El Gobierno puso en marcha la cancelación de deudas para sanear el patrimonio del BCRA
Tras suspender la compra de Letras Intransferibles, empezó a pagar adelantos transitorios, para cumplir lo pactado con el FMI
El Gobierno comenzó sigilosamente a cumplir el viernes con el compromiso asumido ante el FMI para sanear el balance del Banco Central (BCRA), al cancelar un préstamo por $12.600 millones que el Tesoro había recibido del ente monetario un año antes bajo la forma de “adelanto”.
Lo hizo con parte del dinero que tomó del mercado mediante una emisión de bonos a mitad de junio, y que, originalmente, había anunciado que usaría para recomprarle al Central parte de las Letras Intransferibles (LI), una especie de pagarés dados como compensación por el uso de reservas para pagos de la deuda en tiempos de la administración kirchnerista.
El cambio obedeció a las dudas legales que se abrieron con el mecanismo originalmente previsto (por las dificultades para valuar esos activos que el BCRA tiene anotados al 100%, aunque no tienen cotización de mercado), pero le permite honrar la obligación para avanzar en la reducción “de la exposición crediticia del BCRA al Gobierno”.
El pago realizado representa apenas el 2,35% del total de la deuda por adelantos de $542.130 millones que el Tesoro tenía con el BCRA hasta ese día. Para concretarlo se usaron poco menos del 20% de los $67.552 millones que ya estaba previsto destinar a este proceso. “Con el resto iremos cancelando los vencimientos que vienen hasta fin de septiembre”, explicaron a la nacion fuentes oficiales.
Los adelantos transitorios son préstamos de corto plazo (por hasta un máximo de 1 año) que los bancos centrales están facultados a dar a los gobiernos para cubrir posibles “baches de liquidez” por aumentos circunstanciales en el gasto o caídas en sus ingresos. En el caso argentino, se abusó de ese recurso de financiamiento –que apunta a ser preventivo–, que creció 4400% de 2003 a 2015 y que la administración Macri preveía cancelar mucho más gradualmente, hasta que la corrida lo obligó a sepultar esos planes.
El objetivo del proceso es devolverle al BCRA poder genuino de compra para avanzar en la cancelación progresiva de la “bola” de Lebac en manos del sector privado no financiero. El plan busca que, para septiembre de 2019, prácticamente no queden tenedores que no sean bancos.
Los analistas valoran que se haya dado inicio a este proceso porque comenzaban a notar dudas en el mercado respecto de su cumplimiento, dado que el anuncio de recompra de las Letras Intransferibles había quedado en el limbo. De hecho, el comunicado que anunciaba esa operación había sido quitado de la web de Hacienda, luego de que la opción hubiera sido temporalmente desechada hasta comprobar que no deje lugar a posibles delitos vinculados con la ley de administración financiera.
“Es una decisión bienvenida en varios sentidos. Primero, con un bajo acceso a financiamiento voluntario, el Gobierno no tiene margen para incumplir las metas acordadas con el FMI. Segundo, porque de esta forma el fisco contribuye al plan de desarme de Lebac, ayudando al fortalecimiento de la tasa de interés como instrumento del BCRA y al sinceramiento de las cuentas fiscales”, evaluó el economista Hernán Hirsch, director de la consultora FyE.
Del lado de los riesgos, cita que, si bien la deuda pública consolidada Tesoro+BCRA no cambia, el traspaso “agrega una carga adicional sobre las cuentas fiscales, generando un aumento de la factura de intereses, ya que se cambia deuda barata (los adelantos no pagan interés) por otra con costo, y cuando el financiamiento para el fisco es caro”, apunta.
El plan de cancelación de deuda con el BCRA incluido en el acuerdo con el FMI prevé realizar pagos netos a razón $78.000 millones por trimestre. Esto quiere decir que, tras el primer pago del viernes, todavía le restarían cancelar $65.400 millones antes de fin de septiembre para cumplir la meta con el FMI.
“Sin embargo –observa Hirsch–, los adelantos por vencer hasta fin de septiembre suman algo menos de $35.000 millones, con lo que ya tienen caja para afrontarlos, según el monto que habían anunciado (y es probable que avancen en precancelar otros vencimientos); pero no lo suficiente como para cumplir con el objetivo de la pauta trimestral”.
La agenda de vencimientos para la última parte del año es más cargada: llega a $213.850 millones, pero, según lo pactado con el FMI, solo el 36% debería ser cancelada para no generar una causal de waiver.