Kuczynski, desafiado por la justicia, las protestas y las deserciones
perú. Debió declarar por sus vínculos con Odebrecht mientras miles marchaban en Lima y sumaba bajas en su gobierno
LIMA.– Los frentes de tormenta se abren y cierran aceleradamente para el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski. Salvado de la destitución la semana pasada, ayer debió declarar ante la justicia por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, mientras las calles se inundaban de manifestantes contrarios al indulto concedido al ex jefe de Estado Alberto Fujimori.
Miles de manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín, sitio tradicional de los mítines políticos de Lima, y marcharon por las calles del centro histórico, en la mayor protesta generada hasta ahora por el perdón presidencial. “Esto es una marcha no sólo contra el indulto, también es contra el presidente Kuczynski. Queremos que renuncie y que todos los corruptos se vayan”, dijo Jorge Rodríguez, uno de los organizadores.
Por otro lado, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro se presentó a primera hora en la casa de gobierno para interrogar a Kuczynski, que debió declarar por el pago de más de 782.000 dólares que Odebrecht realizó a su consultora financiera, Westfield Capital, cuando era primer ministro de Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski no puede ser acusado hasta que concluya su mandato en 2021, pero sí puede ser convocado como testigo para que aclare los vínculos de su empresa con Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios peruanos para obtener jugosos contratos de obras públicas.
Elinterrogatoriodebiórealizarse hace una semana pero fue suspendido por la sesión del Parlamento en la que el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, buscó destituir a Kuczynski por ese mismo affaire. El presidente se salvó gracias a que una facción minoritaria del fujimorismo se abstuvo de votar por su destitución, al parecer a cambio del indulto concedido días después al líder encarcelado.
Pero las incursiones de Odebrecht
en Perú afectaron también a Keiko. Ayer mismo debió declarar ante otro fiscal, Domingo Pérez, en una causa por financiamiento ilegal de campañas electorales, luego de que los investigadores de la operación Lava Jato hallaron en una nota del celular de Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, una frase que la cubrió de sospechas.
“Aumentar Keiko para 500”, decía la nota escrita antes de las elecciones presidenciales de 2011, en las que Fujimori fue derrotada por Ollanta Humala. Odebrecht le dijo a la fiscalía peruana que su compañía le habría dado dinero a Fujimori, sin ofrecer detalles.
Sólo en concepto de sobornos, la multinacional brasileña admitió haber entregado sobres a funcionarios de la administración por 29 millones de dólares durante
tres presidencias consecutivas, de distinto signo político, que no incluyen la gestión de Kuczynski: Toledo, Alan García y Humala.
Alberto Fujimori, en tanto, permanece hospitalizado en una clínica por problemas cardíacos. Alejandro Aguinaga, su médico de cabecera, aseguró que permanecerá internado “hasta nuevo aviso para evitar esta suerte de rumores que se lanzan y crean inestabilidad”.
Aguinaga aludía a las extendidas sospechas de que el indulto obedeció a un arreglo político y no a razones humanitarias, como adujo Kuczynski tras firmar el documento, basado en el presunto deterioro de salud del ex mandatario (1990-2000), cuya gestión todavía enciende pasiones y divide las aguas en la opinión pública.
El indulto le trajo a Kuczynski una rebelión en la propia tropa, con la renuncia de tres legisladores, dos ministros y varios funcionarios medios, en protesta por lo que ven como una negociación imperdonable. A juicio de los renunciantes, el presidente pagó un precio demasiado alto por la permanencia al frente de la jefatura del Estado.
“Algunos ministros han decidido dar un paso al costado”, por lo cual Kuczynski y sus asesores evalúan recomponer el gabinete “para llegar a una situación de reconciliación certera”, dijo la primera ministra Mercedes Aráoz.
El perdón presidencial fue criticado desde afuera por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ayer emitió un comunicado de repudio.
“El indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”, expresó la CIDH.