Desafíos mafiosos al Gobierno
La negativa de líderes sindicales a acatar las conciliaciones obligatorias del Ministerio de Trabajo viola la ley y apunta a crear una atmósfera proclive al caos
No es extraño que, a medida que crece el cerco judicial que lo compromete cada vez más, Hugo Moyano redoble su apuesta y extreme su enfrentamiento con el Gobierno, al que acusa de haber montado en su contra una persecución política y de hostigarlo para asustar a los otros gremios.
Como es bien sabido por el abuso que se ha hecho del término, son muchos los que esgrimen ser víctimas de una “persecución política” para disimular que quien en realidad los persigue no es la política sino la Justicia con el peso de las pruebas con que cuenta.
La actitud desafiante y patoteril del clan Moyano también se aprecia en su absoluto desprecio por la legalidad y las normas, por ejemplo, al desacatar la conciliación obligatoria. Por desgracia, idéntica actitud es asumida por otros gremios.
Cuando, recientemente, el Ministerio de Trabajo aplicó al gremio de los camioneros una multa millonaria por no haber cumplido una conciliación obligatoria que instaba al sindicato a suspender una huelga, Moyano rechazó pagarla. Paralelamente, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aplicó una multa a la Obra Social de Camioneros (Oschoca) debido a irregularidades registradas en los exámenes psicofísicos a los que deben someterse los choferes para obtener su habilitación.
La diputada Graciela Ocaña (Cambiemos) ha denunciado con valentía que Moyano desvía fondos de la salud de los trabajadores del gremio a empresas de su esposa, Liliana Zulet, que son grandes proveedoras de Oschoca, en particular Iarai SA, que operaría como empresa gerenciadora.
Moyano se ha propuesto no pagar la multa del Ministerio de Trabajo y apelarla, cuando el procedimiento debe ser el inverso: primero pagar y luego apelar. “Si se llevan todo ese dinero, nos quiebran la obra social. Voy a llevar a todos los enfermos a la puerta del ministerio para ver si los atiende [el ministro de Trabajo, Jorge] Triaca”, amenazó el jerarca sindical, tal vez sin tener muy presente que la crítica situación económica de Oschoca viene de antes, ni los enormes costos que al país le generan sus medidas de fuerza.
La multa es consecuencia de otra grave actitud de Moyano, como fue desconocer la conciliación obligatoria. Como en tantos otros órdenes, se podrá estar o no de acuerdo con lo que resuelven los funcionarios, pero un principio básico de la vida en democracia es respetar las normas y no alzarse contra ellas. Como sostuvo Triaca, nadie está por encima de la ley, “ni Moyano ni ningún otro”. “Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante”, dijo.
Ante la negativa a pagar la multa, la cartera de Triaca solicitó a la Justicia laboral el embargo preventivo de las cuentas del gremio de los camioneros, que se concretó por 809.790.000 pesos más
242.937.000 de intereses.
Algo similar ocurrió luego de que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) no acatara la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo y realizase un paro de 48 horas en la educación. Ese ministerio dispuso una multa al gremio de
659 millones de pesos. El titular de Suteba, Roberto Baradel, calificó la multa de “extorsión”.
La ley prohíbe que los gremios hagan medidas de fuerza durante el plazo que fija una conciliación obligatoria dictada por el ministerio, y ante incumplimientos prevé sanciones económicas.
No escapa a los observadores imparciales el hecho de que detrás de estos alzamientos sindicales pueda esconderse la voluntad de preparar el camino para sembrar el caos. Los sindicatos apelarán las multas –Camioneros ya lo hizo–, pero es de esperar que la Justicia, cuando finalmente falle, consagre el criterio que autoriza al Ministerio de Trabajo a aplicar sanciones cuando no se acatan las conciliaciones obligatorias. Se trata de mantener la vigencia del derecho y de la autoridad.
En el caso de Moyano se suma, como ya dijimos, su cada vez más comprometida situación judicial. En efecto, existen siete causas en las que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y el empleo de fondos de los afiliados del sindicato, de su obra social y del Club Atlético Independiente –que él preside– para favorecer a empresas que pertenecen a sus familiares.
Con sindicalistas como Moyano es muy difícil discernir dónde termina la defensa de los intereses laborales y comienza la de sus intereses personales, bajo la habitual retórica de la defensa de la causa gremial. Y al servicio de sus intereses pone Moyano el poder que tiene de paralizar el país en su beneficio. Por eso, la Justicia no debería demorar el esclarecimiento de las graves imputaciones que se acumulan en su contra.