Reina la impunidad si los responsables no pagan
Urge aplicar sanciones ejemplares para disuadir a quienes sólo piensan en destrozar y sembrar el caos
P ortaban mazas, martillos, cortafierros, clavos, palos, piedras y armas tumberas, entre otros elementos. Llevaban consigo un nécessaire para la guerra. Tenían objetivos muy claros: destrozar todo lo que encontraban a su paso, procurándose proyectiles suficientes y certeros para atacar a las fuerzas de seguridad. Eso demuestra que poco les importaba lo que se estaba discutiendo en el Congreso. La finalidad era sembrar el caos, destruir. Modificar esa mentalidad llevará mucho tiempo, pues estamos ante la necesidad de un cambio cultural profundo.
La aparente y llamativa falta de antecedentes de esos brutales agitadores actuó como un pase casi automático para que quienes se dedicaron a destrozar los alrededores de la Plaza del Congreso, entre el jueves 15 y el lunes 18 de este mes, recobraran tan pronto como absurdamente su libertad. Tan rápido fueron devueltos a la calle que habrán podido observar directamente el calamitoso estado en el que la dejaron.
No será ni rápido ni barato volver a poner las cosas en su lugar. En el gobierno porteño estiman que los arreglos de los alrededores de la Plaza del Congreso costarán unos 37 millones de pesos. Hay que acondicionar veredas y reponer carteles arrancados de cuajo, limpiar la zona y restituir el mobiliario destruido. Se necesitará recuperar espacios verdes, solados, escalones de mármol y cordones de veredas. Entre otros componentes del mobiliario urbano, fueron vandalizados 92 cestos papeleros, 35 contenedores de 3200 litros y nueve de 3750 litros; se destruyó parte del sistema de riego, se arrancó el césped y desapareció la mayoría de las plantas. Las dos glorietas de la plaza fueron atacadas a fuerza de martillazos. Son monumentos centenarios, con piezas de mármol de Carrara.
Para tener una idea del daño material producido, valgan los siguientes datos: 40 millones de pesos es el costo de seis tomógrafos, o de una unidad de terapia intensiva, o de un nuevo servicio de neonatología, como el instalado en el Hospital Penna en agosto de este año, o de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), como los que ya funcionan en el distrito.
La Justicia reclamó los videos para tratar de identificar a los delincuentes que provocaron semejantes destrozos. El gobierno porteño se los entregó. Según trascendió, más de 40 de las personas excarceladas aparecen seriamente comprometidas con la comisión de delitos diversos. Más allá del de sedición, que correctamente se ha reclamado que se les impute, hay otros que deben ser considerados, entre ellos, los de daño agravado, intimidación pública, atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Y, fundamentalmente, deberá tenerse en cuenta el carácter de flagrancia con el que fueron cometidos.
“Si uno tira una piedra de ese tamaño, está dispuesto a matar”, ha dicho acertadamente el presidente Macri. No hay forma de demostrar lo contrario. La lluvia de piedras que cayó durante horas sobre la policía de la ciudad el lunes de los desbordes y que provocó que 88 efectivos resultaran heridos pudo haber causado la muerte de una o más personas.
La Procuración General porteña se presentó como querellante en la causa, en virtud de que la ciudad ha sido víctima de graves perjuicios producidos por esas hordas de activistas que, por lo visto, estaban dispuestas a todo. Las autoridades locales reclamarán que, además de una sanción penal, haya también una civil: que aquellas personas que están debidamente identificadas paguen de su bolsillo los daños materiales que deliberadamente causaron.
No es un tema menor. Es necesario generar precedentes de peso para evitar que se reiteren este tipo de brutales agresiones. Por lo general, los condenados por dañar el espacio público urbano terminan realizando una probation, una pena muy menor si se toma en cuenta el valor económico, histórico y patrimonial de lo destruido.
Anualmente se registran unas 500 causas por esta forma de ataques. La mayoría son difíciles de probar. No es el caso que nos ocupa. En esta oportunidad, hubo una acción orquestada y los rostros de los delincuentes se distinguen con nitidez en los innumerables videos y fotos tomados por las cámaras apostadas en la vía pública, por las de los canales de televisión y hasta por los celulares de los transeúntes que ese día se encontraban en la zona. Según fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, se recogieron 15 toneladas de piedras. Pero no sólo lo material fue gravemente afectado. Una mujer con discapacidad se encontró con que su vehículo había sido incendiado. Dueños y trabajadores de bares y de otros comercios vecinos también fueron víctimas de la violencia salvaje. Perdieron materiales, horas y días de trabajo.
Se necesitan penas ejemplares de modo de disuadir a estos delincuentes para que, a falta de su propia responsabilidad social, la ley les exija adoptarla haciéndose cargo de su violento proceder. De lo contrario, la falta de castigo se convertirá en una nueva invitación a seguir convirtiendo en un infierno la vida y el espacio de todos.