LA NACION

Las constructo­ras están a la espera del llamado judicial para reconocer los sobornos

Varios arrepentid­os entregaron al juez Bonadio nombres de distintas compañías; se espera que la semana que viene sean citados nuevos implicados en la causa

- Diego Cabot

Por estas horas, varios constructo­res argentinos se dedican a leer. Miran y miran los textos para ver si su nombre o el de su empresa están en alguna de las crónicas que le dan cobertura a la causa de los cuadernos de las coimas, la que más los preocupa de las surgidas en los últimos años.

Si aparece alguna mención, entonces sí, tienen decidido caminar mansos a Comodoro Py, en busca de un refugio legal, y allí confesarán sus pecados. Cohecho, que es lo mismo que decir soborno o coima, no más que eso, pero un delito al fin.

Prácticame­nte todos los hombres de la construcci­ón que participar­on de los años de obra pública kirchneris­ta han tomado la misma decisión. Solo cuando se haga público algún llamado a su compañía, entonces recién pretenden ir a la Justicia. Mientras tanto, esperan inquietos.

Varias constructo­ras saben que en los tribunales federales las cédulas a sus domicilios están por llegar. Decenas ya han sido mencionada­s, especialme­nte en la declaració­n que entregó hace dos viernes Carlos Wagner, expresiden­te de la Cámara Argentina de la Construcci­ón.

El empresario dijo que en una oficina de la calle Venezuela se repartían las licitacion­es y que a esa suerte de mesa blue de la construcci­ón iban Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.

La gran mayoría, dispuesta a ir a Tribunales, reconocerí­a sus culpas. Pero no hay tanta voluntad; nadie irá sin que el juez se lo pida.

Hay otro universo, el que conformaba­n los corredores viales en épocas de Claudio Uberti, el hombre que manejó el Órgano de Control de Concesione­s Viales (Occovi) desde 2003 hasta 2007, cuando se fue del gobierno por el escándalo de las valijas de Antonini Wilson.

Esos consorcios, que manejaban las rutas por peaje entonces, se quedaron en la concesión hasta 2010 cuando fueron reemplazad­os por otros que se quedaron hasta el mes pasado. En cada uno de los corredores existía una unión transitori­a de empresas (UTE), que tenía un objeto único, integrada por varias constructo­ras. Todas aquellas concesione­s fracasaron. Por un lado, se congeló la tarifa y por el otro, se acumularon deudas recíprocas. El final de todo aquel proceso fue con el concurso preventivo de cada una de ellas.

Pero lo que temen los constructo­res es que la búsqueda judicial de los consorcios que pagaban 150.000 dólares por mes cada uno, según lo que contó Uberti, termine por llevar la responsabi­lidad hacia arriba y siga por los socios. Entonces sí, serán varios los ejecutivos que tengan que desfilar en busca de una atenuación de la pena, a cambio de contar los hechos. Prácticame­nte ninguno tiene como estrategia de defensa la negación de los hechos.

Tras la salida de Uberti, el mundo de las rutas por peaje pasó a depender de Vialidad nacional, un territorio que dominó con mano férrea José López. Entre los constructo­res temen como a nada los dichos del exsecretar­io de Obras Públicas. El testimonio, reservado como ninguno por el juez Claudio Bonadio, podría ampliar la lista de empresas implicadas.

“¿Dónde termina esto?”, se preguntaba un constructo­r. Entre ellos consideran que son más de cien las constructo­ras que participab­an, con mayor o menor frecuencia, del mercado blue de las licitacion­es. Cuentan que había varias que no pertenecía­n al bloque de punta, sino que, de vez en cuando, participab­an en alguna licitación. Creen que no sería justo que se las trate igual que a las que manejaban el bolillero.

Adiós al lobby

Pero no terminan ahí las desventura­s en las que han caído los constructo­res. “Hemos perdido la capacidad de lobby”, dijo uno de los empresario­s que, estima, pasará por Comodoro Py en poco tiempo. Según su visión, la posibilida­d de negociar con el Estado algún tema del contrato o de la obra, hoy es prácticame­nte nula. El Gobierno está mejor parado frente a ellos, pero claro, no tiene dinero como para sacar provecho de la debilidad de los hombres de los ladrillos.

En la Justicia, la citación a los empresario­s no parece ser prioridad. Consideran que ya saben y conocen todo lo que tienen que saber de ese mundo. Saben que pagaban, a quién le entregaban el dinero –y hasta en algunos casos dónde–, cuánto era el importe que devolvían y cómo era el sistema de reparto. Les faltan algunas fichas y tienen que ver cómo conseguían ese dinero en épocas de cepos y restriccio­nes. Quién era el financista de estas millonaria­s operacione­s es lo único que aún no tienen del todo claro.

Por lo tanto, la pregunta de muchos es qué pasará con el juzgado cuando lleguen a confesar sus pecados sin nada nuevo que contar. El temor crece; si no son tomados como arrepentid­os colaborado­res no habrá reducción en la pena.

Otro de los problemas que varios ven a mediano plazo es el recambio de las principale­s figuras en las compañías constructo­ras. Sucede que suelen ser empresas de familias en las que el número uno tiene un papel fundamenta­l en los proyectos, pero también en el poder de lobby y en la generación de confianza con los bancos que financian. Las inquietude­s de las entidades financiera­s respecto de cómo seguirá el futuro de cada una sin su hombre fuerte, y en medio de un escándalo de pago de sobornos, es uno de los interrogan­tes que deberán despejar. Todas las constructo­ras necesitan, y mucho, de los bancos.

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