El hilo del collar
Enhebradas en un extenso lazo, las OSC cumplen una función indispensable; así como no hay collar sin hilo, no hay comunidad sin sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) encarnadas en fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro o en simples asociaciones de ciudadanos reunidos con fines públicos complementan el rol del Estado. Son esos miles de clubes de barrio, comedores escolares, grupos de scouts y voluntarios, entre muchos otros, que agregan valor a la producción y distribución de bienes públicos, profundizan la especificidad de las políticas estatales y promueven la articulación de diversos referentes sociales. Constituyen esa urdimbre o red invisible que, muchas veces, impide que descendamos aún más a los infiernos de la pobreza o de las adicciones, entre tantas otras lacras. La sociedad civil organizada es generadora de dignidad humana.
Sin embargo, su rol virtuoso se enmarca frecuentemente en contextos hostiles que las debilitan, las dejan a la intemperie de la normativa, las convierten en rehenes del poder político o ideológico y en víctimas de la burocracia y discrecionalidad estatales.
Las organizaciones sociales son la puerta de acceso a oportunidades. Sin embargo, la corrupción estructural que condena a la pobreza a millones de personas, junto con el deterioro educativo que hunde en la ignorancia y la desesperanza a millones de jóvenes, impide que las ochenta mil entidades de bien público de nuestro país puedan cumplir mejor su rol de agregar valor específico y especializado a las políticas de todo tipo y sumar calidad a los bienes públicos, porque los presupuestos estatales solo alcanzan para llevar adelante programas que administran pobreza, en instituciones públicas que apenas sobreviven.
Las organizaciones cívicas contribuyen enormemente a la consolidación de las instituciones en la forma en que el sistema republicano debería contribuir a la distribución de poder. Sin embargo, el poder concentrado en el sistema político, los mandatos eternos, la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos y la falta de institucionalidad están diseñadosparaimpedirqueestosespacios controlen precisamente el ejercicio de la función pública, aporten a la definición de mecanismos de transparencia y participación popular y profundicen la institucionalización y la práctica activa de la democracia participativa. Pese a ello, los numerosos amparos presentados por organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) logran restablecer los derechos colectivos cuando son avasallados. La Fundación Poder Ciudadano alcanzó el mérito de impulsar las dos únicas leyes sancionadas mediante el mecanismo de iniciativa popular. Y las fundaciones Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Ambiente y Recursos Naturales (FARN) emprenden trabajosas acciones para preservar los amenazados bienes ecosistémicos. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires lidera, junto a otras OSC, la auditoría de juzgados federales para desterrar la impunidad y ejercer el sano control republicano de nuestra Justicia. Son claros ejemplos, aunque no los únicos.
Las normativas para consolidar la legalidad de las organizaciones sin fines de lucro y promover las donaciones son a la sociedad civil lo que el marco legal que regula la actividad política es a los partidos políticos. Pero, lamentablemente, el poder político niega a sus votantes el acceso a las herramientas de participación más allá del voto. De hecho, tardó décadas en dictar una ley básica de transparencia como la de acceso a la información pública. También niega a las organizaciones sociales el marco normativo, fiscal y laboral que les permita contar con las leyes, reglamentaciones y disposiciones que garanticen la formalización de las entidades de bien público para que puedan contar con personería jurídica, cuenta bancaria y recibir donaciones deducibles impositivamente. En la actualidad, según la AFIP, solo poco más de ocho mil instituciones gozan del régimen de desgravaciones impositivas, sometiendo al restante 90% a requisitos tan disparatadamente complejos y leoninos que resultan de imposible cumplimiento. Esta situación hace que todos los esfuerzos que realiza la sociedad civil organizada en pos de garantizar una mejor calidad de vida a las personas se tornen necesarios –y hasta imprescindibles–, aunque ciertamente lejos estén de ser suficientes debido a la mezquindad de los actores que ven en la dirigencia social una competencia en lugar de un complemento.
El invalorable aporte de las organizaciones sociales tiene que verse debidamente reflejado y valorado por normativas y reglas de juego que las potencien y consoliden. Es hora de que muchos de los líderes políticos con miopía ideológica dejen de blindarse en el dogma individual de sus verdades y se abran al pluralismo de ideas. No se puede seguir limitando el impacto de las acciones de las entidades de bien público, así como las transformaciones estructurales en pos de la inclusión y la sustentabilidad. Sería por demás conveniente que entendieran también que la visión de los referentes sociales los complementa y enriquece, pues se trata de implementar políticas públicas en beneficio del conjunto y no de diseñar políticas partidarias o electorales a conveniencia de un grupo.
Es necesario darle el debido encuadre al virtuosismo de los cientos de miles de voluntarios que día a día donan su tiempo y trabajo a las causas que impulsan las OSC. Sin esta silenciosa e invisible contribución, nuestra sociedad estaría mucho peor de lo que está. Una enorme porción del bienestar que llega a los segmentos más desfavorecidos es absoluto mérito de las organizaciones sociales. La sociedad civil es el hilo del collar, capaz de potenciar los aportes desperdigados, dotándolos de una identidad colectiva que refuerza su acción y, aun siendo un hilo invisible, contribuyen a devolverles a las personas su dignidad. Así como no hay collar sin hilo, no hay comunidad sin sociedad civil.