La Justicia frenó una demanda millonaria de Odebrecht
fallo. El juez Rafecas ordenó suspender el litigio en el que la firma reclama $1500 millones al Estado
El juez federal Daniel Rafecas le llevó un alivio al Gobierno al ordenar la suspensión de un litigio iniciado por Odebrecht contra el Estado, que podría haber generado un agujero de $1500 millones en las arcas públicas.
La gigante brasileña –que reconoció que pagó coimas en la Argentina por US$35 millones– inició una demanda contra el Estado en la que reclamó una indemnización multimillonaria por la rescisión de los contratos para la ampliación de gasoductos. La empresa inició este trámite en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Rafecas decretó en las últimas horas la prohibición de innovar en ese expediente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es decir, la demanda debe quedar congelada mientras se investigue a Odebrecht por corrupción.
“De recibir un laudo favorable, Odebrecht tendría derecho a acceder a un pago monetario por contratos que al día de la fecha se encuentran siendo investigados por irregularidades; todo esto en perjuicio del Estado nacional”, consideró el juez en su escrito.
Con un movimiento estratégico, Odebrecht acudió al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La constructora reclamó el pago de más de 450 millones de pesos y 45 millones de dólares por la decisión del Gobierno de romper el contrato por el Plan de Ampliación de Gasoductos.
En el fuero penal, Rafecas ya determinó que existieron múltiples irregularidades en la licitación de los gasoductos y dictó el procesamiento del exministro de Planificación Julio De Vido y de otros exfuncionarios.
La semana pasada, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Energía le habían pedido al juez una medida cautelar para evitar que la constructora emblema del Lava Jato le quite más dinero al Estado, en lo que calificaron como un “escándalo jurídico”.
Luego de que el fiscal Federico Delgado considerase acertado el pedido del Gobierno, el juez Rafecas ordenó que quede suspendida la demanda de Odebrecht y “cualquier otro expediente en el que la constructora realice un reclamo con motivo de los contratos por las ampliaciones de los gasoductos” hasta la conclusión del proceso penal que se lleva en su juzgado.
La obra de los gasoductos se soportó con una compleja ingeniería financiera. Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzaron concursos abiertos bautizados “open seasons” para que las empresas interesadas soliciten capacidad adicional de transporte de gas y se encarguen de la construcción de cañería paralela, más la instalación de plantas compresoras.
Albanesi SA y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) ganaron los concursos abiertos y, a su vez, ambas subcontrataron a Odebrecht para realizar los trabajos de construcción.
Las obras debían ser financiadas con cargos en las tarifas a los grandes usuarios o con programas de crédito, no pudiendo destinarse dinero público. Con el fin de administrar los fondos se constituyeron fideicomisos en el Banco Nación.
Con el cambio de gobierno y luego de que estallara el Lava Jato, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió los contratos tras detectar múltiples irregularidades.