Piden la detención de López y Echegaray
lo solicitó el fiscal moldes ante la casación; busca revertir el fallo que cambió la carátula
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa en la causa en que están investigados por haber retenido 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, con la supuesta anuencia del Estado.
Moldes pretende que los jueces de Casación Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa revoquen la decisión de la Cámara Federal que había liberado a López y a De Sousa.
Al mismo tiempo, el juez federal Julián Ercolini decidió dar por concluida la investigación sobre Cristóbal López y le pidió al fiscal del caso, Gerardo Pollicita, y a la AFIP, que es querellante en la causa, que le diga si el expediente está en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Es decir que mientras en los tribunales superiores se discute la libertad de los acusados y la calificación del delito, para el juez instructor la investigación está agotada y el caso deber ser juzgado.
La Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, cambió la calificación legal del delito investigado y entendió que los empresarios debían ser juzgados por evasión fiscal y no por haber cometido fraude.
Sin embargo, Gerardo Pollicita, el fiscal de este caso en primera instancia, entendió que esto es un fraude vinculado con la corrupción del kirchnerismo y que el Estado permitía que los pagos de impuestos no se hicieran a cambio de recibir retornos.
López, con el dinero que retuvo, hizo crecer su Grupo Indalo y compró medios de comunicación. Mientras retenía el dinero de los impuestos a la transferencia de combustible, López alquilaba a los Kirchner dos departamentos, una oficina y cinco cocheras por sumas millonarias. Según Pollicita, eso fue parte del retorno.
La liberación de Cristóbal López indignó al Gobierno, que redobló la presión para investigar a Farah y Ballestero. Además, la Corte Suprema de Justicia pidió al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se conformó la Sala I de la Cámara Federal que intervino en el expediente. Y la diputada de Cambiemos Elisa Carrió denunció penalmente a los camaristas porque entendió que pudo haber sobornos o tráfico de influencias para obtener la liberación de López.
El camino a Casación
En principio, ni la concesión de la libertad a un acusado ni la calificación legal por la que se dicta un procesamiento son materia que justifique llegar a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal.
Para que le habilitaran el acceso a la Casación, Moldes sostuvo entonces que la decisión de la Sala I era una “sentencia equiparable a definitiva por sus efectos sobre el proceso” y que la “gravedad institucional” del caso ameritaba “distender los requisitos formales” para conceder el recurso.
Además de Ballestero y Farah, la sala de la cámara que interviene en este caso está integrada por Leopoldo Bruglia, que votó en disidencia en el fallo cuestionado. Ellos tres son ahora quienes deben decidir si les conceden a Moldes y a la AFIP, que también presentó un recurso de Casación, el acceso al máximo tribunal penal. Si no lo hacen, las partes podrán ir “en queja” directo a la Casación.
En la Cámara de Casación, el caso les tocará a los jueces Riggi, Hornos y Figueroa. Riggi se sumó al tribunal por la excusación de Carlos Mahiques, que pidió abstenerse de intervenir en la causa porque Ignacio Mahiques, uno de sus hijos, interviene en una causa conexa colaborando con el fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Riggi ya intervino en esta causa. Junto con su colega Liliana Catucci, sostuvo que el caso contra Cristóbal López debía quedarse en la Justicia Federal Penal, en Comodoro Py, como una presunta defraudación al Estado.
El extitular de la AFIP Alberto Abad, ayer cuando se despidió de su cargo en la Casa Rosada, dijo que creía que “ahora la Casación va a poner las cosas en orden”.