Odebrecht, en la mira judicial
La Cámara Federal ordenó a Martínez de Giorgi que mantenga un intercambio “ágil y eficaz” con Bonadio
La Cámara Federal pidió a los jueces vincular el caso de los cuadernos de las coimas con la investigación sobre pagos ilegales de Odebrecht al gobierno de Cristina Kirchner. Los exhortó a tener un intercambio “ágil y eficaz” con Claudio Bonadio.
En un fallo en el que le llama la atención al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, la Cámara Federal exhortó a los jueces federales que investigan el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de Cristina Kirchner a que intercambien información de manera “ágil y eficaz” con su colega Claudio Bonadio, quien investiga la red de recaudación ilegal de sobornos que pagaron empresarios de la obra pública.
En la práctica, el fallo rechaza la pretensión de Luiz Mameri, un arrepentido de la empresa brasileña que reclamó que no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito en Brasil y la Argentina.
La sentencia fue firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes dijeron que era prematuro decidir sobre el tema, pues aún no llegaron oficialmente las pruebas de la Justicia brasileña. Dijeron los jueces que en la causa hay constancias de la confesión de Luiz Mameri solo por los aportes que realizó en sus declaraciones testimoniales el periodista Hugo Alconada Mon, de la nacion.
En esta causa, el juez Martínez de Giorgi investiga el pago de sobornos de Odebrecht y sus socios en la Argentina para el emprendimiento: Iecsa (en ese momento, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Comsa y la italiana Ghela. Los ejecutivos de estas empresas, incluido el CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, están siendo indagados por estos días por el juez Martínez de Giorgi.
El arrepentido dijo en Brasil que Sánchez Caballero llegó a un acuerdo con funcionarios entre 2008 y 2013 para realizar “los pagos indebidos al partido del gobierno, a medida que avanzaban las obras. En el caso de que la Compañía [Odebrecht] no aceptara las condiciones, el consorcio no ganaría la licitación, pues se priorizarían otras empresas. Javier Sánchez Caballero informó también que posteriormente indicaría los valores y la forma como estos pagos deberían ser realizados”.
Un rol parecido cumplió el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez. Irurzun destacó la vital importancia de esas versiones, porque poseen “claro correlato con otros elementos hace tiempo colectados, sobre el tenor de maniobras que habrían involucrado a los titulares del consorcio Iecsa, Constructora Odebrecht SA, Comsa y Ghella”.
El fiscal Franco Picardi, en un extenso dictamen, pidió embargar los bienes de Calcaterra y del resto de los acusados para asegurarse de que, en caso de ser condenados, el Estado pueda recuperar el dinero de la corrupción.
Pero el juez Martínez de Giorgi no lo hizo, lo que motivó que la Cámara Federal le llamara la atención, en el voto de Irurzun. El camarista le sugirió al juez que dispusiera indagatorias entre junio y octubre, incluso a personas que viven fuera del país. Por lo cual, advirtió sobre el peligro de que se siga demorando el caso. Dijo que, mientras, puede ir decidiendo a quiénes procesa y, así, avanzar más rápido, sin más retardos. Los sobornos entre empresas (Iecsa, Constructora Odebrecht, Comsa y Ghella) y funcionarios abarcaban un período que empezaba en 2005, con supuestos intermediarios como Caesa, la empresa de Manuel Vázquez, el jefe de asesores de Ricardo Jaime, quien está detenido en su casa como su testaferro.
Avanzar con decisión
La Cámara le dijo al juez que “actúe decididamente” y avance con la causa. Máxime, teniendo en cuenta los avances que está haciendo Bonadio con la causa de los cuadernos.
En ese expediente, Sánchez Caballero, de Iecsa, ya declaró como arrepentido y admitió los pagos ilegales, al igual que su jefe, Ángelo Calcaterra. Martínez de Giorgi ya no tiene más razones para esperar pruebas desde Brasil, cuando las tiene a escasos 20 metros, la distancia que separa su despacho del de Bonadio.
Irurzun dijo que, tal como sugirieron el fiscal Picardi y la diputada Graciela Ocaña, debe obtener la información del juzgado de Bonadio, procurando “vías de intercambio de información ágiles y eficaces”.
Sobre todo, teniendo en cuenta que “la trascendencia del asunto acentúa la obligación de dar respuestas lo más rápidas posibles”, que hay suficientes pruebas en la causa y no hay razón para esperar que lleguen otras para empezar a resolver, Martínez de Giorgi debe avanzar con su expediente.
Dijo Irurzun que en la causa de Bonadio “han surgido datos relacionados a la posible existencia de una asociación ilícita que habría organizado un sistema de recaudación ilegal de fondos relacionados con el pago y la recepción de coimas, por parte de algunas de las personas imputadas en este sumario [el caso Odebrecht]”.
“La utilidad del contenido de esas actuaciones para esta investigación –prosiguió– fue advertida por el fiscal y por la diputada nacional María Graciela Ocaña”, por lo que reclamó al juez que obtenga esas pruebas y los cuadernos de Oscar Centeno.