Itatí: 26 procesados
El juez federal Sergio Torres decidió que 26 imputados sean juzgados como parte de una organización criminal que abastecía de marihuana al narcomenudeo en ocho distritos
Son el exintendente Terán y otros, por traficar droga.
Itatí, una ciudad correntina sobre la orilla del río Paraná, es uno de los engranajes claves para el tráfico de marihuana desde Paraguay. En ese lugar, donde la subsistencia pasa mayormente por la venta de imágenes de la Virgen y por el narcotráfico, el contrabando de cannabis era controlado por una organización que gozaba de la colaboración y protección del poder político y de las fuerzas de seguridad para distribuir el estupefaciente en ocho distritos.
Un año después de la detención del entonces intendente Natividad “Roger” Terán y del viceintendente Fabio Aquino, el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación, decidió terminar la instrucción y enviar a juicio oral y público a 26 miembros de una organización que tenía base en esa localidad correntina.
Hay una decena de imputados en causas conexas, como María Alejandra Terán, la hija del exintendente, que tienen expedientes abiertos en el juzgado federal de Corrientes.
Por las sospechas de supuesta inacción de la Justicia Federal correntina en materia de narcotráfico, Torres investigó más de una decena de expedientes que había reunido la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal correntino Carlos Schaefer, y ordenó en marzo pasado las detenciones de los principales acusados, algo que provocó un fuerte impacto político en Corrientes por las vinculaciones de funcionarios en actividad con el narcotráfico.
“Terán, quien revestía la calidad de intendente de Itatí, y Aquino, quien lo secundaba como viceintendente, se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad, como así también se dedicarían a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia”, sostuvo Torres en la resolución donde elevó a juicio oral y público la causa.
Terán ganó en 2013 las elecciones municipales encabezando la boleta del Frente para la Victoria (FPV). En 2016, una calificada fuente judicial había dicho a la nacion: “Itatí es la puerta de ingreso de la marihuana en la Argentina”.
La causa que ahora fue elevada a juicio fue la derivación de una investigación que comenzó el 16 de mayo de 2014, cuando quedaron bajo la lupa judicial tres mujeres acusadas de vender drogas en un pasillo de la villa 21, de Barracas.
El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Carlos Stornelli y por la Procunar, a cargo de Diego Iglesias. Los funcionarios judiciales tuvieron la colaboración de detectives de la Gendarmería.
Conexiones policiales
“A través de la investigación desarrollada se pudo establecer que la organización criminal habría montado una ruta de acceso –por vía fluvial– de gran cantidad de alcaloides –especialmente marihuana– provenientes de la República del Paraguay, para luego ser distribuidos y comercializados al resto del país, particularmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago
del Estero y Mendoza”, explicó el juez Torres en su resolución.
A juicio también van los presuntos “coordinadores” de la organización narcocriminal Carlos Alberto Bareiro, conocido como Cachito, y Luis Saucedo, conocido como Gordo. “Ellos tendrían un desempeño preponderante frente a los demás miembros, coordinando en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito y obteniendo el mayor rédito comercial por estas actividades delictivas”, afirmó Torres. Un tercer líder sería Federico Marín, alias Morenita, que está prófugo.
A juicio también irán el exjefe de la seccional de Itatí comisario Diego Ocampo Alvarenga; el sargento Mario Molina, y su compañera Gabriela Quintana, todos integrantes de la policía de Corrientes.
Los tres integrantes de la policía de Corrientes, según el juez, “habrían brindado protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, materializándose esta
asistencia en darles apoyo frente a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, invocando jurisdicción sobre los hechos, o en darles aviso de alguna medida restrictiva dictada en su contra”.
Rubén Ferreyra llegó a ser subcomisario de la PFA y se desempeñó en la Delegación Corrientes de la fuerza de seguridad. Él y el sargento Carlos López, que prestaba servicios en la misma dependencia, según el fallo, “tuvieron como rol coordinar las tratativas relativas a las operaciones de tráfico ilícito”.
También estará en el banquillo de los acusados Gabriel Alcaraz, que fue segundo comandante de la Gendarmería Nacional, quien fue detenido en marzo de 2017 en un escuadrón en Villa María. “Al menos durante su residencia en la ciudad de Itatí, le habría proporcionado información a la organización sobre las actividades de prevención y operacional de las fuerzas de seguridad con actuación en el lugar”, afirmó Torres.