¡Dejen de mentirnos!
Ni empresarios ni exfuncionarios que se beneficiaron de una matriz de corrupción durante más de una década deberían subestimar a la ciudadanía
Entre las lamentables derivaciones del escándalo que desató la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno provocan estupor las estrategias defensivas de algunos de los imputados, que no dudan en recurrir a la mentira y a la victimización para zafar frente a una ola de evidencias que confirma viejas sospechas sobre una matriz de corrupción que tuvo como eje la concesión de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner insiste con cinismo en que es blanco de una persecución política, mediática y judicial. Ayer, al presentarse a la citación que le cursó el juez Claudio Bonadio, recurrió a argumentos disparatados en los cuales llegó a plantear absurdas asociaciones entre responsables del aporte de pruebas a la causa judicial y el último régimen militar. En tal sentido, la exmandataria destacó en su escrito presentado ante el juez que el chofer Centeno era “un exmilitar” y que Jorge Bacigalupo (la persona que hizo llegar los famosos cuadernos de las coimas al periodista Diego Cabot) es “un sargento retirado de la Policía Federal, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”, como si ambas cuestiones invalidaran las detalladas crónicas del chofer del exfuncionario Roberto Baratta.
El exsecretario de Obras Públicas José López, que sirvió durante 12 años a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y fue filmado cuando intentaba esconder bolsos con alrededor de nueve millones de dólares en un convento, declaró días atrás ante la Justicia que ese dinero “era de personas vinculadas a la política”, de las cuales dijo que no podía hablar.
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, expresó enfáticamente que no cometió ningún delito durante su gestión, pese a que admitió haber recibido dinero de empresarios para la campaña electoral. Resulta llamativo que un jefe de Gabinete desconozca la normativa que regula la forma en que deben depositarse tales recursos y reciba dinero negro de empresas.
Si las supuestas justificaciones de los exfuncionarios provocan vergüenza, las explicaciones brindadas ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por parte de la mayoría de los empresarios que pretenden explotar el beneficio que les otorgaría la figura del arrepentido también parecen subestimar el sentido común. Llama la atención que hayan aceptado el pago de dinero a exfuncionarios en concepto de aportes de campaña, cuando muchos de estos fueron efectuados en años pares, en los que ni siquiera había elecciones. Resulta más que evidente que forma parte de una débil estrategia legal para no ser condenados por los delitos de cohecho o de asociación ilícita, cuyas penas son mucho más graves que las de un aporte ilegal para una campaña electoral.
Por si alguna duda quedaba, la declaración de otro “arrepentido”, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, quien dio cuenta de un sistema de cartelización para que determinadas empresas se quedaran con la concesión de obras públicas y detalló un sistema de pagos ilegales a los funcionarios del kirchnerismo, dejó descolocados a quienes hablaron de simples aportes de campaña.
Un párrafo aparte merece el impresentable Norberto Oyarbide, quien después de casi diez años admitió públicamente que recibió presiones para dictar en tiempo récord el sobreseimiento del matrimonio Kirchner ante una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque horas después intentó relativizar sus dichos ante el juzgado de Bonadio.
Será vital que en la nueva etapa que se ha abierto ante la avalancha de pruebas de la corrupción pública en la Justicia esta actúe con celeridad y sin contemplaciones. La podredumbre que se advierte en estos días no quedará atrás con falsos arrepentimientos de empresarios ni con declaraciones de exfuncionarios que pretenden tomarnos el pelo, sino con un sistema institucional en el que la transparencia se imponga sobre el deseo de quienes han vivido muchos años sirviéndose del Estado.