ee.uu. quiere imponer nuevos aranceles a china.
Un informe elaborado por el Departamento de Comercio sugiere tres maniobras, que tendrían consecuencias no deseadas
Hace diez meses, la administración Trump apuntó contra las importaciones de acero y aluminio, dándose un año para decidir si son una amenaza para la seguridad nacional y, si es así, qué hacer al respecto. El 16 de febrero concluyó que Estados Unidos está efectivamente bajo amenaza. El presidente tiene hasta mediados de abril para decidir si responde.
Los informes entregados a Donald Trump por el Departamento de Comercio, que encabezó las investigaciones, describen a Estados Unidos como un país que está efectivamente bajo sitio. Les preocupa que su industria siderúrgica pueda verse en dificultades para responder a una crisis similar a la de la Segunda Guerra Mundial, ya que los extranjeros cubren un tercio de la demanda estadounidense de acero, al mismo tiempo que el 28% de la capacidad local está ociosa. La cantidad de aluminio primario (del tipo que se produce a partir del mineral, en vez de metal reciclado) importado representa el 91%, y el 61% de la capacidad de fundido local está inactivo.
Quienes dudan de estas posturas pueden señalar que los requerimientos del Departamento de Defensa equivalen a una pequeña parte de la oferta de acero estadounidense y que el mayor proveedor de ambos metales de Estados Unidos es Canadá, un aliado.
Sin embargo, los autores del informe sostienen que ven el cuadro de situación más general: está en juego la seguridad económica de Estados Unidos.
Las recomendaciones apuntan a reducir las importaciones de metal en un monto igual al 12% de la actual demanda interna. Eso reduciría la capacidad ociosa al 20%. Se presentan tres opciones: un arancel general, una cuota fija e igualmente amplia o una mezcla que impondría a las importaciones de algunos países un arancel más elevado y dejaría al resto con una cuota mayor.
Cada una de estas opciones tendría efectos secundarios negativos que no se mencionan en el informe. Los aranceles sugeridos de un 24% sobre el acero y un 7,7% sobre el aluminio unirían en su enojo a los proveedores de Estados Unidos y provocarían una rápida retaliación. La elevación de los precios para cubrir los aranceles podría amenazar puestos de trabajo en industrias tales como la construcción, el petróleo y el gas y la fabricación de autos. Hay muchos más estadounidenses empleados en estas industrias que en la producción de acero y aluminio.
La segunda opción –una cuota igual al 63% de las importaciones de acero en 2017 y 86,7% de las importaciones de aluminio– garantizaría una caída de las importaciones en el monto deseado. Estos proveedores externos de Estados Unidos incluso podrían elevar sus precios (que es el motivo por el que los exportadores en general prefieren cuotas antes que aranceles). Pero las barreras uniformes afectarían a Canadá más que a ningún otro país, lo que parece extraño, dado que China es el causante principal del exceso de capacidad en ambos metales.
El informe sobre el aluminio señala que Canadá está “altamente integrado con la base industrial de defensa de Estados Unidos y se considera un proveedor confiable”. El informe sobre acero incluye ruegos –de quienes en todo lo demás son ardientes proteccionistas– de que no se castigue a Canadá. (Los obreros del acero estadounidenses y canadienses comparten el mismo sindicato.)
La tercera opción presentada a Trump parece más estratégica. Para el acero, impondría aranceles a las importaciones solo de algunos países, incluyendo Brasil, China y Corea del Sur. Otros, incluyendo Canadá, México y miembros de la Unión Europea, tendrían cuotas equivalentes a sus exportaciones a Estados Unidos en 2017. Solo se impondrían aranceles sobre el aluminio proveniente de China, Hong Kong, Rusia, Venezuela y Vietnam. Pero esto tiene una condición agregada. Para alcanzar el objetivo de una capacidad local ocupada del 80% los aranceles tendrían que ser variables.
E incluso una cuota poco estricta para algunos exportadores crearía problemas. El informe sugiere dar a los importadores la alternativa de solicitar exenciones por motivos de seguridad nacional o si no pueden obtener productos localmente. Pero los burócratas se vieron desbordados rápidamente con tales pedidos cuando George W. Bush impuso aranceles sobre el acero en 2002. Si las cuotas se cubren con el primer oferente, entonces los exportadores corren a ingresar rápidamente y las importaciones aumentan. El metal rechazado por Estados Unidos iría a otros países, afectando a su vez a los productores locales de esas naciones y quizá provocando más proteccionismo, tal como sucedió con los aranceles en 2002.
Estados Unidos y los países con los que comercia pueden no ser los más afectados. Las leyes estadounidenses dan al presidente poder discrecional para imponer las medidas proteccionistas que considere necesarias. Pero no sucede lo mismo con el derecho internacional: cualquiera de las tres opciones sería cuestionada a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La única defensa sería que las medidas son esenciales para la seguridad nacional. Si los abogados en Ginebra aceptaran eso, otros países podrían sostener lo mismo. Si no lo hicieran, Estados Unidos podría simplemente destrozar las reglas del comercio internacional e irse de la OMC.