ponerles fin al chantaje y la corrupción sindical.
No estamos ante el primero ni el último ejemplo de dirigentes que han vivido de la extorsión y se han enriquecido ilícitamente.
El escandaloso caso del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, detenido horas atrás en Uruguay, no es el primero ni será el último ejemplo de dirigentes sindicales fuertemente sospechados de haberse enriquecido de manera ilícita, merced a maniobras extorsivas o al vaciamiento de sus propias entidades gremiales. La lista de sindicalistas asociados a prácticas corruptas es larga y pone de manifiesto la necesidad de que se sancionen normas que obliguen a hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales de altos dirigentes gremiales y de quienes conducen las obras sociales sindicales.
La extradición de Balcedo fue pedida a Uruguay luego de que en su suntuosa residencia cercana a Piriápolis se descubrieran un arsenal de armas, dinero en efectivo equivalente a casi medio millón de dólares y una flota de automóviles de lujo. Su situación se suma a la de otros dos sindicalistas que en el último año fueron detenidos y tienen prisión preventiva, imputados en graves casos de corrupción. Uno de ellos es Omar “Caballo” Suárez, titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) hasta septiembre de 2016, cuando fue procesado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a empresarios navieros y por supuestos fraudes millonarios contra su propio gremio y la obra social sindical. El restante es Juan Manuel “Pata” Medina, exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, y en cuyo domicilio curiosamente también se hallaron armas y municiones y máquinas para contar dinero.
En el listado de gremialistas investigados figuran el titular del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María, denunciado por operaciones sospechosas de lavado de dinero, y Pablo Moyano, del gremio camionero, actualmente indagado por negocios espurios con la barra brava de Independiente, club que maneja junto a su padre, Hugo Moyano. También es investigado por la Justicia el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la provincia de Buenos Aires, Carlos Quintana, por una megadefraudación en el IOMA, la obra social de los trabajadores del Estado provincial.
En varios de los casos mencionados, además de un patrimonio y un nivel de vida que resulta obsceno, hay en común una llamativa posesión de armas, lo cual hace presumir la existencia de otra clase de actos ilícitos, vinculados con la presencia de verdaderas mafias y con los comportamientos violentos. En otros casos, aparece el afán de algunos de estos dirigentes por manejar medios de comunicación, con la aviesa intención de protegerse a sí mismos o de extorsionar.
Otro dato común a varios de los dirigentes sindicales mencionados es la fuerte sensación de impunidad que delatan las fortunas que son capaces de exhibir. Que un sindicalista como Balcedo viva en una casa valuada en no menos de tres millones de dólares y que su flota de automóviles albergue algunos modelos de altísima gama, como una Ferrari California o un Mercedes-Benz McLaren, entre otros, dan cuenta de que ese hombre siente la impunidad que solo le puede conferir una protección política. Tal vez no sea casual que, entre sus amistades, figurara Daniel Scioli, quien gobernaba el distrito bonaerense durante el auge del sindicalista. Con la misma impunidad actuó durante demasiado tiempo el “Caballo” Suárez, a quien Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta de la Nación, se refería como uno de sus “sindicalistas favoritos”.
Debe insistirse en que los casos citados son apenas la punta de un enorme iceberg de corrupción, lamentablemente alimentada por una dirigencia política que ha acostumbrado servirse de los aparatos sindicales con diferentes fines o que no ha tenido el coraje suficiente para denunciar sus negociados y sus procedimientos extorsivos.
Durante los últimos días, trascendió que el gobierno nacional tendría listo un decreto para determinar la obligatoriedad de que los titulares de obras sociales revelen públicamente sus bienes. En la actualidad, está vigente un decreto que data de 1993, por el cual quienes dirigen y administran obras sociales deben presentar sus declaraciones patrimoniales “en sobre cerrado y firmado” ante la Superintendencia de Servicios de Salud, pero tal documentación solo sería exhibida ante una solicitud formal de la Justicia.
Es indispensable que esa obligación se extienda también a quienes conducen los sindicatos y, por ende, administran cuantiosos fondos aportados por los trabajadores, y que la declaración tenga carácter público. Esto es, que esté al alcance de cualquier ciudadano, al igual que las declaraciones juradas de los funcionarios.
Cabe esperar que, esta vez, la idea no quede en una simple amenaza para asustar a algunos dirigentes sindicales con el mero fin de persuadirlos de no realizar medidas de fuerza o de apoyar algún proyecto de ley. La transparencia y la lucha eficaz contra la corrupción exigen terminar con cualquier resquicio que huela a impunidad. Y tanto la acción de la Justicia como la participación ciudadana son fundamentales para avanzar por ese camino.