LA NACION

El acuerdo abre la puerta a un ajuste en las provincias

Hacienda buscará cortar los “gastos duplicados”, que este año ya llegan a $60.000 millones

- Francisco Jueguen

La letra chica del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) verá la luz recién en la semana que comienza mañana. Pese al visto bueno informal del

board del organismo anteayer y el anuncio del Gobierno, la carta de intención –los lineamient­os macro detallados que deberá seguir la gestión económica desde ahora– se firmará en los próximos días.

Cerca del coordinado­r del equipo económico y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, creen que el país se encaminará hacia la necesidad de un nuevo consenso fiscal con las provincias. Antes del anuncio, fuentes de la Casa Rosada ya habían adelantado que existen gastos en los diferentes distritos que encara la Nación, pese a que son responsabi­lidad de las provincias. “Gastos duplicados”, los llaman. Se revisarán obras de viviendas, escuelas, hospitales, todo estará bajo la lupa.

El FMI será ahora un ordenador de la política económica. Para que lleguen los nuevos desembolso­s –luego del que realizará el Fondo el 20 de este mes de US$15.000 millones–, el Gobierno deberá pasar auditorías a base de la programaci­ón macro consensuad­a con el Fondo. El éxito de estas auditorías dependerá, en parte, de los gobernador­es.

No en vano, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya se reunió en forma bilateral en la última semana con Gustavo Valdés (Corrientes), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilnec­k (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Domingo Peppo (Chaco) y Mariano Arcioni (Chubut). Anteayer, también estuvo con Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En esa mesa chica estuvo otra vez el correntino Valdés.

Hace solo tres meses, Dujovne dijo ante empresario­s brasileños que esperaba que el consolidad­o provincial tuviera este año un superávit del 0,1%, por primera vez en cuatro años. En Hacienda estimaban que las cuentas públicas continuarí­an mostrando un déficit financiero (el resultado incluyendo el pago de intereses de la deuda), que sería del 5,6% consolidad­o (del 5,2% en la Nación y del 0,4% en las provincias). Luego vino el cimbronazo cambiario que trastocó todo. Pero además, pese al consolidad­o, las realidades provincial­es son muy diferentes.

“Se viene un nuevo consenso fiscal. Habrá que analizar las responsabi­lidades de cada nivel de gobierno en cada jurisdicci­ón”, afirmaron ayer cerca del ministro coordinado­r. En la conferenci­a de prensa en la que se anunció el acuerdo con el FMI, ante la pregunta de LA NACION, Dujovne descartó cambios en el pacto fiscal y en la ley de responsabi­lidad aprobada el año pasado.

Sin embargo, antes de la presentaci­ón oficial, los números para justificar los recortes que ya se proyectan recorrían los ministerio­s. Por caso, se aclaró que el Gobierno nacional giró a las provincias más de $60.000 millones adicionale­s de lo presupuest­ado en materia de coparticip­ación. Más precisamen­te, según el Presupuest­o vigente este año, entre enero y mayo, las provincias debían recibir $334.671.605, pero recibieron $394.964.317.

Esto significa, según los números oficiales a los que accedió este medio, que recibieron $60.292.712 más, un 18% extra de recursos. “Ese monto fue creciendo mes a mes, de modo que en enero de este año recibieron $6437 millones extra; en febrero, el monto acumulado aumentó a $14.679 millones y en marzo, esa sumatoria llegó a $25.241 millones”, dijeron. “En abril, el excedente en fondos coparticip­ables aumentó $33.677 millones hasta alcanzar los casi $60.293 millones en mayo”.

Sin embargo, el Gobierno buscará convencer a los gobernador­es de que seguirá habiendo obras en sus distritos, sobre todo en tiempos de elecciones. Lo que se recortará, dicen cerca de Dujovne, es el gasto público. En Hacienda creen que los proyectos públicos-privados (PPP), que comenzarán a implementa­rse desde el año que viene, mantendrán viva la actividad (con financiami­ento privado). A esto se sumarán los

US$5650 millones que se aprobaron de organismos multilater­ales que –dicen– serán para obras.

A pesar de que aún no está firmada la letra chica del acuerdo con el Fondo, el Gobierno dio anteayer más muestras de que el recorte obedecerá a lo que pase con la obra pública en las provincias. Por caso, para este año, 2019 y 2020, según la informació­n que Hacienda distribuyó en la conferenci­a de prensa de anteayer, el gasto de capital (inversión) es el más afectado: se recortará, como relación del PBI, 0,7%,

0,6% y 0,3% respectiva­mente.

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