Custodios que restan recursos al combate del delito

Jueces y funcionarios no deben caer en excesos al otorgar custodias, pues ello disminuye la cantidad de efectivos destinados a la lucha contra el delito

Pareciera lógico que los exfuncionarios que han ocupado ciertos cargos de relevancia o ejercido funciones que los hacen pasibles de ataques o represalias gocen de custodias oficiales, y así lo dispone la ley, no solo en nuestro país.

Pero en la Argentina, en algunos casos parece excesiva la cantidad de custodios asignados a ciertas figuras con elevados costos que obviamente paga el Estado –es decir, la sociedad– y que a todas luces no se justificarían. Hay quienes ni siquiera deberían contar con custodia. Los excesos y privilegios abusivos obligan a destinar cada vez más efectivos a esa labor, restándolos de la lucha contra el crimen. Al mismo tiempo hacen crecer el gasto público, que no se limita a los sueldos, sino también a sus vehículos, al combustible y a los viáticos de los efectivos cuando deben acompañar a sus custodiados.

¿Necesita la expresidenta Cristina Kirchner los 45 custodios que tiene asignados, y que en algún momento fueron cien? A eso hay que sumar una moto y tres automóviles asignados solamente en la Capital y cuatro en Santa Cruz, donde ella posee dos domicilios, en Río Gallegos y El Calafate. El costo mensual, según una investigación del programa de televisión Periodismo para todos, es de 1,8 millones de pesos. En efecto, hay cifras que parecen excesivas, pero tienen una explicación: el número de custodios efectivos por día hay que dividirlo por tres porque trabajan con un régimen de 24/48. Eso significa que están en servicio 24 horas y descansan 48. Hay que sumar un suplente y un jefe de la custodia.

La protección del expresidente Carlos Menem es de 11 efectivos, con un costo de 440.000 pesos mensuales, y la de Fernando de la Rúa asciende a diez custodios (400.000 pesos por mes). Al lado de ambos luce excesivo el equipo destinado a Eduardo Duhalde: 22 guardaespaldas, a razón de 880.000 pesos mensuales. La investigación mencionada aclara que la cantidad obedece a su doble condición de exgobernador bonaerense y expresidente. Cabe preguntarse qué remoto sentido vinculado con la seguridad tendrá acumular los efectivos que le corresponden por los dos cargos ejercidos hace ya muchos años.

Pareciera que haber gobernado Buenos Aires entraña serios peligros a futuro que exigen una adecuada protección, pues tanto Daniel Scioli como Felipe Solá cuentan con ella: nueve efectivos le corresponden al primero (360.000 pesos mensuales) y siete al segundo (280.000 pesos mensuales).

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, goza de custodia por orden judicial, pues en 2002 atentaron a balazos contra su domicilio y en 2009, el vehículo de la custodia fue atacado a golpes. La custodian cuatro efectivos (160.000 pesos mensuales).

Hay 11 asignados a Sergio Berni (440.000 pesos mensuales) en su calidad de exsecretario de Seguridad de la Nación, aunque la lucha contra el crimen común y el organizado no fueron rubros en los que se haya lucido y que puedan

Los jueces deben revisar las custodias que ordenaron para ciertos testigos que en su momento corrían peligro, pero que por el transcurso del tiempo o el avance de las causas ya pueden considerarse a salvo

haberle valido enemigos. Peor es el caso de Alejandro Ramos, exministro de Seguridad bonaerense que antes de dejar su cargo se autoasignó una custodia que hoy asciende a cuatro policías (160.000 pesos por mes).

En tiempos en que urge recortar el gasto público hay que celebrar que el Ministerio de Seguridad haya conformado un equipo para reducir ciertas custodias y haya dispuesto el cese de muchas otras.

También es necesario que los jueces revisen las custodias que ordenaron para ciertos testigos que corrían peligro, pero que por el transcurso del tiempo o el avance de las causas ya pueden considerarse a salvo. No se trata solamente de evitar abusos, sino de no restar recursos humanos y materiales al combate contra el delito y a la protección del ciudadano común.