Ya son públicos los bienes de los legisladores
Fueron obligados por un decreto de Vidal; solo restan los informes patrimoniales de intendentes y jueces
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires comenzaron a publicar sus declaraciones juradas patrimoniales, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 15.000, sancionada el 14 de diciembre pasado. Se suman así a los funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense, que estaban obligados por un decreto de
2016 de la gobernadora María Eugenia Vidal y una ley posterior.
Restan, así, dos grandes grupos de funcionarios públicos provinciales que no están obligados a dar cuenta de la evolución de su patrimonio. Por un lado, los jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial bonaerense, que avanzan en el desarrollo de un sistema para publicar sus declaraciones juradas. Por el otro, los intendentes, concejales y funcionarios municipales: sin una ley marco que los obligue, solo un puñado de municipios avanzaron en un programa de transparencia.
El plazo de los 92 diputados y los
46 senadores bonaerenses para presentar las declaraciones juradas comenzó el miércoles pasado y se extenderá hasta el 31 de agosto. El primero –y por ahora único– en anotarse fue el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca (Cambiemos), que declaró un patrimonio global de
3.838.711 pesos, que incluye los bienes compartidos con su mujer, la senadora nacional Gladys González.
“Esta iniciativa es parte del cambio que iniciamos en la provincia junto a la gobernadora María Eugenia Vidal hace dos años, pero también parte del compromiso de toda la clase política con los bonaerenses”, sostuvo Mosca al presentar su declaración jurada, que puede consultarse en la página web de Diputados.
La ley 15.000 estableció la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales para los diputados y senadores provinciales, para el personal jerárquico de ambas cámaras y los funcionarios con responsabilidad en el manejo de fondos del Poder Legislativo.
Pese a que ya estaban obligados por un decreto de Vidal y una ley posterior, la norma sancionada en diciembre amplió el espectro de funcionarios del Poder Ejecutivo, de organismos descentralizados y de la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense obligados a dar cuenta de su patrimonio.
La ley también invitó a sumarse al control patrimonial a los 135 intendentes bonaerenses, sus concejales, a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, a los gremialistas y toda entidad que administre derechos e intereses entre el sector público y la ciudadanía.
Por ese andarivel no hubo muchas novedades. Apenas una veintena de los 135 intendentes publican voluntariamente sus declaraciones juradas. Morón, por ejemplo, instituyó el sistema en 2004. Bahía Blanca, en 2012. Con la llegada de Cambiemos se sumaron varios municipios oficialistas y algunos opositores. Pero no hay criterios unificados para la presentación, la publicación ni la calidad de los datos aportados. Avances en el Poder Judicial
Donde se esperan novedades es en el Poder Judicial bonaerense. Tras algunos roces generados por la presión de Vidal y del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, la Suprema Corte de Justicia provincial aceleró los pasos y acordó desarrollar un sistema para que jueces, fiscales y funcionarios judiciales (unas 14.000 personas) publiquen sus DD.JJ.
El 20 de diciembre pasado, días después de la sanción de la ley 15.000, la Corte bonaerense publicó la acordada para comenzar a desarrollar el sistema y la plataforma que permita registrar y difundir las declaraciones juradas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
Según informaron a desde la nacion el máximo tribunal provincial, por estos días avanza el proceso de digitalización de las DD.JJ. que se encuentran en formato papel (porque los funcionarios judiciales bonaerenses estaban obligados a presentar sus DD.JJ., pero no a publicarlas). Ya hay unos 3000 documentos digitalizados.
Cuando concluya este proceso, los tres poderes del Estado bonaerense habrán dejado atrás un sistema normativo de “transparencia” que regía desde la última dictadura militar y que, en los hechos, bloqueaba todo intento de conocer la evolución patrimonial de los funcionarios públicos provinciales.