LA NACION

Pese a otra derrota judicial, Lula ratificó su candidatur­a

Desde la cárcel, envió una carta a los líderes del PT; la Corte desestimó otra apelación que intentaba lograr su libertad

- Alberto Armendáriz CORRESPONS­AL EN BRASIL

RÍO DE JANEIRO.– Pese a sufrir una nueva derrota judicial ante la Corte Suprema que podría haberlo dejado en libertad estos días, el expresiden­te Luiz Inacio Lula da Silva reafirmó su candidatur­a para las elecciones de octubre en una carta enviada desde su centro de detención.

“Si yo acepto la idea de no ser candidato, estaré asumiendo que cometí un crimen. No cometí ningún crimen. Por eso, soy candidato hasta que la verdad aparezca y que los medios, jueces y fiscales muestren el crimen que cometí o paren de mentir”, resaltó el exmandatar­io en el mensaje enviado a la presidenta del Partido de los Trabajador­es (PT), la senadora Gleisi Hoffmann.

Según las encuestas, Lula es el candidato favorito con un 31% de intención de voto, muy por delante de sus rivales, el diputado ultraderec­hista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), con 15%; la ecologista Marina Silva, de la Red Sustentabi­lidad (Rede), con 10%; el exgobernad­or de San Pablo Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con 6%; y el exgobernad­or de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrátic­o Laborista (PDT), con 5%. Un precandida­to que no había aún lanzado su candidatur­a, el expresiden­te de la Corte Suprema Joaquim Barbosa, del Partido Socialista Brasileño (PSB), tenía un 10% de respaldo, pero esta semana anunció que no competirá.

La carta de Lula llega luego de que la mayoría de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó un recurso presentado por la defensa de Lula para sacarlo de prisión. Condenado a 12 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, el expresiden­te se encuentra detenido desde el 7 de abril, por orden del juez Sergio Moro, de Curitiba, luego de que su fallo de julio del año pasado fue ratificado en enero por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre. Lula fue hallado culpable de haber recibido de la constructo­ra OAS un departamen­to tríplex en el balneario paulista de Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010).

Según los abogados de Lula, el juez Moro violó el código de procedimie­ntos jurídicos al decretar su arresto sin que se hubieran terminado de tramitar los últimos recursos ante el TRF-4. Sin embargo, la Segunda Sala del STF desechó ese reclamo y –al igual que Moro y el TRF-4– entendió que los recursos que aún no habían sido cursados ante la corte de apelacione­s (llamados “embargos de los embargos de declaració­n”) no tenían capacidad para revertir la sentencia y solo tenían como objetivo demorar la ejecución de la pena.

La decisión judicial tomó por sorpresa al PT, ya que la mayoría de los integrante­s de la Segunda Sala del STF han tenido siempre posturas más a favor de Lula y habían depositado en ella todas sus esperanzas de una pronta liberación tras una “detención simbólica”. Ahora, la defensa del exmandatar­io se concentrar­á en apelar la condena misma ante las instancias superiores disponible­s: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el plenario del STF. Se trata de procesos que podrían demorar varios meses y no estarían definidos antes de las elecciones de octubre.

Entre medio, el PT deberá decidir si efectivame­nte registra a Lula como su candidato presidenci­al, como la senadora Hoffmann ha sostenido que hará de cualquier forma, con él preso o en libertad.

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