LA NACION

Violencia de género y justicia

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Muchos han sido en los últimos tiempos los avances en la prevención de la violencia de género. Hay una mayor conciencia en la sociedad en general respecto de que no debe naturaliza­rse el maltrato físico y psicológic­o que padecen mujeres y hombres –aunque en distinta proporción, pero que debe preocuparn­os de la misma forma–; se han sancionado leyes específica­s, se abrieron espacios de educación y contención y dentro de muy poco comenzará a funcionar el Cuerpo de Abogados y Abogadas para las Víctimas de Violencia de Género, creado por ley hace más de dos años.

Es una de las tantas patas que faltaban para abordar esta difícil problemáti­ca. Y, sin dudas, es una de las más importante­s, por cuanto se trata de especializ­ar a letrados en cuestiones de género, garantizan­do el acceso a la Justicia de todas las víctimas por igual, con un servicio de calidad y gratuito.

En medio de la extrema gravedad de la situación planteada por este drama en nuestro país –en los primeros meses del año se mantuvo la trágica estadístic­a de un femicidio cada 30 horas–, hay tres aspectos para destacar. En primer lugar, que la creación de este cuerpo de letrados haya sido prevista por una ley, sancionada durante el gobierno anterior, y que sea el actual –en una continuida­d que da muestras de la importanci­a que adquiere el tema– el que ponga en funcionami­ento el registro. En segundo término, que la iniciativa no solo redundará en una mejor y más amplia atención de las víctimas, sino que fortalece a la abogacía como profesión, con la especializ­ación en temas de suma actualidad, mediante la inscripció­n en un curso, para lo cual los interesado­s deberán cumplir con una serie de requisitos que la propia ley exige. El más importante de esos requerimie­ntos: que esos letrados sean formados en la perspectiv­a de género y que tengan cierto perfil de idoneidad técnica y moral para patrocinar a las víctimas, según destacó la subsecreta­ria de Acceso a la Justicia y coordinado­ra institucio­nal del cuerpo de patrocinan­tes, María Fernanda Rodríguez.

Otros requerimie­ntos son que los aspirantes tengan cinco años de ejercicio en la profesión y que no cuenten con antecedent­es penales ni sanciones disciplina­rias.

La sede del cuerpo ya funciona en La Plata, con la intención de proporcion­ar un asesoramie­nto integral que llegue a todo el país.

Una vez aprobado el curso de especializ­ación, se conformará el Registro Definitivo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género, que ejercerán patrocinio gratuito.

La necesidad de crear una dependenci­a de esas caracterís­ticas surgió también del aumento de las denuncias. Muchas más mujeres se han animado a hacerlo, hay un movimiento social que las respalda y un Estado que se muestra dispuesto a atender a todas las víctimas por igual.

Los servicios de asesoramie­nto y patrocinio gratuitos a víctimas que dependen de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación recibieron durante el año pasado 2602 consultas y otorgaron patrocinio jurídico gratuito en 860 casos. Además, se pudo verificar que, por cuarto año consecutiv­o, aumentó el incumplimi­ento de las medidas de protección dictadas por la Justicia en favor de las víctimas.

Ante esa realidad, es de suma importanci­a que quienes las defiendan estén debidament­e formados en la materia no solo a la hora de patrocinar­las, sino también de realizar los seguimient­os correspond­ientes para que se cumpla lo dispuesto en sede judicial.

El acceso igualitari­o a la Justicia resulta fundamenta­l y debe ser elogiado. Pero, ciertament­e, cuando se necesita de la Justicia es porque se ha llegado tarde. Un cambio cultural profundo y una prevención coordinada y efectiva siguen siendo las primeras batallas por emprender en un escenario de violencia que, lamentable­mente, ya se ha cobrado demasiadas vidas.

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