Veredas rotas: la Ciudad promete arreglarlas antes de fin de 2019
Según un diagnóstico, uno de cada dos frentistas tiene dañada la acera por obras de empresas privadas o del gobierno porteño
Caminar por las veredas de la ciudad suele transformarse en la versión urbana del Rally Dakar. Baldosas flojas, raíces desbocadas y obras sin terminar son algunos de los obstáculos. El gobierno porteño anunció que llevará adelante un plan para que el 80% de las aceras queden arregladas para fines de 2019. Además, implementarán un modelo de gestión para intentar resolver una problemática ya indisimulable que es que hoy uno de cada dos frentistas tiene algún daño en su vereda. Por mes, la línea telefónica 147 recibe unos 3300 reclamos.
El plan integral de veredas tiene como objetivo que para fines de 2019 el 80% de los frentes (de los 321.380 que hay en el distrito) se encuentre en buen estado. Por única vez, el gobierno se hará cargo de la reparación de unas 150.000 veredas frentistas que, según el último censo, están rotas –en la mayoría de los casos (el 64%), roturas provocadas por falencias de las empresas de servicios– y reforzará la gestión para evitar el desbalance con nuevos puntos que puedan arruinarse. La inversión asciende a poco más de $4000 millones. Los arreglos tendrán un año de garantía y luego los frentistas y las compañías deberán ocuparse del mantenimiento, según corresponda.
Con el nuevo modelo de gestión, explicó Clara Muzzio, a cargo de la Subsecretaría de Vías Peatonales, se pretende planificar y coordinar las intervenciones en veredas articulando entre los distintos actores. Actualmente, por día, la Ciudad da unos 1000 permisos de apertura a las compañías para que lleven adelante sus obras. “Alrededor de 750 de ellas rompen veredas. Y los trabajos duran, en promedio, 28 días”, enfatizó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli. “Después de años de desinversión, las empresas de servicios públicos han vuelto a invertir”, agregó el funcionario.
Muzzio explicó: “Con el nuevo sistema, informatizado, las empresas deben informar los planos de aque- llas obras programadas. De esta manera se pueden coordinar las tareas. Se evita duplicar una apertura de manera innecesaria”. La funcionaria dio un ejemplo: “Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA) tenía que cambiar unas redes en la avenida Corrientes. Y como nosotros teníamos que trabajar en la intervención, planificamos una obra en conjunto y se evitó romper dos veces varios frentes”.
Se indicó que ya existen 121 obras coordinadas entre distintos actores que impactaron en 213 cuadras, lo que evitó romper dos veces 3569 veredas. Muzzio explicó que en esos casos en los que trabajan al mismo tiempo dos o más organismos el arreglo de la vereda se divide entre las empresas o bien se ocupa el gobierno, si la obra estaba planeada previamente. Entre este mes y julio se ejecutarán 12.000 frentes.
Estos cambios se suman a los logrados a fines del año legislativo pasado, cuando se aprobó un paquete de leyes para intentar resolver los cierres defectuosos de obras. Este incluía, entre otros puntos, la cesión de una categoría de permisos de obra, para desestimar los pedidos “de emergencia” que solían hacer las empresas de servicios y que dejaban poco margen para la coordinación y el control. Solo el 15% de los trabajos eran “de emergencia”. Durante 2017, las obras que se realizaron bajo esa modalidad sumaron el 80% del total; hoy bajaron al 60%.
Se reforzará la fiscalización en los obradores para que se cumplan las condiciones establecidas, evaluando las intervenciones en vías peatonales según detallados protocolos y el riesgo de cada apertura. Además, se firmó un convenio entre los cuatro entes nacionales reguladores de cada servicio público y el ente porteño. “Cuando queríamos multar a las empresas por no dejar el lugar como se encontraba, apelaban y se resguardaban en el marco regulatorio nacional que solo establecía plazos”, explicó el ministro.
Entre los criterios que se usarán para planificar los arreglos se encuentran los reclamos de los vecinos, el nivel de tránsito peatonal, los entornos educativos, las obras ejecutadas, los frentes críticos y los planes de obra, del gobierno y de las empresas de servicios públicos.