El Poder Judicial, bajo la lupa
En estos días, el Poder Judicial se halla en el ojo de la opinión: hay críticas, proyectos y propuestas. Llama la atención que casi todas ellas se refieran exclusivamente al sistema penal, que, más allá de sus indudables peculiaridades, comparte defectos y virtudes con el resto de la administración judicial. Las inquietudes pueden resumirse en cómo satisfacer el punto de vista de las víctimas, evitar o reducir excarcelaciones y liberaciones anticipadas, habilitar más tribunales e impulsar la oralidad. Son ideas justificadas, pero en su conjunto no obedecen necesariamente a un enfoque unificado del problema.
Las víctimas son respetables, pero la historia del derecho ha tendido a expropiarles la iniciativa para asegurar las garantías. Las garantías redundan a menudo en delincuentes sueltos, pero la construcción de cárceles va por detrás de la cifra de procesamientos y condenas. Los tribunales están colapsados, a tal punto que una razonable propuesta provincial busca desdoblar los tribunales laborales colegiados (un pilar de la oralidad) para tornarlos unipersonales. Así, cada avance que se propone en un aspecto corre el riesgo de generar un retroceso en otro, ya que “del mismo cuero salen las correas”.
Es preciso encarar la reforma judicial en términos más amplios, menos centrados en expectativas políticas y mucho más técnicos, operativos y desprejuiciados. La justicia es un servicio, con oferta y demanda. La demanda es volátil; la oferta es rígida y costosa. Pretender que la oferta alcance a la demanda es perder una carrera de meta indefinida. Restringir la demanda es contrario a los ideales republicanos. Pero sí es posible hacer que las controversias no surjan sin una razonable necesidad. El centro de la cuestión está en la seguridad jurídica: si el deudor y el acreedor saben por igual cuánto se debe, si las partes conocen de antemano la naturaleza de la obligación y las consecuencias de infringirla, si el delincuente en ciernes sabe, aproximadamente, qué costo tendrá para él el acto que está proyectando, es probable que esos casos se resuelvan solos.
Durante años, la seguridad jurídica ha sido erróneamente denostada como rival de la Justicia, pero es indispensable para la convivencia. Sus requisitos son dos.
El primero, que la Justicia esté a cargo de buenos jueces. Esto implica organizar concursos serios, donde el ganador no esté designado de antemano como a veces sucede; y no solo para los cargos de juez, sino para todo el escalafón judicial. Eso ayudaría a desalojar la influencia política, que es un componente letal en este campo y principal fuente de desprestigio judicial.
El segundo tiene dos partes. Primero, dejar de sancionar leyes abiertas, dependientes del criterio de los jueces, y procurar que las consecuencias legales sean tan precisas y calculables como sea posible: esto requiere revertir una ingenua tendencia legislativa actual. Segundo, pedir a los jueces analizar y hacer públicos los criterios generales con los que juzgan sus causas. Esto choca con prejuicios judiciales, pero ya se ha hecho experimentalmente y puede hacerse con buen éxito. Se ahorrarían así decepciones, conflictos, lágrimas y mucho, mucho dinero. Y se afianzaría la Justicia en términos verdaderamente operativos.
Director de la Maestría en Filosofía del Derecho (UBA)