Sin defensor del niño ni del pueblo, una deuda del Congreso
Los dos cargos tienen mucho en común: fueron creados para proteger los derechos de los ciudadanos, llevan años vacantes y el Congreso es el responsable de designarlos.
Si bien la figura del defensor del pueblo de la Nación fue creada por ley en 1993 e incorporada en la Constitución nacional un año más tarde, tras la renuncia de Eduardo Mondino –el último responsable de ejercer esa función– en 2009, nunca más volvió a nombrarse.
Por otro lado, el defensor de niñas, niños y adolescentes fue previsto por la ley de protección integral de los derechos de ese colectivo en 2005 y, aunque se establecía un plazo de 90 días para su designación, nunca se implementó. En septiembre, se cumplirán 13 años de esta deuda histórica.
“Se trata de dos órganos de control independientes del Ejecutivo y, por ese motivo, no le corresponde reglamentarlos. En estos casos, el único impedimento para que se cumpla la ley es que el Congreso está en mora”, explica Dalile Antúnez, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y una de las referentes de Infancia en Deuda, un colectivo que agrupa a varias organizaciones sociales.
El ombudsman nacional tiene la misión de velar por los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Antúnez aclara: “La estructura de la defensoría existe y tiene empleados, que no pueden cumplir su función porque no hay quien presida el organismo”.
Con respecto al defensor de los niños, en 2017, tras una sentencia judicial, se conformó la comisión bicameral del Congreso que abrió la convocatoria para elegirlo por concurso público y se admitieron 68 postulantes. “Aún no se nombró a nadie porque el concurso no se realizó”, sostiene Antúnez.
Sebastián Waisgrais, especialista en monitoreo e inclusión social de Unicef, agrega: “El defensor es una figura clave para poner en agenda situaciones de vulneraciones de derechos que hoy afectan a la niñez en la Argentina”.
¿Cómo se explica que estas dos figuras centrales todavía no hayan sido designadas? Para Antúnez, es parte del déficit general que tiene el país con respecto a los órganos de control. “El Ejecutivo no quiere ser controlado y la oposición no reclama activamente la designación de estos organismos: solo la sociedad civil lo hace y con poco eco en los representantes del Congreso”.