Un juez de Córdoba citó al líder gremial para una indagatoria
Investiga si hubo lavado de dinero en la compra de inmuebles en La Falda, por parte de Camioneros
CÓRDOBA.– El juez federal de esta ciudad, alejandro Sánchez Freytes, citará a una declaración indagatoria en los próximos días al sindicalista Hugo Moyano por supuesto lavado de dinero y defraudación. El jefe del gremio de Camioneros fue imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano en diciembre pasado por los delitos que se habrían cometido en la compraventa de inmuebles en La Falda, donde hoy funciona una colonia de vacaciones del sindicato.
Fuentes del Juzgado confirmaron a la nacion que, aunque no hay plazos para la citación, será a la brevedad. Tanto desde esa instancia como en la Fiscalía insistieron en que la causa “no tiene ninguna relación con el protagonismo mediático y otros procesos” que involucran a Moyano, ya que esta denuncia “es de mucho antes”.
El fiscal Vidal Lascano confirmó a la nacion que recibió la denuncia de parte de la procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de activos (procelac) y que puso en marcha una serie de medidas “vinculadas con oficios a bancos y a empresas que demoraron”, por lo que la imputación salió en diciembre.
Carlos Gonella, titular de la procelac en ese momento, recordó a la nacion que el dictamen tiene cuatro años y se originó en un reporte del registro público de la propiedad, que detectó “diferencias” en el valor de inmuebles y lo elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF), de donde lo recibió la procuraduría.
La UIF envió el material a la procelac el 24 de octubre de 2014; el primer decreto de la Fiscalía es del 15 de marzo de 2015, y el dictamen de imputación data del 29 de diciembre de 2017. Llegó al Juzgado después de la feria, el 5 de febrero, días antes de la movilización que encabezó Moyano junto a organizaciones sociales, el partido Obrero, fuerzas de izquierda y dirigentes e intendentes del kirchnerismo contra la política económica.
El eje de la causa es la compra de inmuebles en La Falda, en el Valle de punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial, por parte del Sindicato de Choferes de Camiones, en diciembre de 2013. El gremio pagó $6 millones por lo que, dos meses antes, otra persona había adquirido por $310.000. La base imponible de los terrenos era de $964.553.
Los terrenos tenían una base imponible de $964.553 y fueron comprados el 11 de octubre por la empresa Kiano a Jorge Cappucchio por $309.255 para, días después, vender los lotes –a través de Enrique Mariñansky– a Carlos Mesías por $500.000.
Fue Mesías quien vendió los predios a Camioneros. La brecha entre las operaciones es lo que origina el expediente que termina en denuncia y en la imputación de Moyano, pablo Villegas (también del sindicato), Mesías, Cappucchio y Mariñansky, por supuesto lavado de dinero.
La operación
Las sospechas apuntan a que la sociedad anónima Kiano podría ser una empresa “fantasma” utilizada para incrementar el valor de los terrenos. además, al momento de la operación, Mesías no habría tenido capacidad económica comprobable para pagar el medio millón de pesos.
Los miembros del sindicato también están acusados de presunta “administración fraudulenta”. Vidal Lascano también solicitó un embargo por $12 millones sobre el patrimonio de los imputados.
“En la indagatoria podrán explicar si todo es una confusión; ejercer su derecho a la defensa”, apuntó el fiscal.
Camioneros hizo el depósito de los $6 millones el 5 de diciembre en el banco Santander río y, en las dos jornadas siguientes, se registraron seis extracciones, cada una por encima de $200.000.
a Mesías se le adjudican la compra de dos inmuebles (uno en La Falda a nombre de su esposa y otro en Córdoba, a nombre de él), un automóvil Mercedes Benz y el incremento de sus gastos con tarjetas. En la operación inmobiliaria reaparece Cappucchio, como representante de la firma dueña de las casas vendidas.