Se cierra el cerco judicial sobre los Moyano en dos causas por lavado de dinero
Una fiscal imputó a Hugo y a su hijo Pablo, y pidió investigarlos por los manejos en Independiente; en Córdoba indagarán al líder camionero por la compra de un predio
No fue un buen día para la familia Moyano. Al menos en lo que se refiere a sus causas judiciales. Con diferencia de horas se conocieron ayer dos noticias que cierran el cerco del clan camionero en causas en las que se investiga presunto lavado de dinero.
Por un lado, la fiscal de Quilmes Silvia Cavallo pidió que Hugo Moyano sea investigado junto con Pablo por el manejo de fondos en el club Independiente, donde el padre es presidente y el hijo es directivo. Esta causa es un desprendimiento del caso por el que está preso por asociación ilícita el barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez.
En el requerimiento de instrucción, la fiscal afirma que los Moyano están acusados de “haber montado una estructura” destinada a “cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas”.
En simultáneo, un juzgado federal de Córdoba anunció que investiga y que citará este mes a prestar declaración indagatoria al líder camionero por la compra irregular de un predio para su sindicato.
Según la investigación, Moyano habría comprado tierras por 6 millones de pesos, cuando en realidad valdrían entre 500.000 y 900.000 pesos. El abogado del titular del gremio camionero, Daniel Llermanos, viajó anoche a Córdoba para presentar documentación.
La Justicia Federal avanza contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, en varios frentes. En Córdoba, el juzgado federal de Alejandro Sánchez Freytes lo investiga por la compra de unos terrenos y prepara un llamado a indagatoria para el próximo mes. En Quilmes, ayer quedó formalmente imputado por los negocios de Independiente.
La fiscal federal Silvia Cavallo pidió que Moyano, presidente del club, sea investigado junto con su hijo Pablo –vocal– y Héctor Maldonado, alias Yoyo, el secretario general. Los tres, acusados de presunto lavado de dinero. Una semana después de la marcha que encabezó contra el Gobierno, la situación judicial de Moyano se complica.
La causa de Quilmes está radicada en el juzgado federal de Luis Armella. Se inició como un desprendimiento del caso por el que está preso el barra Pablo Álvarez, alias Bebote, que investiga una supuesta asociación ilícita en el club. Desde la cárcel, Álvarez acusó a Moyano de ser el responsable de las maniobras.
En el requerimiento de instrucción de Cavallo, ella afirma que Hugo y Pablo Moyano “se encuentran imputados” junto con los directivos de Aconra SA, acusados de “haber montado una estructura” destinada “a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas”.
Daniel Llermanos, el abogado de Moyano, sostuvo siempre que su defendido no tenía ninguna imputación en su contra. Ayer dijo a la nacion que la imputación de la fiscal es nula. “Ella usa esta palabra en forma errónea. No es una imputación porque no está probado el hecho. Vamos a pedir la nulidad”, afirmó. El abogado cuestionó el origen de la causa. “Es una declaración de Álvarez, que está preso. Hay dos situaciones que están prohibidas por la ley: declarar bajo tortura o bajo recompensa. No puedo probarlo, pero sé que a él le han prometido una rápida prisión domiciliaria a cambio de esta declaración”, dijo Llermanos.
En la causa de Córdoba, Moyano también está imputado. Según fuentes de la causa, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó que se le informara al gremialista su situación a través del juez Claudio Bonadio y tiene “absolutamente tomada” la decisión de citarlo a indagatoria. “Estamos esperando documentos que tienen que llegar de Buenos Aires”, dijo uno de los investigadores. Adelantó que la idea es citarlo en marzo, pero eso todavía no está escrito. Según los investigadores, Moyano habría comprado para el sindicato tierras por 6 millones de pesos, cuando valdrían entre 500.000 y 900.000. Por el momento, el juez lo invitó a presentarse a declarar voluntariamente, si es que quiere hacerlo. Anoche, Llermanos viajaba a Córdoba para llevarle documentos al juez que –según él– prueban que no hubo delito y lo harán desistir de la indagatoria (ver aparte).
Negocios de Independiente
En la causa por el manejo de Independiente, de acuerdo con el requerimiento de la fiscal Cavallo, deberá investigarse la supuesta “contratación de los servicios de la empresa de turismo Martin Tur sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior”. Además de presuntas “extorsiones a empresas” para terminar obras” del club y “el posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano”.
También, “el uso de la financiera Global Finanzas SA”, adonde –según se denunció– “fue dirigido el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y de los pases de los jugadores”.
La fiscal pidió trece medidas de prueba; entre ellas, que se “recabe información respecto de si las empresas Acindar, Loma Negra, Garbarino y Kalciyan SA han sufrido algún tipo de extorsión” por parte de Independiente, Pablo Moyano o el gremio de los camioneros.
Cavallo hizo mención de las otras causas que avanzan contra Moyano; entre ellas, la causa madre del affaire Independiente, a cargo del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale. Investiga una asociación ilícita entre barrabravas y dirigentes de Independiente. En esa causa, la Cámara tiene pendiente resolver si confirma las ocho prisiones preventivas dispuestas.
Además, hay en curso un peritaje sobre todo lo secuestrado en el club, incluidas sus computadoras. La semana que viene se van a reunir los peritos oficiales con los de las partes –Moyano designó uno propio– para trabajar sobre el material secuestrado. Según un funcionario de la causa, del resultado de ese peritaje dependerá la suerte de Moyano.