Sigue la polémica en torno al monotributo social agropecuario
Advierten que quedaron muchos productores sin ser relevados
El Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), informó anteayer que finalizó el plazo de actualización de datos del monotributo social agropecuario (MSA) y que, del total inicial, de 100.934 beneficiarios (48.449 titulares y 52.485 adherentes), el 45% concretó el relevamiento. Dentro de ese porcentaje, 23.934 personas optaron por renunciar al beneficio y 21.559 continuarán en el MSA hasta diciembre próximo con costo cero, para luego pasar a la figura del monotributo social (MS), en el que deberán pagar el 50% del costo de la obra social, de 268,17 pesos.
En su comunicado, Agroindustria ofrece un simple cálculo y afirma que en 2019 “serán 77.000 los agricultores familiares que continuarán con el beneficio del MS”. Ese dato surge de sumar las 55.441 personas (el 55%) que no hicieron el trámite de actualización, y que por esa razón ahora son compulsivamente sumadas al MS, y los 21.559 beneficiarios que prestaron conformidad para continuar en el programa.
Lo que no aclara el comunicado es que el 55% de beneficiarios que no concretó el trámite de actualización entre el 2 de julio y el 10 del actual deberá comenzar a pagar desde el presente mes el 50% del costo de la obra social y que, de no hacerlo, entrará en mora con la AFIP.
Comunicación engañosa
“Creer que esas 55.441 personas no hicieron el trámite de actualización por propia voluntad, perdiendo el beneficio de la gratuidad del MSA hasta su extinción a fines de diciembre y validando empezar a pagar desde este mes a la AFIP es, cuanto menos, una tomada de pelo”, dijo a la nacion Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Añadió que “toda la comunicación de Agroindustria es engañosa, porque hay una proporción muy importante de pequeños productores que por cuestiones de lejanía con los centros urbanos o por la propia precariedad de la comunicación oficial, sin campañas de difusión en los territorios, nunca se enteró de la necesidad de hacer este trámite”.
Según el productor “resulta grave que por la falta de información ahora se someta a muchos campesinos y campesinas al riesgo cierto de acumular deuda en AFIP”.
Una técnica de terreno de Cuyo, que pidió preservar su identidad, contó que buena parte de los beneficiarios que no fueron relevados y que ahora quedan de hecho como inscriptos en el MS “ni se deben haber enterado de toda esta movida, por lo que mucho menos están al tanto que desde este mismo mes comienzan a endeudarse con la AFIP. Este puede ser el inicio de un problema grave para miles de pequeños productores”, advirtió.
En el mismo sentido, desde Salta, Raúl Marinconz, técnico que fue despedido en abril de la SAF –desde
2016 suman más de 310 despidos en el área– contó a la nacion que el equipo territorial que conformaba en el Chaco salteño fue desmantelado, por lo que no había personal para ir a hacer el relevamiento. “Junto a otros compañeros y compañeras despedidas nos involucramos y asistimos a muchos productores. Vimos que la mayoría de las bajas se dieron por el temor del campesino a no poder cubrir los costos del MS. Muy mal se ha hecho todo”, lamentó. Agregó que en Salta, de los 3000 monotributistas inscriptos se alcanzó a relevar a 1000, de los cuales 700 se dieron de baja y
300 harán la transición al MS. Melina Zocchi, técnica de territorio de la SAF en Catamarca y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en la rama SAF advirtió que “el hecho de que solo se haya llegado a relevar al 45% de beneficiarios ya es un dato preocupante, más aún, cuando vemos que dentro de ese porcentaje más de la mitad resolvió darse de baja porque seguramente no puede afrontar el pago del MS. Hemos visto casos de pequeños productores que debieron optar por mantener el beneficio para el titular, pero sacar adherentes (pareja e hijos) por la imposibilidad de asumir el costo”, dijo la trabajadora.
Explicó que desde el inicio del relevamiento quedó claro “que el tiempo era insuficiente. Los propios coordinadores provinciales –en general alineados con las autoridades nacionales– advirtieron que no se llegaría a relevar a todos los productores, porque tras haber despedido a compañeros que cubrían territorios que quedaron casi sin asistencia técnica era imposible lograr un relevamiento total”. Zocchi contó que para la actualización al beneficiario titular se le exigía, entre otras cosas, la facturación del último año. “En muchas comunidades el trueque es la forma usual de comercializar, es parte de la identidad de la agricultura familiar, como así también la venta a los vecinos, donde no se utiliza la factura. Este fue un requisito excluyente, que encubrió una intención deliberada de quitar beneficiarios”.
El MSA fue creado en 2009 para formalizar la comercialización en el segmento de productores más pobre y para garantizarles obra social y aportes previsionales.