Crece la demanda de programas anticorrupción en las empresas

Los estudios jurídicos y las consultoras reciben ahora más preguntas sobre programas de compliance; el Estado exige estar en regla para participar de licitaciones y contrataciones

CÓRDOBA.– A partir del escándalo de los cuadernos de las coimas se multiplicaron las consultas –”y la preocupación”– para combatir la corrupción. La inquietud es mayor por las exigencias y las derivaciones de la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para combatir la corrupción.

La norma, que rige desde el 1° de marzo pasado, no se aplica de manera retroactiva, pero para participar de nuevas licitaciones y contrataciones con el Estado, las empresas deben cumplir con aspectos como contar con un programa de integridad o compliance.

El presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y director Certificación Internacional en Ética y Compliance, Carlos Rozen, es terminante ante la nacion: “Hay indicadores muy claros de cómo el escándalo impactó; las empresas tienen la impresión de que las balas les pican cerca y hay una toma de conciencia de golpe. El pensamiento es ‘qué hubiera pasado en mi compañía con o sin programa’”.

Plantea que desde la semana posterior a los cuadernos de las coimas aumentó la cantidad de consultas a la asociación y a las consultoras, se multiplicaron las reuniones y las propuestas confirmadas. En el programa de certificación se pasó de 40 alumnos dos veces por año a 100 en la edición en curso y con gente en espera.

Hernán Munilla Lacasa, del estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios, coincide en que a partir del escándalo “se aceleró la preocupación de las empresas porque no cumplir la ley implica consecuencias como perder financiamiento; contratos; tener problemas con la AFIP, con la SEC de Estados Unidos y que se le abran nuevos frentes judiciales por lavado”.

Leonardo Etchepare, ex-compliance Officer de YPF y titular de la consultora Legal & Ethic, subrayó que hay que tener en cuenta que varias de las compañías involucradas en los cuadernos, al cotizar en mercados internacionales, serían investigadas bajo esas leyes.

En esa línea –y de cara a las próximas licitaciones en las que podrían participar– advierte: “Lo principal es que hagan una investigación exhaustiva, que tomen acciones de remediación. Lo mejor para actuar es contar con información; lo peor es quedarse paralizadas”.

Las consultas por la ley vienen, especialmente, de los directivos de alta dirección; existían antes del escándalo, pero ahora se aceleraron. Preguntan las claves de la norma, cómo es la sanción a personas jurídicas y qué es un acuerdo de colaboración. “Si antes había atención, en las últimas semanas se multiplicó –dice Munilla Lacasa–. En el caso como el de los cuadernos, por ejemplo, además de las personas físicas detenidas o procesadas también las empresas tendrían que afrontar consecuencias, pagar con su propio patrimonio”.

La ley establece que, en casos de soborno, la empresa puede ser suspendida en sus actividades por un máximo de 10 años; además de sufrir la disolución y la liquidación de su personería si se armó “al solo efecto de la comisión del delito”. Si el programa de integridad es correcto es un atenuante de la pena si la firma “espontáneamente” denunció un delito previsto en la norma.

El programa de integridad es exigido por la ley y su reglamentación para contratos con el Estado en el que intervienen ministros (o “equivalente”) que involucren más de $50 millones ($20 millones en compras directas). La exigencia corre también para subcontratistas; alcanza a toda la cadena involucrada en la prestación de un servicio o en la ejecución de una obra. “No corre más el ‘resolvelo como sea’ al tercerizar”, coinciden los especialistas consultados.

Paula Cortijo, directora de Transparencia Latam, dice que el incremento del interés surgió en septiembre, cuando se empezó a exigir en los pliegos de licitación el cumplimiento de la ley. “En el interior del país no se ve la preocupación que se genera en la ciudad de Buenos Aires; no se está viendo el programa de integridad como una herramienta de salvataje”.

La experta en compliance –que trabajó en Brasil después del inicio del Lava Jato– compara el proceso argentino con esa situación: “Los involucrados primero se paralizan y solo piensan en su libertad física, y recién después empiezan a pensar en el futuro de su empresa. El valor de un programa es 40% su redacción y mitad cultura”.

Desde el estudio Vergara & Asociados, José Salinas admite que las empresas tienen que “revisar y adecuar” los códigos de conducta y reglas de gobierno corporativo que ya tienen, y que en general abarcan temas como fraude o cuestiones vinculadas al lavado de dinero.