Una pistola, barras y una pelea judicial que llamó la atención
La jueza federal Arroyo Salgado había allanado en 2016 el despacho de Melazo por una investigación originada en los asesinatos de dos colombianos en Unicenter
Uno de los últimos escándalos en los que estuvo involucrado César Melazo en su función judicial tuvo que ver con un duro cruce con la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, durante la instrucción de la investigación por el llamado doble crimen de Unicenter, caso que paradójicamente ayer tuvo sentencia (de lo que se informa por separado) apenas unas pocas horas después del arresto del exmagistrado platense.
Varios casos de amplia repercusión pública se cruzaron extrañamente en los primeros días de 2016. Por entonces, la sociedad seguía con atención y estupor el libre movimiento de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y de Víctor Schillaci tras su evasión del penal en General Alvear. En el trayecto de la llamada triple fuga, finalizada dos semanas después con la captura en Santa Fe de los evadidos, los perseguidos dispararon contra una pareja de agentes bonaerenses. Esas lesiones fueron investigadas por Melazo que inició una serie de procedimientos para dar con los hermanos Lanatta y Schillaci. No los encontró en Quilmes, pero sí halló un arma en la casa de Marcelo Mallo, el hombre que había intentado unir a las barras bravas argentinas detrás de un único estandarte político. Y esa pistola se cruzó en la causa que Salgado llevaba adelante por el asesinato de dos narcos colombianos.
Melazo fue acusado por supuestas irregularidades en que habría incurrido el magistrado en la investigación de la fuga del puntero kirchnerista Mallo.
Por este caso la jueza federal Arroyo Salgado ordenó el allanamiento del despacho de Melazo. El senador provincial Juan Pablo Allan denunció ante el Consejo de la Magistratura a Melazo porque el entonces juez habría facilitado de manera activa, junto con el fiscal Mariano Sibuet, la posibilidad de fugarse al detenido que estaba privado de libertad por tenencia de armas de guerra. De este modo, se habría perjudicado la investigación por la llamada masacre de Unicenter.
Melazo actuaba entonces como juez de Garantías en la causa iniciada tras la fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci, y los enfrentamientos registrados durante su persecución. Melazo había ordenado más de treinta allanamientos, cuando se procedió a la detención de Mallo por tenencia ilegal de arma de guerra.
Los peritajes sobre el arma se- cuestrada –calibre 40– develaron que en principio habría sido una de las pistolas utilizadas para las ejecuciones efectuadas por sicarios en 2008 en una de las playas de estacionamiento de Unicenter.
Esa circunstancia no fue notificada a tiempo a la jueza federal Arroyo Salgado. El juez “retardó de manera injustificada la detención”, dijo entonces el senador provincial Allan. El legislador acusó a Melazo no solo de facilitar la fuga de Mallo, sino además de obstruir la investigación de la causa federal de la masacre de Unicenter.
Un posterior peritaje demostró el error cometido en las pruebas iniciales. En junio de 2016, la Policía de la Ciudad entregó un informe balístico que descartaba el uso de esa pistola en el doble asesinato. Frente a esa situación, Mallo quedó en libertad y fue dejado fuera de la causa que ayer finalizó con la condena a cadena perpetua para dos de los sicarios que intervinieron en esas muertes en 2008.
Melazo quedó entonces también de lado en el escándalo judicial que había originado el caso que unió al triple crimen de General Rodríguez, la triple fuga y el doble homicidio en Unicenter.