La izquierda encontró a su Macri ideal

Por el momento en que se dieron, las protestas de los metrodelegados tuvieron esta semana una dimensión más abarcadora de la habitual. Los cortes de servicio, los incidentes y los 16 detenidos no solo asomaron como los primeros movimientos de un conflicto sectorial cuyo desenlace se desconoce, sino también como señales de una dificultad más de fondo que podría acompañar al Gobierno durante todo el año: la presencia, en la calle, de dirigentes más radicalizados que los clásicos sindicales.

Puede haber sido un llamado de atención surgido a partir de condiciones reales y hasta simbólicas: la última corrida, la devaluación, la suposición de que ambas tendrán un impacto en el nivel de actividad o el consumo y el pedido de auxilio al Fondo Monetario Internacional son un escenario que parece soñado por agrupaciones de izquierda con ganas de crecer y manifestarse. Un caldo de sobreentendidos y profecías cumplidas que no atenuó el guiño oficial para discutir el aborto en el Congreso y que el martes, a propósito de la detención de Néstor Segovia, secretario adjunto de los metrodelegados, La Izquierda Diario compendió en la bajada de un texto: “Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, justificó la represión a los metrodelegados y confirmó que atacarán abiertamente el derecho a huelga. Como lo debe estar pidiendo el FMI”.

Varios partidos intentan que estos reclamos confluyan en un paro general. Durante la visita del jefe de Gabinete al Congreso, Nicolás del Caño definió el miércoles la propuesta como el fin de “la tregua”. Una alusión a la supuesta pasividad de la CGT. “Toda esta política no pasa sin represión”, dijo el diputado del PTS, que insistió en una huelga que expresara “toda la bronca que tiene este gobierno que gobierna para los ricos”. Algunos de estos postulados fueron expuestos el sábado, durante un encuentro en Neuquén al que convocó el Sutna, sindicato de los neumáticos, el único nacional en que la izquierda llegó a la conducción.

Para el Gobierno todo supone un dilema explosivo. Si reprime, como se hace en las democracias occidentales, no solo estará abonando las profecías, sino que se expondrá a incidentes más serios, como ocurrió en diciembre con la reforma previsional. Si decide no hacerlo, obtendrá el fastidio de una ciudad convertida en caos. No es una encrucijada nueva en Cambiemos. Hace dos años, con el microcentro paralizado por piquetes, Horacio Rodríguez Larreta intentó contener la impaciencia de Macri con este argumento: los mismos que piden el despeje de la calle serán los primeros en condenarlo ante el mínimo derramamiento de sangre. Nadie olvida en el Pro los incidentes por las dos hectáreas que Macri quiso utilizar en 2013 del Hospital Borda. El gobierno municipal hizo entonces un sondeo que lo sorprendió: una abrumadora mayoría de los porteños objetaba el modo en que había actuado la Policía Metropolitana.

Para los empresarios es también una pesadilla. La izquierda no solo supera ya el 10% de la base sindical en sus diferentes vertientes, sino que tiene una lógica muy distante de la del sindicalismo tradicional. La más visible es ética: salvo excepciones, no pesan sobre estas ramas denuncias de pedidos de sobornos. Y la más importante es estructural: en las corrientes más ideologizadas la premisa no es tanto la resolución de un problema como la persistencia en el conflicto y, con él, la demostración de fuerza.

Son peculiaridades de facción preexistentes a la llegada de Macri a la Casa Rosada. Hace varios años, en el Ministerio de Trabajo, que entonces conducía Carlos Tomada, fueron testigos de una negociación salarial que ya estaba pactada de antemano entre directivos de Metrovías, concesionaria del subte, y representantes de los metrodelegados. “Necesitamos que la audiencia sea larga”, dijeron los líderes gremiales, mientras un grupo de manifestantes esperaba abajo. La reunión, que incluyó un pedido de empanadas, se extendió casi cuatro horas y cerró en las condiciones que se habían acordado antes de entrar.

En el caso de los metrodelegados, el protagonismo incluye además una paradoja doctrinal: empezaron a forjarse en 1994, con la privatización del subte, después de un plan de retiros voluntarios y cuando Metrovías advirtió que debía incorporar empleados jóvenes, sin las ineficiencias de los anteriores. Allí nació una dirigencia que incluye varios graduados universitarios. Por ejemplo, César Palacio, conductor de la línea A, uno de los abogados que asesoran a la agrupación. O Manuel Compañez, también de la línea A, economista, docente de la UBA, que atiende una de las boleterías de Caballito. O Flavio Baigorria, licenciado en Historia, de la misma línea y también conductor.

Todo indica que, pese a todo, el Gobierno intentará mantener el orden. Hay un Macri más parecido a sí mismo desde la última corrida cambiaria. “No tengamos prejuicios, vamos a hacer lo que tengamos que hacer”, les dijo anteayer a sus funcionarios en la reunión de gabinete ampliado. Que haya empezado hablando de seguridad es toda una señal: habían pasado solo 48 horas del día de furia en el subte. “La gente nos está apoyando, pero no podemos cometer el mínimo error”, se oyó durante esta semana en la cartera que encabeza Patricia Bullrich. Al día siguiente de la detención de los metrodelegados, ese ministerio publicó en el Boletín Oficial una resolución que ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos de Sebastián Rodrigo Romero, el militante que se hizo famoso por dispararles a los policías con un mortero en los incidentes de diciembre.

Romero, que sigue prófugo, pertenece al Partido Socialista de Trabajadores Unificados (PSTU), que en su página web tiene publicadas adhesiones internacionales al manifestante. “Expresamos nuestra profunda admiración y respeto a quienes resisten el embate de la tiranía del capital al otro lado de los Andes. Vaya a ellos nuestra solidaridad de clase, pues así como el capitalismo extiende sus tentáculos en la lógica globalizadora, no deben existir fronteras para la causa de los trabajadores”, escribieron desde el sindicato La Reina, de Chile. “Viva la resistencia obrera internacional”, agregó la agrupación Académicos Precarizados y Organizados de México. “Exigimos el cese de la persecución a los luchadores argentinos, entre ellos, Sebastián Romero, por el derecho a una jubilación digna y contra los recortes a las pensiones, el derecho a la protesta y el derecho legítimo de la autodefensa, ante la violencia policial y desproporcionada del gobierno represor de Mauricio Macri”, envió la Corriente Unidad Estudiantil del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia.

Si la economía se enfría, y con la CGT deshilachada, lo más probable es que la discusión vuelva a estar allí donde la izquierda se siente más cómoda: en la calle. El Gobierno intentará transitarla como le gusta a Macri, con la convicción de que la sociedad se exaspera con los cortes. Será un año arduo: también rechaza los ajustes.