El Fondo no dijo por dónde empezar

Fue hace un mes. Parece un siglo porque el Gobierno no había anunciado todavía su decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional. Ese día, viernes 4 de mayo, en plena corrida cambiaria, los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo anunciaron una baja de la meta fiscal para este año (3,2 al 2,7% del PBI). Un recorte de gastos que, agregaron, afectaría principalmente a la obra pública. La decisión puso en alerta rápidamente a la Cámara de la Construcción, que, tres días después,

24 horas antes de que Macri diera a conocer su pretensión de pedirle ayuda al organismo multilateral, se congregó en Paraná, Entre Ríos, con todas las jurisdicciones del interior. Estaban casi todos los referentes de este mundo contratista –Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Bacher (Techint) y Miguel Marconi (Supercemento), entre otros–, que acordaron una estrategia que seguirían al pie de la letra: mantener el contacto con los ministros y con Gerardo Martínez, líder de la Uocra, para convencerlos de que la baja del gasto impactaría en el empleo y en la actividad.

La construcción es siempre un sector emblemático. Es, por lo pronto, el primero en enterarse de los ajustes. Pero sus penurias preceden en este caso a la última tormenta cambiaria. Abril, por ejemplo, último registro disponible de la cámara, ya venía mostrando un cambio de tendencia: fue la primera vez desde septiembre de

2016 que no hubo creación de empleo respecto del mes anterior. Hasta entonces, la recuperación laboral se había detectado en las dos maneras de medirlo, anual y mensual. Estas dificultades conviven con un problema estructural que al sector le llegó con Macri. Fuego amigo. Según una lógica nueva aquí, pero practicada en todo el mundo, el Estado ha decidido incentivar o eventualmente subsidiar la demanda de inmuebles mediante el regreso del crédito, no ya la oferta, clásico esquema que se instrumentaba en la Argentina a través de transferencias a provincias y con planes de los institutos de vivienda. Las constructoras deben entonces convertirse en desarrolladoras: obtener ellas mismas, para edificar, el financiamiento que con el modelo anterior suministraba el Estado.

Son discusiones sectoriales. Sin embargo, después de la corrida y los anuncios de recortes, derivan en dilemas que incluyen al resto de los empresarios y que asaltan a la Argentina cada vez que se enfrenta con su problema recurrente, que es la falta de dólares para financiar su gasto público: ¿quiénes deben pagar el costo del ajuste?

Días después de aquel encuentro en Paraná, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, se contactó por teléfono con Gerardo Martínez y ambos acordaron pedirle una reunión a Rogelio Frigerio. El ministro los recibió en la quinta de Olivos. Ese miércoles, también punto de inflexión política, se cruzaron ahí con Ernesto Sanz y Emilio Monzó, dos de los que volvieron al círculo presidencial con la crisis. La conversación volvió a ser reveladora. Frigerio les anticipó que Macri hablaría al día siguiente en conferencia de prensa de la necesidad de acelerar la baja del déficit fiscal y les garantizó que las restricciones solo alcanzarían a eventuales obras nuevas, no a las presupuestadas, pero les admitió al mismo tiempo una dificultad operativa: el único ajuste al que un Estado excedido puede recurrir rápidamente y sin pedirle nada a nadie es la inversión pública directa. Bajar, por ejemplo, las transferencias automáticas a las provincias para obras lleva un tiempo de negociación. Frigerio insistió en que trabajarían en políticas de mediano plazo para bajar el gasto improductivo y en que se convocaría a la oposición para discutirlo en el presupuesto 2019.

Pero el acuerdo no fue pleno. A los empresarios no los convencen ni los tiempos ni las prioridades. Se preguntaron, por ejemplo, por qué Macri no elegía atenuar las sospechadas pensiones por invalidez, que se multiplicaron por diez en los últimos años y que ellos estiman en más del doble de lo que significaría la merma en la obra pública. Una medida que la Casa Rosada ensayó hace un año, cuando dio de baja a 70.000 beneficiarios que, entre muertos y subsidiados sin discapacidad alguna, integraban una lista de 1,8 millones de beneficiarios. Guillermo Badino, director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dijo entonces que esas pensiones habían pasado entre 2003 y 2015 de 180.000 a 1,8 millones sin que hubiera una guerra de por medio, y que esa supuesta explosión demográfica de personas con discapacidad había obedecido básicamente a que se entregaban en locales partidarios. “Hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido”, dijo. Algo no salió bien en la aplicación de aquel plan: hubo en el revoleo quitas de pensiones genuinas y esos errores desencadenaron críticas del PJ, el kirchnerismo, el Frente Renovador y la Iglesia. El tropiezo llevó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a anunciar que revocaría la medida. “Voy a asegurar el pago de pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”, dijo, y se quejó de lo que definió como una utilización política “por parte de mafias que lucran con el clientelismo”.

Será difícil que ministros y hombres de negocios se entiendan en ese aspecto: sector público y privado suelen manejarse en la Argentina con lógicas opuestas. Hace una semana, por ejemplo, el Gobierno anunció una medida inimaginable en cualquier empresa con anhelos de grandeza: congelará por dos años la contratación de empleados nuevos en el Estado. La decisión solo se explica en su reverso: el Gobierno supone, a diferencia de cualquier patronal, que es imposible echar al grueso de los que cree que trabajan mal. Un pequeño sapo estatal para la administración de los CEO.

Las nuevas condiciones no han hecho más que agregarles presión a estas elucubraciones. Hay un acuerdo de financiamiento con un organismo multilateral poco propenso a detenerse en consideraciones de política local y un 2019 electoral que espera. ¿Podrá Macri convencer a los gobernadores de no contar con recursos ni obras para sus respectivas campañas? Difícil anticiparlo. La mayor parte de los ministros que en estos días recibieron a empresarios coincidieron en lo mismo: el Presidente ha decidido pagar el costo político “haciendo lo que hay que hacer”, incluso a sabiendas de que eso podría perjudicarlo en las elecciones. La promesa puede incluir una trampa: tal vez no sea desapego proselitista sino, al contrario, convencimiento de que solo atravesando ese desierto podrá lograr mejoras económicas visibles en el plazo de un año. Son incógnitas que los acuerdos con organismos multilaterales no suelen disipar. Este FMI versión 2018, de pretendido rostro humano, recomienda ajustes sin indicar exactamente dónde hacerlos. Para la Argentina es igualmente despiadado: vuelve a dejarla frente a encrucijadas que tiene que resolver sola.©