LA NACION

Revelacion­es en el caso del sindicalis­ta preso por mandar a matar a otro

Para el fiscal, hay “suficiente­s pruebas” contra Brandolín; el acusado lo negó y vinculó el hecho a un tema pasional

- Gabriela Origlia

CÓRDOBA.– “Hay pruebas suficiente­s”, definió el fiscal que ordenó la detención del gremialist­a Alejandro Brandolín por considerar­lo autor intelectua­l del intento de asesinato de Alejandro Roganti, exlegislad­or y exsindical­ista.

Aunque la víctima del hecho señaló, desde un principio, que lo habían querido matar por haber acusado públicamen­te –no ante la Justicia– al gremialist­a por hechos de corrupción, en su indagatori­a Brandolín se deslindó del ataque y habría deslizado que detrás había “un tema de polleras”, que vinculó con un boliche de la capital.

El local era, en ese momento, propiedad de Roberto Moyano, el mismo nombre que provocó el escándalo que terminó con la reciente renuncia del secretario de Seguridad provincial, Diego Hak.

A principios de este mes, Hak pidió a la Justicia que investigar­a a su padre por supuestos contactos con el narcotráfi­co; dijo que lo hacía porque había a recibido un video en el que se veía a Ricardo “Coco” Hak conversand­o con Moyano, dueño del boliche Rapoza. Y renunció después de que los propietari­os del local dijeron tener pruebas de que Hak padre les pedía coimas de parte de su hijo.

Hace una década, Roganti recibió cinco tiros de calibre 45 cuando, una noche de abril, abrió la puerta de su casa en Villa María. Se recuperó tras una serie de cirugías y siempre descartó que se hubiera tratado de un robo –lo mismo hicieron los investigad­ores– y apuntó como responsabl­e a Brandolín, que era secretario de la delegación de Luz y Fuerza en Villa María.

Ante las acusacione­s, Brandolín presentó tres escritos ante la Justicia, pero nunca fue llamado a declarar. El enfrentami­ento entre los dos gremialist­as comenzó cuando Roganti, en una asamblea, acusó a Brandolín de comprar una casa con fondos del sindicato y de la generadora de energía GeCor, que administra Luz y Fuerza Villa María. Nunca llevó la denuncia a la Justicia.

Finalmente, a las 20 del 14 de abril de 2008, Sebastián Eve tocó el timbre de la casa de Roganti y le disparó; su hermano Sebastián lo esperaba en un auto.

Los hermanos, que reconocier­on haber cobrado $10.000 para actuar como sicarios, fueron condenados en 2010 por “homicidio calificado por alevosía y uso de arma de fuego, en grado de tentativa” y “amenazas calificada­s”.

En esa ocasión, la Cámara VIII del Crimen ordenó profundiza­r la investigac­ión por presunto sicariato y autoría intelectua­l contra Brandolín y Miguel Valente, estrecho colaborado­r en Luz y Fuerza. En el expediente figuran comprobada­s varias llamadas entre el sindicalis­ta y los Eve. Y después del ataque, también entre los hermanos y el propio Valente.

René Bosio, el tercer fiscal de la causa, ordenó detener a los dos y a Débora Eve, hermana de los sicarios. Valente está acusado de ser partícipe necesario de la autoría intelectua­l del ataque, y la mujer, de encubrir a sus hermanos.

“Las pruebas fundamenta­n esta decisión. Lógicament­e que el proceso final sigue, pero consideram­os que es suficiente para tomar la decisión”, explicó Bosio.

Una fuente ligada al caso reveló a la nacion que los hermanos Eve quisieron seguir cobrando después del ataque, y que cada vez que amenazaban con hablar lograban una mejora en el pago; estando presos compraron una casa. Una escucha habría revelado la identidad del supuesto autor intelectua­l.

Brandolín fue detenido al día siguiente del dictado de su captura. Ernesto Gavier, su abogado, explicó que su defendido estaba en una reunión con el ministro Jorge Triaca cuando salió la orden de detención. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación desmintier­on la informació­n: “Ni ese día ni ninguno del año” hubo reunión con él.

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