Las marchas
Patti (un duro de la época, caído luego en desgracia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura) para hacerse cargo de la investigación.
La Justicia pidió la captura de Luque. Y el hijo del diputado dio entrevistas para la TV desde la clandestinidad. “Soy consciente de que para poder concluir esta pesadilla debo comparecer y así poder rebatir una por una las infamias que se han dicho contra mí. Y lo voy a hacer. Me asisten Dios, la razón y el derecho”, decía. Insistía en su inocencia y Patti, que tuvo que detenerlo, también le creía. Así que renunció.
La muerte de María Soledad expuso como nunca antes la prepotencia de la impunidad del poder, que era tal que el diputado Ángel Luque se animó a decir: “Si mi hijo hubiera matado a esa pobre criatura, yo le juro que ese cadáver no aparece nunca más”. Doce días después de eso, fue expulsado de la Cámara baja por el voto de sus pares.
Los reclamos por el esclarecimiento del crimen se convirtieron en las marchas del silencio, encabezadas por Ada y Elías Morales –los padres de la víctima– y la monja Martha Pelloni. Hubo al menos cincuenta de ellas.
Pelloni, rectora del colegio al que asistía María Soledad, se puso al frente del reclamo. Incluso llegó a acusar al entonces ministro del Interior, José Mera Figueroa, de entorpecer las investigaciones.
A pesar del esfuerzo de la familia por mantener las marchas en un tono pacífico, comenzaron los disturbios. En ese contexto, el presidente Carlos Menem dispuso la intervención de Catamarca, destituyó al gobernador Ramón Saadi y designó a Luis Prol.
Luque estuvo preso casi dos años, hasta que, en 1993, fue sobreseído y quedó en libertad. Después de idas y venidas, recusaciones y renuncias, en 1996 se constituyó el tribunal que los enjuiciaría a él como presunto autor del crimen y a Tula como eventual partícipe necesario, supuesto “entregador” de la chica a los llamados “hijos del poder”.
En las audiencias, transmitidas en vivo por televisión para todo el país, los forenses declararon que María Soledad había sido drogada y violada. Con una entereza admirable, también depuso Ada, la madre de la víctima: “Lo único que quiero saber es la verdad. Qué es lo que le pasó. Qué se esconde detrás de la muerte de mi hija. Yo sé que hay algo grave, por eso es que me han mentido todos, policías y jueces, inclusive, desde el principio. Yo no tengo odio ni busco venganza. Lo único que quiero es que María Soledad descanse en paz”, sostuvo.
Pero el juicio, también, se convirtió casi en una farsa, con careos y retrucos que, más que aclarar los sucesos, los oscurecían y abrían una grieta entre los catamarqueños que tardaría años en sanar. Después de un mes, en medio de las críticas y el escándalo desatado, el juez Alejandro Ortiz Iramaín, que presidía el tribunal, renunció.
Las sucesivas presiones y amenazas a testigos, periodistas y jueces hicieron temer que el caso jamás llegara a buen puerto.
Alrededor del crimen se desarrolló una cadena de encubrimiento que involucró a funcionarios de nivel municipal, provincial e incluso nacional. Desde el comisario local Miguel Ángel Ferreyra, acusado de dar la orden de lavar el cadáver para borrar pruebas –que, según versiones de la época, podían involucrar incluso a su hijo– hasta el diputado Luque, que sufrió el desafuero.
Las sospechas de encubrimiento cayeron sobre decenas de personas. Una línea de investigación concluyó que Luque había llegado a Clivus en el mismo auto que Diego Jalil (hijo de Guido, intendente de la capital), Arnoldito Saadi (primo del gobernador) y Miguel Ferreyra (h.). Y que María Soledad cayó en sus garras en el VIP de la disco. Las marcas del poder quedaban a la vista y complicaban todo.
Además de unos 300 testigos, por la causa pasaron 14 jueces. Labid José Morcos, el primero, ni siquiera visitó la escena del crimen: se excusó porque tenía muchas causas. Más tarde renunció: dijo haber sido presionado por el gobernador Saadi para inculpar a Tula.
El segundo juicio oral no se concretó sino hasta 1998. Esta vez, no fue televisado. Los jueces David Olmedo de Arzuaga, Jorge Álvarez Morales y Edgardo Rubén Álvarez, finalmente, condenaron a Luque por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes a 21 años de prisión. Fue preso y está en libertad condicional desde 2010.
Luis Tula recibió una pena de 9 años como partícipe secundario del delito de violación. Quedó en libertad en 2003. Estudió, se recibió de abogado y esa es su actual profesión en Catamarca.
En el lugar donde fue hallado el cuerpo de María Soledad se conserva un monolito que es visitado permanentemente, sobre todo por estudiantes que le rezan para que los ayude con los exámenes. Ellos mantienen viva la memoria de una joven cuya vida fue segada por la violencia machista y mancillada por lo más oscuro del poder.