Las represalias del poder por la frustrada reforma laboral
Jorge Triaca es el único ministro que no logró traducir en ley el proyecto vinculado a las reformas en su área. El freno a la iniciativa laboral en el Congreso, a partir del frágil acuerdo que tejió con la CGT, despertó en el corazón del Gobierno un afán de venganza. La ambigüedad a los gremios no les saldrá gratis. Esa fue la advertencia que surgió desde la Casa Rosada.
Las represalias contra el sindicalismo ya comenzaron. En los despachos oficiales se apilan documentos con información sobre el blanqueo de capitales que involucran ya no solo a Víctor Santa María, jefe de los porteros y del PJ porteño y propietario del diario Página/12. En la nacion de hoy (ver aparte), se revela que los hijastros de Hugo Moyano blanquearon 1.100.000 dólares. No sería el único movimiento de dinero sospechoso relacionado con el líder camionero. Habría más.
En forma paralela, desde el Gobierno se blanden expedientes judiciales con la amenaza de ser activados con una mera llamada telefónico a Comodoro Py. De la retórica se pasó a la práctica en plena feria: el 4 de enero un escuadrón de la Gendarmería allanó el gremio del caucho por una irregularidad en su elección de autoridades.
El impulsor de la medida fue el fiscal Guillermo Marijuan, quien tuvo el aval del juez Sebastián Ramos, que actuó por las vacaciones de Daniel Rafecas. El sindicato del caucho estuvo conducido durante 40 años por Carlos Ponce, un hombre de Moyano.
La CGT ensayó una defensa corporativa por el operativo en el gremio del caucho y lo calificó de “atropello”. En la central obrera se preguntaron sorprendidos por qué la Justicia Federal había actuado en cuestiones electorales internas y consideraron que el Laboral debería haber sido el fuero ejecutor. Un abogado que asesora a decenas de gremios identificó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el estratega para sortear la Justicia Laboral y avanzar contra los sindicatos por otra vía. No hay que olvidar que Mauricio Macri equiparó la Justicia Laboral con una mafia.
Es probable que en el corto plazo al portuario Omar “Caballo” Suárez se le acabe el beneficio de la prisión domiciliaria en una casona de Olivos. En el Gobierno lo quieren ver de regreso en el penal de Marcos Paz.
También hay expectativa en el oficialismo por los hallazgos que puedan surgir de la causa por la sucesión de Julio Vicente Raele, un empresario del seguro que ofició históricamente de nexo entre la política y el mundo sindical. Con este caso, el fuero Civil y Comercial podría generar tal vez más impacto que el Penal. Son muchos los sindicalistas con los que Raele forjó algo más que una amistad. Hasta hoy, solo la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica es investigada por presunto lavado de dinero a partir de la empresa del difunto empresario del seguro.
“Ahora vienen por nosotros”, asumió con voz trémula un cacique sindical que siente la presión judicial en la nuca por los coletazos locales del caso Odebrecht. No es el único que está preocupado.