La OA pidió diez años de prisión para De Vido por la tragedia de Once
Presentó su alegato en el juicio, que fue seguido a distancia por el exministro
La Oficina Anticorrupción (OA) pidió que se condene a diez años de prisión al exministro y diputado desaforado Julio De Vido en el juicio oral y público por la tragedia de Once, que dejó 52 muertos y 789 heridos.
De Vido no estuvo ayer en la sala de audiencias, pero siguió el alegato de los abogados de la OA por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido.
La OA pidió además una condena de tres años y seis meses de prisión para Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. El organismo que conduce Laura Alonso es querellante en la causa y fue representado por sus abogados Arturo Gutiérrez y Lucas Trigo, que pidieron la condena de De Vido como partícipe necesario de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. Solicitó también la inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
La documentación incorporada por la OA prueba que De Vido estaba al tanto de las irregularidades que se producían en el ferrocarril Sarmiento. Se agregaron informes de la Sigen que revelan que De Vido sabía del estado deplorable del tren operado por TBA que a las 8.33 de la mañana del 22 de febrero de 2012 no frenó en el andén de la estación cabecera Once y provocó la tragedia.
El informe detalla la política de desmantelamiento de la empresa concesionaria e irregularidades desde 2006. La OA advirtió que el accidente se basa “en la nefasta política adoptada por la empresa, que abandonó el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros, como también en la política permisiva de los funcionarios, cuya inacción fue determinante para la producción del estrago”.
“Hoy estamos en condiciones de afirmar que no podemos entender el resultado del estrago sino mediante y a través de la administración fraudulenta en la que incurrieron los funcionarios públicos. La muerte y las lesiones no son sino la consecuencia de un fraude monumental en perjuicio del Estado nacional”, dijeron los abogados Arturo Gutiérrez y Lucas Trigo. “El deplorable estado de mantenimiento y conservación de los bienes concesionados y del material rodante ha sido, además de implicar un grave perjuicio al erario público, el elemento que contribuyó a la notable disminución de las condiciones de seguridad en que se prestaba el servicio público en el FC Sarmiento”, añadieron.
“La responsabilidad penal que le atribuimos a De Vido consiste en haber sido autoridad de aplicación del contrato de concesión”, y recordaron que el exfuncionario “contaba con elementos suficientes para ordenar la intervención y normalizar las condiciones en la prestación del servicio público”.