denunciado ante el Colegio de Abogados en el marco de la causa por la reparación histórica. El abogado es Miguel Ángel Fernández Pastor, uno de los alfiles del neokirchnerista Leopoldo Moreau en el sistema previsional.

Moreau, quien junto con su yerno, Agustín Rossi, forma la guardia pretoriana de la señora de Kirchner, siempre estuvo interesado en el sector jubilatorio. Sería mezquino atribuirlo a que durante años contó con la Anses como una gran bolsa de trabajo para su clientela. ¿Por qué negar algún amor por los abuelos? Al servicio de esta gerontofilia estuvo siempre Fernández Pastor, quien fue director de la Anses durante la gestión de Fernando de la Rúa. Y continuó con Sergio Massa, durante la de Eduardo Duhalde, con quien Moreau inició su irreversible aproximación al peronismo.

Fernández Pastor consiguió ayer que la Cámara Previsional acepte su recusación. Es lo que entusiasmó a Grabois. Él también fue hasta la cámara por lo mismo. Aun cuando su aspiración tiene una debilidad: olvidó recusar a Strasser antes de recaer en su juzgado por segunda vez, en el planteo de inconstitucionalidad.

El conflicto de Grabois con Strasser podría volverse intrascendente. Hoy el magistrado comenzará sus vacaciones y será reemplazado por el juez Juan Fantini. Los abogados de la Anses temen a Fantini. Además de haberse enfrentado con él en la batalla por la reparación histórica, aparecieron problemas de “estética visual”, como diría la moralista de Nordelta. Fantini tendría su despacho decorado con un busto de Perón y un póster de Francisco. Las mismas devociones de Grabois. Pero, como en el caso del pliego senatorial de Strasser, los paranoicos no deben ilusionarse: hasta ayer Grabois no conocía ni la existencia de Fantini.

La suerte inmediata de la nueva fórmula jubilatoria depende de Fantini. ¿Podría anular la decisión de Strasser y habilitar una avalancha de reclamos que vuelva mucho más incierto el futuro de la ley? Tendría 48 horas para hacerlo. El lunes habrá un juez de feria a cargo del fuero: Walter Carnota.

Los esgrimistas se enfrentan todavía en el plano cautelar. La cuestión de fondo, si la ley es o no inconstitucional, tendrá un curso más lento. Por tratarse de una acción donde el que demanda representa a un sujeto colectivo, tiene un régimen procesal especial. Debe certificarse la identidad del grupo y esperar a la publicación de edictos, lo que podría demorar las definiciones hasta marzo.

También hay que prestar atención a otro detalle. En septiembre, la fórmula de actualización que estableció el kirchnerismo podría ser impracticable. Esa ecuación es la que liga los ajustes a la evolución de los ingresos tributarios de la Anses. Y esos ingresos tenderán a cero: el pacto fiscal que acaba de aprobar el Congreso eliminó la desviación a la Anses del 20% del impuesto a las ganancias.

De todos modos, lo más probable es que el conflicto navegue hasta la Corte. Allí existiría una mayoría con posición tomada. El artículo 14 bis de la Constitución garantiza la intangibilidad de las jubilaciones. E “intangibilidad” debe ser interpretada como preservación de su poder adquisitivo respecto de la inflación. Si, al final del camino, esta fuera la doctrina, Macri habría ganado la batalla.

El ahorro permitiría despejar intranquilidades sobre el frente fiscal