La Justicia intenta el último salvataje de Oil Combustibles

Convocó a una audiencia para definir si Cristóbal López aporta capital o si avanza a un cram down

En un último y desesperado intento por evitar la quiebra de la petrolera de Cristóbal López, los interventores judiciales pidieron ayer abrir un proceso de salvataje de Oil Combustibles, el verdadero motor del Grupo Indalo.

Los interventores concluyeron que la petrolera se encuentra “en un virtual estado de falencia”, ante la ausencia de interesados con propuestas concretas de inversión y la “evidente imposibilidad de obtener una conformidad de la AFIP (…) a un plan de pagos que pueda cancelar” los miles de millones de pesos adeudados.

Ante ese panorama, el juez a cargo del concurso, Javier Cosentino, convocó ayer mismo a López y a su socio, Fabián de Sousa, a una audiencia, fijada para el jueves próximo, “bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública”, remarcó.

Cosentino también ordenó que los tres interventores –Francisco Cárrega, Carlos Bianchi y Liuba Lencova– y los síndicos deberán asistir a esa reunión, en la que evaluarán juntos las opciones disponibles, que para los interventores aparecen agotadas.

Por ese motivo, los interventores recomendaron al juez acortar los plazos procesales y requerir que se inicie de inmediato el último intento de salvataje previsto en la ley de concursos –conocido en el derecho comercial como cram down–, criterio que compartió el propio López.

A través de un escrito que presentó su abogado, Alberto Beraldi, ante el juez federal Julián Ercolini, el empresario patagónico planteó que compartía el criterio de renunciar al llamado “período de exclusividad” y solicitar el salvataje.

Aunque sin aludir a ellos por sus nombres, sin embargo, los interventores criticaron a López y De Sousa, como también a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, quienes administraron el Grupo Indalo entre octubre pasado y este mes.

“La quiebra luce objetivamente inexorable ante la imposibilidad de afrontar el pago” de las deudas acumuladas por la petrolera, antes y después del concurso, indicaron los interventores Cárrega, Bianchi y Lencova, por lo que recomendaron intentar ese salvataje o decretar la quiebra, para evitar el “previsible deterioro de los activos de la empresa”.

Previsto en el artículo 48 de la ley 24.522, el salvataje o cram down habilita a la Justicia a convocar, contra reloj, a los acreedores y otros potenciales interesados que quieran tomar el control de la empresa en problemas. Si eso no ocurre –o no se homologa la propuesta que presenten–, ese mismo artículo establece que el juez decretará la quiebra “sin más trámite”.

Para López y De Sousa sería un nuevo –y acaso definitivo– golpe empresario, tras la quiebra del Banco Finansur y las aperturas de los concursos de acreedores de otras dos de sus empresas: Radio Productora 2000 SA, controlante de la FM Vale, y Telepiu SA, la sociedad comercial que opera C5N, Minuto Uno y CN23.

En ese contexto, los interventores de Oil Combustibles plantearon con claridad para qué pidieron una audiencia: para que los dueños del Grupo Indalo clarifiquen si tienen “soluciones inmediatas” que aportar para rescatar la petrolera, aunque descartaron que eso fuera a ocurrir.

“No se ha presentado a estos auxiliares un esquema concreto y garantizado que asegure una financiación inmediata de la empresa que permita el pago de sus gastos fijos, los impuestos, los costos financieros, y el inmediato pago de los créditos posconcursales exigibles [...], así como un plan concreto y garantizado de pago de la deuda preconcursal”, indicaron.

El panorama es por demás desalentador, según detallaron. Por un lado, porque la deuda preconcursal que acumuló Oil Combustibles con la Administración Federal de Ingresos (AFIP) superó los $8000 millones, y solo podría quedar sujeta a un plan de pagos de 12 cuotas mensuales.

A esa primera suma, además, deben sumarse otros $1800 millones de deuda posconcursal, que la AFIP aclaró que debería cancelarse de manera inmediata, “sin posibilidad legal de una reestructuración, espera y/o quita”, aclararon los interventores.

Sin embargo, allí no se acaban los pasivos. Porque también deben sumarse las deudas que Oil Combustibles acumuló con otros proveedores y sus propios empleados, además de pasivos fiscales, después de presentarse en concurso, por al menos $460 millones más.

Así, si López y De Sousa quisieran retener el control de la compañía o alguno de sus acreedores o un tercero deseara quedarse con la petrolera, deberían abonar unos $2500 millones el primer mes y afrontar luego pagos por $670 millones cada mes, solo para cancelar las deudas, sin contar el capital de trabajo que también requeriría la compañía para ponerse otra vez en marcha.

Destino final, Uruguay

Los interventores judiciales presentaron además otro escrito en el concurso, en el que informaron cómo es la composición accionaria detrás de la petrolera Oil Combustibles y cuyos últimos eslabones se encuentran en Panamá y Uruguay.

Según precisaron, Oil es controlada por otras dos sociedades que integran el Grupo Indalo: Inversora M&S SA y South Mineral SA.

Los accionistas de Inversora M&S SA son, a su vez, López y De Sousa, pero también el fideicomiso CML II –que controla el propio López– y la sociedad panameña Nitzon Holdings Inc., que retiene la mayoría accionaria y cuyo representante es De Sousa.

Detrás de South Mineral SA, en tanto, se encuentran el propio López e Inversora M&S SA, por lo que en la práctica la panameña Nitzon Holdings Inc. también es la controlante final de ese tramo.

Detrás de esa firma panameña, a su vez, se encuentra la firma uruguaya Hissey SA, que su vez controlan López, De Sousa y el fideicomiso CML II, cuyos fiduciantes son él mismo y su hijo Nazareno, por partes iguales.