Avanza un proyecto de ley para que la Corte conserve las escuchas
El PJ y el oficialismo aprobarán una iniciativa que crea una “cadena de custodia” para evitar filtraciones
Avanza en el Congreso un proyecto que le garantiza a la Corte que, por ley, conservará dentro de su órbita la oficina de escuchas judiciales, las únicas legales.
Fue consensuado por el oficialismo y el peronismo como parte de un paquete de reformas vinculadas con la Justicia. La semana pasada firmaron los dictámenes y están decididos a aprobarlos en el recinto, según informaron a la nacion tanto en el Gobierno como en el bloque del PJ de la Cámara alta. La idea orginal era tratarlos hoy, pero por un problema “de agenda”, se postergaron para –en principio– la semana próxima.
El proyecto consensuado establece mayores controles sobre las escuchas, después del cruce de acusaciones que generó la filtración de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, que se grabaron por orden del juez Ariel Lijo, en una causa en la que investigaba a Parrilli, entonces jefe de la AFI, sospechado de haber protegido a Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo.
El senador peronista Rodolfo Urtubey, referente del bloque en los temas de Justicia, dijo ayer a la nacion que después de esas “filtraciones escandalosas” es necesario “establecer una cadena de custodia y sanciones para quienes filtren escuchas”. También, que por la “neutralidad” y la “imparcialidad” que debe tener la oficina responsable de las pinchaduras, “lo más adecuado es que la tenga la Corte”.
Hoy, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) (tal es el nombre técnico del organismo) ya está dentro de la órbita de la Corte. Así lo dispuso Mauricio Macri por decreto cuando se la sacó a la Procuración, que dirigía Alejandra Gils Carbó. Ahora, el Congreso le dará “entidad legislativa” a ese traspaso.
Por eso, fortalece al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien había propuesto incluso ampliarla. Anteayer, cuando la Corte recibió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, hablaron del dictamen aprobado la semana pasada por el Senado. El Gobierno lo ofrece como una prueba de buena voluntad.
La sanción que establece la iniciativa para quienes filtren escuchas es dura. Es una pena de prisión de seis meses a dos años. Y el castigo se agrava –la escala pasa a ser de dos a cuatro años– cuando las comunicaciones filtradas hayan tenido difusión pública.
El proyecto dice, además, que la Dajudeco debe elaborar un “protocolo” que establezca una cadena de custodia de las escuchas. Ese protocolo deberá tener el aval de la Corte y ser presentado dentro de los 30 días al Congreso. La idea es que establezca cómo quedarán identificados todos los que tengan acceso a las escuchas y que haya alguna forma de “trazabilidad” si hay filtraciones. El proyecto establece, además, que las escuchas no pueden ordenarse por un plazo de más de 30 días, prorrogable a pedido del juez. A pesar de que el texto fue consensuado, Urtubey advirtió que en el recinto podrían hacerle “algunos cambios”.
Junto con el dictamen de las escuchas judiciales, el Senado planea debatir otras dos iniciativas acordadas también con el Gobierno: el nuevo Código Procesal Penal, que instaura el sistema acusatorio, y un sistema de subrogancias que les da más poder a las Cámaras de Apelaciones y establece sorteos públicos para cubrir los cargos vacantes en la Justicia hasta que se nombre a los nuevos jueces.
El proyecto de ley de subrogancias, a diferencia de los otros dos, ya pasó por Diputados y solo le falta la sanción del Senado para convertirse en ley.
En cuanto al nuevo Código Procesal, establece un sistema que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales –y ya no de los jueces–. Este paso al régimen acusatorio había sido aprobado durante el kirchnerismo, pero Macri, por decreto, suspendió su aplicación. Ahora, se adoptará con las nuevas leyes procesales aprobadas en los últimos meses. El proyecto no lo dice, pero el plan del Gobierno, acordado con el PJ, es empezar a aplicar el Código este año por etapas, empezando por Salta.