Juan Pablo Meaca. “En la Argentina, la niñez nunca fue una política de Estado”

Dirige la Defensoría del Niño de La Pampa; solo cinco provincias cuentan con esta figura, que aún no se nombró a nivel nacional

Juan Pablo Meaca (44) es abogado, comenzó trabajando con víctimas de violencia de género y desde diciembre de 2014 dirige la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, una de las solo cinco provincias en el país que cuentan con este tipo de organismo. Lo hecho junto a sus colegas viene abriendo camino para que otros distritos apliquen la ley 26.061 de protección integral de la niñez y designen a sus defensores, algo que en el caso de la Nación ya acumula una demora de casi 13 años (ver aparte). “Al defensor nacional le toca una tarea que es inmensa”, resume Meaca, y pone el foco en luchar contra la pobreza infantil, la situación de calle y los casos de abuso sexual. También sostiene que en la base de la problemática a abordar está el hecho de que “en la Argentina la niñez nunca fue una política de Estado”.

–¿Cuál es la función específica que le corresponde al defensor y por qué es tan importante su figura?

–La Convención de la ONU para los Derechos del Niño lo plantea como un sistema de control sobre todos los poderes, públicos y privados. Ante esa gran facultad, su selección debe garantizar una total independencia. El defensor pertenece a un organismo autónomo, es una figura a la cual el país no está acostumbrado, por eso solo hay cinco en todas las provincias. Tiene una mirada clara de la niñez, de lo que pasa y de lo que debería pasar. Si cumple bien su rol, empieza a incomodar, porque cuestiona. La convención que uno protege y trata de imponer implica una garantía de derechos para todos los niños en un ámbito real y territorial. Quien sea elegido defensor nacional va a empezar una gestión con el 65% de los niños y adolescentes en situación de pobreza, y la suya no es una figura para el análisis estadístico, sino que debe implementar medidas concretas y ejecutarlas para empezar a resolver estos temas.

–¿Cuál fue una de las primeras medidas que tomó en La Pampa?

–Sacar a los bebés de la unidad penitenciaria federal de mujeres de la ciudad de Santa Rosa. Nos oponemos terminantemente a la presencia de niños en los sistemas carcelarios y por eso planteamos alternativas para evitarlo. ¿Cuántos bebés hay en los sistemas de privación de libertad de adultos? Montones. Será otra tarea del defensor nacional. Y como pocas provincias designaron a los propios, en las otras él tendrá que garantizar los derechos de esos chicos.

–¿Qué opción proponen para no separar a los bebés de sus madres?

–Planteamos la mirada que también ha propuesto la Corte Suprema para los tribunales inferiores, y es que la condena o la parte del proceso en que la madre tenga que estar privada de libertad teniendo un bebé o un chico menor de 5 años

se cumplimenten en el domicilio. Es decir, una prisión domiciliaria con tobillera, ya que el Estado puede controlar el cumplimiento de la medida. Eso evita el ingreso de bebés o niños a un ámbito no adecuado, como la cárcel.

–¿Es parte de considerar al niño sujeto de derecho en sí mismo?

–Claro. Por ejemplo: ¿por qué está un bebé en la cárcel? La única forma es si uno tiene la concepción de que es una “mochila” de la madre, porque el juez federal no posee ninguna competencia para resolver que el nene tiene que ingresar a un sistema correccional. El juez decide sobre la madre y ella trae algo y ese algo es un niño, pero no se lo concibe como sujeto de derecho. También ocurre en los pleitos judiciales, donde se resuelven un montón de cuestiones sobre el niño y, en realidad, responde a los intereses de los padres.

–¿La niñez en situación de calle es otro tema clave a combatir?

–Diría que el gran logro de nuestra defensoría fue el protocolo de desalojo. Lograr que no haya ningún pibe que quede en situación de calle, que no esté más la necesidad de hacer un procedimiento con la policía y que la familia termine sin techo. Desde hace dos años, intervenimos con Desarrollo Social y el municipio, buscamos un lugar para la familia y asistencia económica, y la Justicia nos da el tiempo necesario. Eso logra resolver la vulneración más importante. Cuando me tocó exponer en el Congreso por la designación del defensor nacional, planteé que estábamos hablando de los derechos del niño mientras afuera había veinte chicos tirados, durmiendo en colchones. La situación de calle es la vulneración más grave para un niño. Al defensor nacional le toca garantizar que esos menores que están en los colchones alrededor del Congreso y que pueden estar en todas las provincias pasen a un ámbito familiar digno.

–Para eso hacen falta muchos recursos…

–Es otra parte de la tarea: juntarse con los funcionarios y pelear para que estén previstos los fondos. El problema básico que tenemos es que en la Argentina la niñez nunca fue una política de Estado. Para eso se necesita a este defensor.

–Los casos recientes de abuso infantil en clubes de fútbol instalaron el debate en la sociedad. ¿Cuál es el desafío ante un delito tan silenciado?

–En La Pampa, en 2015, tuvimos una situación de abuso que llevó a la necesidad de generar un protocolo y establecer cómo debe comportarse cada actor institucional que va a intervenir, para proteger al chico: desde la maestra que recibe el relato hasta el policía, el hospital y la psicóloga de los equipos especializados. El abuso infantil es una de las máximas vulneraciones que puede sufrir un chico, lo destruye psicológica y personalmente. Existió siempre, pero la sociedad no lo veía. El adulto terminaba minimizando el relato del niño, no lo creía. Ante esto que pasó en una institución deportiva, se nos acercó mucha gente grande que sufrió experiencias de abuso de chica, que en aquel momento las relató a un adulto, pero que fueron minimizadas o incluso recibieron un reto.

–¿Qué pasa con las investigaciones y las condenas?

–Es el otro tema. A mí también me interesa que se castigue el hecho. En ese sentido, hay un proyecto en el Senado para que se considere el abuso infantil un delito de instancia pública. Yo creo que hoy ya lo es. Nuestro protocolo provincial obliga a denunciar, en especial a los agentes públicos. Si bien sostenemos que el Código Penal ha sido modificado por la ley de niñez, hoy se busca dejar asentado que todos tenemos que denunciar. Otro eje son las penas al agresor, que muchas veces son bajas en relación con el daño provocado al niño. En el Senado planteamos la necesidad de penas mucho más importantes.