Echegaray amenaza con revelar datos
El exjefe de la AFIP prepara su defensa judicial en el caso Cristóbal López
En la mira de la Justicia por haber beneficiado supuestamente a Cristóbal López, el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray elabora su estrategia de defensa en la causa que investiga cómo el empresario llegó a deberle al organismo recaudador $8000 millones por el impuesto sobre la transferencia de los combustibles (ITC).
Dispuesto a todo, Echegaray ya definió que, si la causa llega a juicio oral, presentará un informe en el que volcó unos 1800 planes de pago especiales otorgados durante su gestión. La lista incluye desde un empresario muy cercano al presidente Mauricio Macri hasta celebrities de la televisión y distinguidas fundaciones. Contiene, incluso, facilidades otorgadas a allegados de jueces federales.
Echegaray planifica su ofensiva para intentar demostrar que trató a Cristóbal López “como a un contribuyente más”. Sin embargo, el juez federal Julián Ercolini lo procesó porque consideró que la AFIP, entre otras facilidades, le otorgó a Oil Combustibles más de $2000 millones en planes especiales de pago entre 2013 y 2014, “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada”.
“Si me mandan a juicio oral, voy a hacer un show”. Con esa advertencia pícara, Ricardo Echegaray le repite a su entorno que si su frente judicial se enturbia, él intentará hablar. El argumento que esgrime es que para ejercer plenamente su derecho a la defensa, podría quedar relevado del secreto fiscal. El ex titular de la AFIP, que conoció el costado más sensible de los grandes contribuyentes durante el kirchnerismo, amenaza así con ventilar datos que podrían ser incómodos.
El ex titular del organismo recaudador elabora su estrategia legal en la causa que investiga cómo Cristóbal López llegó a adeudarle a la AFIP $8000 millones por el impuesto sobre la transferencia de los combustibles (ITC). Cercado en los últimos meses por la Justicia, es el expediente que más lo inquieta y el único caso que lo tiene procesado por su papel al frente del fisco durante la exgestión.
El juez federal Julián Ercolini procesó a Echegaray porque consideró que la AFIP, entre otras facilidades, le otorgó a Oil Combustibles más de $2000 millones en planes especiales de pago entre 2013 y 2014, “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada”.
Para defenderse, Echegaray, patrocinado por el estudio de Arslanian & Asociados, ya elaboró un informe en el que volcó unos 1800 planes de pago especiales otorgados durante su gestión. La lista es sensible e incluye desde un empresario muy cercano a Mauricio Macri hasta celebrities de la televisión y distinguidas fundaciones. Contiene, incluso, facilidades otorgadas a allegados de jueces federales.
La ley de procedimiento fiscal, en su artículo 101, indica que “los dependientes de la AFIP están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones”, aunque incluye una salvedad “en los procesos criminales por delitos comunes” siempre y cuando “las informaciones se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen”.
“Las garantías del imputado en el ámbito penal tienen el más alto rango normativo”, dijo un penalista a la nacion. Otro experto coincidió en este concepto, aunque aclaró que “es importante que la información sea pertinente, para evitar que se trate de una extorsión”. Planes de pago
Con el informe de su gestión en la mano, Echegaray planifica su ofensiva para intentar demostrar que trató a Cristóbal López “como un contribuyente más”. Los planes especiales de pago, previstos por el artículo 32 de la ley 11.683 habilitan al titular de la AFIP a otorgarles facilidades de pago a los contribuyentes “que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras” que les impidan cumplir con sus obligaciones fiscales.
Se habilita cuando no están vigentes los planes generales de pagos, que se realizan de manera informática. Así, los planes particulares funcionaron como una facultad discrecional y una poderosa herramienta en manos del jefe del organismo recaudador.
En el caso de Cristóbal López, tal como reveló la nacion, la AFIP y la DGI durante la gestión de Echegaray le otorgaron un primer plan en 2013 por $980,6 millones por la retención del ITC, a pesar de que originalmente se había analizado por plan por $349,9 millones. En junio de 2014, Echegaray le concedió un plan adicional de pagos por $1235,4 millones, cuando en ese caso el pedido original para regularizar deudas fue por $344,8 millones.
La lista con los planes especiales otorgados durante el kirchnerismo que elaboró Echegaray para defenderse, no incluye a Ciccone. En esa causa, el ex funcionario insiste en que nunca le otorgó un plan especial a la fábrica de billetes.
La quita que pretendía Ciccone era del 75 por ciento. Primero, el extitular de la AFIP firmó una nota que hacía lugar al pedido. Después, con un agregado a mano, modificó su criterio. Echegaray se defendió al argumentar que el primer documento era “una reproducción parcial” de su decisión y que solo tuvo validez “la decisión finalmente incorporada en el expediente”.
La ofensiva de Echegaray llega cuando el exfuncionario se ve cercado por la Justicia, tras permanecer indemne durante años en los tribunales. Recién el pasado 13 de noviembre fue procesado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles debido a la forma en que se llevó adelante la licitación para la limpieza del edificio principal de la AFIP.
En el caso Ciccone recién fue citado a indagatoria hace dos meses. Y fue allanado por la importación de un auto a fines de diciembre.
Por sus dichos, Echegaray además fue procesado por falso testimonio, por haber denunciado con información incorrecta a Alfonso Prat-Gay de ser parte de una maniobra de evasión impositiva.