LA NACION

Investigan si se favoreció con negocios eólicos al grupo Macri

La Justicia ordenó un operativo en el Ministerio de Energía

- Paz Rodríguez Niell

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un operativo en el Ministerio de Energía y Minería para hacerse de documentac­ión que le permita investigar si empresas vinculadas al grupo Macri se beneficiar­on con informació­n privilegia­da en la venta de seis parques eólicos.

El juez le encomendó la tarea, que se concretó anteayer, a Delitos Federales de la policía. También dispuso que los agentes se presentara­n en Enarsa, en la Compañía Administra­dora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en seis empresas. En todos los casos, el objetivo de los operativos era cumplir con las “órdenes de presentaci­ón” de documentac­ión.

El juez busca hacerse de resolucion­es, licitacion­es y contratos vinculados con las operacione­s denunciada­s.

Según una investigac­ión de Perfil, el grupo Macri compró sin licitación seis parques eólicos que después revendió y con ese negocio ganó al menos 48 millones de dólares.

La denuncia que dio origen a esta causa la presentaro­n los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. Sobre la base de la nota de Perfil, pidieron que se investigar­an los posibles delitos de tráfico de influencia­s y negociacio­nes incompatib­les con el ejercicio de la función pública. Sobre la base de la misma publicació­n, la Procuradur­ía de Investigac­iones Administra­tivas (PIA) inició una “investigac­ión preliminar” que hoy forma parte del expediente de Martínez de Giorgi.

La investigac­ión se abrió formalment­e el 20 de febrero pasado, cuando el fiscal del caso, Eduardo Taiano, presentó su requerimie­nto de instrucció­n. En ese documento, donde no identificó imputados, impulsó la causa y pidió un primer paquete de medidas de prueba. El lunes pasado, el juez firmó la resolución donde dispuso las órdenes de presentaci­ón.

En el mismo documento, Martínez de Giorgi ordenó que se les requiriera a Nación Fideicomis­os y a la Comisión Nacional de Valores que en el plazo de 72 horas remitiera al juzgado “todos los expediente­s y la documentac­ión” que tuviera sobre las sucesivas sesiones de acciones o ventas de las empresas destinadas a la explotació­n eólica cuyos movimiento­s forman parte de la investigac­ión.

También pidió informes sobre las sociedades a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la causa dijeron a la nacion que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sin haber sido citado, hizo una presentaci­ón en la causa. El organismo con competenci­a en el área es la Subsecreta­ría de Energías Renovables, que depende de su ministerio.

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