Imputaron a Quintana por la relación que tiene con Farmacity

Un fiscal entendió que pudo haber beneficiado a la empresa como funcionario

Mario Quintana, uno de los vicejefes de Gabinete, será investigado por la Justicia por la relación que mantiene con Farmacity, la empresa que fundó y de la que todavía es accionista. El fiscal Ramiro González imputó ayer al funcionario y pidió una decena de medidas de prueba para intentar determinar si la red de farmacias fue beneficiada por Quintana una vez que asumió en la Casa Rosada.

Quintana, un hombre clave en el esquema de poder presidencial, había sido denunciado por el supuesto conflicto de interés que podía ocasionar su rol como funcionario y accionista de la empresa, que atraviesa por estos días una puja judicial por desembarcar en la provincia de Buenos Aires, una decisión que ya genera polémicas y que está en manos de la Corte Suprema.

La acusación contra Quintana está basada en el supuesto manejo que Quintana tiene de Farmacity. A pesar de que públicamente el funcionario sostiene que solo tiene el

3% de las acciones, Partners I SA –una firma de la que también participa– tiene el manejo de la red de farmacias con el 53% de los votos, tal como reveló la nacion el pasado

23 de abril.

González pidió ayer varias medidas de prueba sobre la actividad de Farmacity en estos últimos años, aunque la decisión final la tendrá el juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación. El fiscal requirió todas las declaraciones juradas que Quintana presentó ante la Oficina Anticorrupción, así como los balances de las principales sociedades que componen Farmacity (Partner I SA, Farmacity SA y Grupo Pegasus). También pidió determinar si alguna de estas compañías es proveedora del Estado, en especial, del PAMI.

“Farmacity no tiene contratos de ningún tipo con el Estado ni con ningún ente público para suministro de medicamentos”, aclararon desde la empresa. Desde el entorno del funcionario prefirieron no hacer comentarios sobre la resolución judicial. Quintana, por su parte, sostuvo apenas ingresó a la función pública que iba a abstenerse de participar en temas vinculados al área de Salud.

Quintana dijo hace dos semanas que jamás tomó ninguna decisión ni ejerció influencia en favor de Farmacity. “No hay ninguna incompatibilidad [por ser accionista de la empresa]. No tengo nada que ocultar”, dijo en una entrevista por radio Mitre. “No tomé ninguna decisión ni participé en reuniones de directorio ni en ninguna llamada que tengan que ver con la compañía”, agregó.

Desde el entorno del funcionario aclararon en diversas oportunidades que Quintana renunció a la presidencia de Farmacity cuando ingresó a la Casa Rosada y que mantiene “un porcentaje menor que representa el 3%” en el que están incluidos todos los activos (unos $9 millones) de las distintas sociedades que componen Farmacity.

Quintana declaró ante la OA bienes por $8 millones en Partners I SA, otros $930.000 en Farmacity y una participación minoritaria en el Grupo Pegasus. Cerca del funcionario aclararon, sin embargo, que lo declarado por el funcionario en 2016 ante la OA es solo “una valuación contable”. La expansión de la empresa en estos dos años, más el probable crecimiento que conlleva su posible desembarco en la provincia de Buenos Aires y su cercanía a un hombre clave del Gobierno, podría aumentar el valor de esas acciones. “Probablemente valga mucho más”, se sinceraron cerca del alto funcionario.

Tanto la empresa como todo el sector farmacéutico esperan la resolución de la Corte Suprema sobre el pedido de la compañía para poder trabajar en la provincia de Buenos Aires. El caso ya generó la excusación de los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por haber mantenido distintos contactos con la empresa en el pasado.