LA NACION

El Gobierno amenaza a Moyano con una pena millonaria por violar la conciliaci­ón obligatori­a Es por el paro de camioneros del jueves; la multa podría superar los $950 millones

- Marcelo Veneranda

El Ministerio de Trabajo inició ayer el procedimie­nto para aplicarle una multa al Sindicato de Choferes de Camiones por el paro de anteayer, que se concretó pese a la conciliaci­ón obligatori­a que regía desde el 5 de junio. Se trata de la segunda sanción que tramita la cartera que conduce Jorge Triaca, que abrió un procedimie­nto similar por un reclamo del gremio de Hugo Moyano para cobrar el bono de fin de año 2017.

Quien recogió el guante fue Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de camioneros. “Yo no sé si se tomó una copa de más o se tomó una pastilla diferente”, dijo sobre Triaca, y ratificó que su gremio se sumará al paro general convocado por la CGT para el 25 de junio, pero que también planea extenderlo en su rubro otras 48 horas, hasta el 26 y 27 de junio, inclusive. La escalada entre los Moyano y el Gobierno se acelera.

Desde el ministerio indicaron ayer que “la conducta de Camioneros –durante el paro del jueves pasado– constituyó una violación a la conciliaci­ón obligatori­a del 5 de junio” y que el expediente en curso se suma a otra sanción por el paro que los Moyano activaron a fin de año para exigir un bono de 9500 pesos que compensara la inflación de 2017.

El monto final para ambas sanciones, informaron desde Trabajo, surgirá de un cálculo que parte del 50%, pero puede llegar al 2000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil ($9500) por cada camionero afectado a la protesta.

El Sindicato de Choferes de Camiones tiene unos 200.000 afiliados, por lo que la sanción en cada uno de los trámites iniciados podría partir desde los 950 millones de pesos hasta los astronómic­os 40.000 millones de pesos.

Aun en la hipótesis de mínima, que implicaría que ambas sanciones arañen los 2000 millones de pesos, se trataría de una suma sideral para las arcas del gremio.

La sanción cuenta con un antecedent­e, aunque por un monto infinitame­nte menor: en 2012, durante la presidenci­a de Cristina Kirchner, el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada le aplicó a Camioneros una multa de 4 millones de pesos por un paro que afectó casi exclusivam­ente la rama de transporte­s de combustibl­es. Camioneros trasladó esa discusión a la Justicia, que terminó favorecién­dolo.

El primero de los expediente­s para sancionar a Camioneros tiene prevista una audiencia de descargo el próximo jueves. Luego se dará a conocer el monto de la multa. El trámite iniciado por el paro de anteayer tiene audiencia prevista para julio.

“Yo no sé si [Triaca] se tomó una copa de más o se tomó una pastilla diferente, diciendo que va a multar al sindicato de camioneros por llevar adelante una medida de fuerza legítima”, arremetió Pablo Moyano al ser consultado por la sanción impulsada por Trabajo.

“Yo le diría que le ponga impuestos a sus funcionari­os, que se robaron y se llevaron la plata afuera. ¿Por qué no la traen? Porque no creen ni en su propio presidente”, agregó el camionero en Radio Caput.

Después de despotrica­r contra Triaca, el referente camionero apuntó sus cañones contra el Gobierno: “Las movilizaci­ones son cada vez más contundent­es y masivas. Eso quiere decir que hay un rechazo y un hartazgo de gran parte de la sociedad con las políticas del Gobierno: tarifazos, inflación, despidos, el dólar, la apertura indiscrimi­nada de importacio­nes que está destruyend­o las pymes y el impuesto a las ganancias, que nunca se bajó”.

Lo central, sin embargo, fue que ratificó que Camioneros será parte del paro general anunciado por la CGT para el 25 de junio. La fecha fue elegida por la cúpula sindical, paradójica­mente, para separarse de la protesta del jueves pasado de los camioneros. “Ratificamo­s el paro del 25 con la CGT y el paro general de 48 horas con Camioneros el 26 y el 27”, desafió Moyano.

¿Qué reclaman los Moyano? Un aumento salarial del 27%, más un bono de 15.000 pesos para fin de año y mantener sin cambios el convenio colectivo de trabajo, que el Gobierno y los empresario­s del transporte quieren revisar en al menos diez puntos.

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