Grave informe sobre la represión de Ortega
La CIDH denunció 76 muertos, 868 heridos y detenciones arbitrarias
CARACAS (Para la nacion).– Los resultados de la investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua cayeron como una bomba sobre la Mesa del Diálogo auspiciada por la Iglesia Católica. Y no es para menos, porque el balance es terrible: 76 muertos, 868 heridos (cinco de ellos en estado grave) y 438 detenciones arbitrarias de estudiantes, población civil, activistas de derechos humanos y periodistas. La policía disparó armas de fuego e incluso no descartan el uso de francotiradores en algo parecido a ejecuciones extrajudiciales.
El informe preliminar sobre la violación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, que comenzaron el 18 de abril, asegura que las fuerzas policiales también cometieron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes, y junto a grupos paramilitares amenazaron, hostigaron y persiguieron a los ciudadanos para evitar las protestas.
Un imperio del terror desatado para sofocar lo que en principio era una protesta contra la reforma del seguro social, que pretendía gravar a empresarios y trabajadores para tapar los agujeros creados por la corrupción, y que ya los petrodólares de Venezuela no pueden taponar. “Las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno actual”, asevera la CIDH, que también censura los ataques contra la prensa.
“La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social”, concluye la CIDH, que destacó en su informe el asesinato de Álvaro Conrado, de 15 años recién cumplidos, que recibió balazos en el cuello y la cara cuando acudía a la universidad a llevar agua a los estudiantes atrincherados. Los disparos fueron realizados por francotiradores.
Un episodio detallado por los investigadores sucedió en la catedral de Managua, cuando 600 personas se refugiaron en su interior para evitar el ataque de agentes antimotines “que habrían actuado de forma coordinada con grupos violentos irregulares”, en referencia a las famosas turbas oficialistas y a los miembros de la Juventud Sandinista.