La Justicia, auditada
Muchas demoras en causas por corrupción en el Estado son atribuibles al propósito de ciertos jueces federales de usarlas como instrumento de presión
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos años colaboró para frenar muchas iniciativas y proyectos tóxicos del kirchnerismo, impulsó en 2016 una auditoría en la Justicia Federal Penal para analizar su actuación en las denuncias por corrupción en la administración pública. Inicialmente, la propuesta chocó con el temor de que fuera utilizada como instrumento de presión sobre los jueces y, naturalmente, con la renuencia de los tribunales auditados. Sin embargo, logró superar esos escollos con el apoyo del Consejo de la Magistratura de la Nación, de otras 32 asociaciones que se sumaron y hasta del Poder Ejecutivo Nacional.
La auditoría abarcó un período de 20 años y comprendió la actuación de la Justicia de todo el país que interviene en delitos contra la administración pública, como estafas, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales o enriquecimiento ilícito. La iniciativa surgió ante las sospechas derivadas de la ínfima proporción de condenas y las inusitadas demoras.
Los primeros resultados confirman tales presunciones, aunque la falta de costumbre y la renuencia de los jueces seguramente han precavido al Consejo de la Magistratura y a los auditores a ser extremadamente prudentes en la forma de trabajar y, seguramente por ello, las conclusiones del trabajo aparecen en cierta forma edulcoradas, y el informe del Consejo reparte elogios y justificaciones para los jueces investigados. Lo que no se explica –y se recomienda profundizar– son los increíblemente bajos índices de condenas. El informe consigna que solo el 12% de las denuncias se eleva a juicio oral.
Quienes se oponían a la investigación hasta cuestionaron su legalidad argumentando que comprometía la independencia de los jueces, aspecto absolutamente esencial, pero que no puede interpretarse como un permiso para que los magistrados actúen a su arbitrio y que su gestión no sea supervisada.
La auditoría ha desnudado que el sistema informático de la Justicia no está preparado para producir esta información, pues de haberlo estado, el estudio hubiera sido innecesario. Hace 40 años, en la Primera Conferencia sobre la Reforma Judicial, organizada por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) en Mar del Plata, un prestigioso juez federal invitado comentó la informatización de la Justicia del estado de Colorado, en los Estados Unidos, que tenía como objetivo primario suministrar a su Corte información para conocer la marcha del sistema y encender señales de alarma cuando se advirtieran anormalidades. Diez años más tarde, en 1988, cuando comenzó en el fuero laboral la informatización de nuestra Justicia, el Fores advirtió que no estaba orientada a proveer tal información. Es impensable que en las organizaciones, los sistemas solo recolecten datos para los usuarios, y no para quienes las dirigen.
Ahora, el informe menciona que la informatización ayudó, pero, al mismo tiempo, se alarma de que sea necesaria una auditoría especial, lo cual, avanzado el siglo XXI, es una anomalía grave. En adelante el sistema informático debe estar orientado para que se pueda monitorear la labor del juez, de los juzgados y de todas las reparticiones del Poder Judicial.
El estudio comprendió 147 sedes judiciales y 294 magistrados federales, analizados entre los años 1996 y 2016. Abarcó un total de 9476 causas, de las cuales 2178 se encuentran en trámite y 7298, culminadas. El delito por el que más se acusó es el de defraudación, seguido por abuso de autoridad, las negociaciones incompatibles y, en cuarto lugar, el enriquecimiento ilícito. Otro dato que invita a reflexionar es que el panorama no mejoró pese a que, en el período evaluado, se duplicó el personal del fuero.
Debemos preguntarnos cómo es posible que la Argentina aspire a ser una república normal si nuestra Justicia no cumple una labor de excelencia en todas las áreas. Sus omisiones la responsabilizan por los enormes latrocinios que, desde hace décadas, se cometen contra el Estado. No tener esa Justicia ha ubicado a nuestro país en altos niveles de corrupción en el mundo. Es incalculable el costo que ha tenido para el país este sistema ineficiente considerando que la impunidad es el mayor incentivo para este tipo de delitos.
Otra conclusión crucial de la auditoría se refiere a las dilaciones de la Justicia, pues pese a los plazos de los códigos de procedimientos, los procesos duran años o décadas. El informe muestra un promedio de tres años y medio para los juicios, pero que es muy engañoso, por cuanto se promedia una altísima cantidad de denuncias que se desestiman en pocas semanas. Debe repararse en un número importante que supera los 10 años de tramitación o más –algunas existen desde que se inicia el período investigado– y que causalmente corresponden a las denuncias de mayor envergadura. Claro que esto es extensible a todo el sistema judicial: por caso, en estos días ha llegado a la Corte un planteo judicial del mismo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y sancionada en 2006, esto es 12 años atrás.
Pero las demoras en muchos casos son atribuibles al deseo de no pocos jueces federales penales de mantener denuncias congeladas como una formidable herramienta de presión contra los imputados. Esto es categórico desde el momento en que, al tiempo que invocan una sobrecarga de tareas para justificar los atrasos, siempre se opusieron a aumentar el número de jueces del fuero, por temor a perder poder.
En verdad, toda la Justicia, incluida la Corte Suprema, no cumple los plazos procesales establecidos. El máximo tribunal, alegando su rol político, maneja los tiempos a su antojo, lo que brinda innumerables oportunidades de avanzar o retrasar causas a su arbitrio. Debería, por el contrario, dar el ejemplo con el cumplimiento estricto de los plazos procesales.
Un resultado de impacto es que se ha resuelto que la auditoría se instale en forma permanente y continuada. También se ha dispuesto la creación de un portal de datos abiertos, pero es de esperar que de inmediato se oriente la arquitectura de los sistemas informáticos para que esta supervisión pueda hacerse en tiempo real, y se la coordine con los proyectos de Justicia Abierta y del mejoramiento de estadísticas que promueve el Ministerio de Justicia.
Por las razones señaladas, la tarea realizada reviste una enorme trascendencia institucional y el país debe agradecer al mencionado Colegio por haber librado esta iniciativa, y al Consejo de la Magistratura y al Cuerpo de Auditores por su labor.
Cabe esperar que, en adelante, se tome conciencia de las necesidades de supervisión constante de todo el sistema judicial y todos sus fueros e instancias. Y que también se contagie a la Justicia de las provincias. Adicionalmente, será una forma de valorar la labor de los magistrados.
Como ya se señaló desde esta columna editorial, es imprescindible que la Justicia también esté sometida a serios controles, con el debido resguardo de que estos no constituyan presiones ilegítimas contra la independencia judicial. La sociedad, como se vio en la multitudinaria movilización del jueves 12, lo reclama y la salud de la República también.