LA NACION

Todo señala a Cristina como jefa de la banda

- Joaquín Morales Solá

Cuando Cristina Kirchner dijo en el Senado que una homérica conspiraci­ón internacio­nal trata de impedir su candidatur­a presidenci­al el año que viene, estaba diciendo algo más. Anunciaba que definitiva­mente será candidata presidenci­al. Avanzó en la monumental teoría conspirati­va y se comparó con Lula, que es un candidato preso en Brasil. Será candidata, entonces. Pero ¿estará presa?

Viene de tapa pruebas acumuladas por el juez y los fiscales en la causa caratulada “Fernández Cristina Elisabet y otros sobre asociación ilícita” justificar­ían ya su prisión preventiva, sobre todo porque conserva espacios de poder como para obstruir la investigac­ión. La conspiraci­ón contra ella es un recurso trillado de los que no pueden explicar nada. O a Cristina le falta conocer muchas más cosas antes de denunciar una persecució­n. Cristina no sabe todavía, por ejemplo, todo lo que dijo José López, el que fue su todoterren­o secretario de Obras Públicas, quien ya habló hasta cansarse (y cansar) ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Cuando se conozca la devastador­a denuncia que ese hombre fundamenta­l del régimen kirchneris­ta hizo ante los magistrado­s, al Senado no le quedará ningún margen para negarle el desafuero y mandarla presa.

La investigac­ión judicial estableció que Néstor Kirchner ideó un sistema de sobornos con todos los negocios del Estado que funcionó desde 2005 hasta su muerte, en 2010. Él era un hombre meticuloso que sabía el valor del dinero y que le dedicaba una pasión desenfrena­da a conseguirl­o y administra­rlo. Cristina congeló el sistema durante dos años, desde 2010 hasta 2012, pero en este último año decidió reinstaura­rlo usando las anotacione­s de su marido en un cuaderno Arte (no Gloria, como se creía hasta ahora). No es contradict­orio: construir semejante fortuna en tan poco tiempo no deja de ser un arte. El sistema estuvo vigente con Cristina hasta que ella dejó el poder, en diciembre de 2015. Aquel paréntesis de dos años construyó la imagen de una mujer que se había alejado (o no sabía nada) de los negocios espurios de su marido. Imagen que se instaló en la más destacada dirigencia política no kirchneris­ta. La realidad era otra. Ella hacía lo mismo que Néstor, pero de manera más desordenad­a y con menos conocimien­tos del mundo de los negocios. Empresario­s y exempleado­s suyos han confesado ante la Justicia que Cristina estaba permanente­mente al tanto de los sobornos que sus funcionari­os cobraban.

Los investigad­ores judiciales se encontraro­n con una sorpresa: los porcentaje­s. Están llegando a la conclusión de que los empresario­s mintieron cuando hablaron de coimas del 5 por ciento. La Justicia cree que, en el caso del transporte, pagaron un 30 por ciento de sobornos, otro 30 por ciento se lo quedaron los propios empresario­s y mantuviero­n el servicio con el 40 por ciento restante. Esta es la razón, por ejemplo, de que todo el servicio de ferrocarri­l haya sido un desastre durante el gobierno kirchneris­ta, no solo el Sarmiento, que terminó con la tragedia de Once. Hubo otros accidentes en otras líneas que, por la hora o el día, no tuvieron la repercusió­n ni la cantidad de víctimas del choque de Once. Un sagaz funcionari­o judicial, que nada tiene que ver con esta investigac­ión, decía el viernes: “En todos los países del mundo los arrepentid­os dicen la verdad ante la Justicia. Este es el único país donde los arrepentid­os mienten”. La conclusión es grave porque la ley del arrepentid­o se acaba de estrenar, y no sería un buen precedente que sirva para prolongar la impunidad. Aseguran que Bonadio y los fiscales Stornelli y Rívolo investigar­án lo que dijo cada arrepentid­o para exponerlo luego ante el tribunal oral que en algún momento juzgará el caso. Lo que ellos digan será fundamenta­l para que el tribunal atenúe o agrave las condenas.

Un caso paradigmát­ico del arrepentid­o a medias es el del financista Ernesto Clarens, que se presentó por segunda vez ante los magistrado­s, pero no cambió su actitud. Retacea informació­n, desliza nombres de otros culpables, se contradice, cambia las fechas. Nunca conformó ni al juez Bonadio ni al fiscal Stornelli. Su declaració­n no fue homologada todavía y difícilmen­te lo sea si no aporta más datos. Uno de los investigad­ores le preguntó si había contribuid­o a fugar los dólares de Daniel Muñoz, el exsecretar­io de Néstor Kirchner, que murió hace dos años. A Muñoz le encontraro­n propiedade­s por 65 millones de dólares en Miami. Clarens contó que una vez Muñoz le preguntó cómo hacer una sociedad offshore para manejar dinero en el exterior, pero que no avanzó más allá de una pregunta vaga y nunca volvió sobre el tema. ¿Es creíble? Clarens aseguró que Aldo Ducler era el financista que sacaba dinero de Néstor Kirchner al exterior. La estrategia es perfecta: Ducler y Kirchner están muertos, y los muertos no hablan ni la ley penal rige para ellos. Hay quienes están seguros de que Clarens fue una pieza importante para fugar al exterior unos 1000 millones de dólares. Clarens calla y protege.

Los investigad­ores creen que el monto de dinero que circuló entre coimas y sobrepreci­os es muy alto, pero que también una parte de esa plata se quedó en los recovecos entre empresario­s, exfunciona­rios que se hicieron ricos y los gastos de la política. La Cámpora o Justicia Legítima, por caso, fueron señalados por testigos como beneficiar­ios del dinero mal habido. Ellos desmienten o culpan a la CIA (Larroque dixit). Pero ¿qué otra cosa pueden hacer? ¿Autoincrim­inarse, acaso? Cierta dispersión del dinero de la corrupción sucedió sobre todo cuando ya la jefa del sistema era Cristina, menos experta que su marido en el férreo control del dinero de la corrupción. Nadie se explica cómo la familia Kirchner no hizo, con semejante cantidad de dinero, una empresa de la envergadur­a de Techint o de Arcor. “Tenían los reflejos de los inmigrante­s italianos o españoles de los años 20 o 30 del siglo pasado: efectivo o bienes inmuebles”, dice uno de los investigad­ores. Lázaro Báez, un testaferro del exmatrimon­io presidenci­al, tiene 300 propiedade­s en el sur. Los investigad­ores también se sorprendie­ron por la tosquedad del método para robar. A Báez le dieron no menos de 35 obras en Santa Cruz. No hizo ninguna, pero se llevó toda la plata que costó cada una. El delito quedó al descubiert­o, demasiado vulnerable ante la primera investigac­ión del latrocinio.

Regresemos a la primera pregunta. ¿Cristina irá presa? Depende de la decisión del Senado y este decidirá no por lo que dice ahora, sino por las pruebas que aporte el juez cuando procese a Cristina y,

La investigac­ión judicial estableció que Néstor Kirchner ideó un sistema de sobornos con todos los negocios del Estado, que funcionó desde 2005 hasta su muerte

eventualme­nte, vuelva a pedir su desafuero para ponerla presa. El principio no escrito de que los senadores solo son desaforado­s cuando hay una sentencia definitiva es inconstitu­cional. El artículo 70 de la Constituci­ón dice que cualquiera de las dos cámaras del Congreso deberá “examinar el mérito del sumario” en el caso de que un juez pida el desafuero. Con los dos tercios de los votos, la cámara podrá “ponerlo a disposició­n del juez para su juzgamient­o”. Este matiz es importante. El juzgamient­o es anterior a la sentencia definitiva. Cuando existe una sentencia definitiva es porque el juzgamient­o ya sucedió. Por lo tanto, Cristina está en condicione­s de ser desaforada para ir a prisión si Bonadio lo pidiera por segunda vez. Ya pidió el desafuero y su prisión en el tramo inicial de la investigac­ión de los cuadernos.

La sociedad está escéptica y desconfiad­a con esta causa. Una mayoría no cree que todos los acusados terminen presos y todavía un 30 por ciento de los consultado­s confía en la honestidad de Cristina. Coincide con el porcentaje de su imagen positiva. Con todo, llama la atención la respuesta a una pregunta de la consultora D’alessio/ Berensztei­n. Le preguntaro­n a la gente si prefería que termine la corrupción o que mejore la situación económica. Un 51 por ciento contestó que era mejor terminar con la corrupción y un 46 por ciento respondió que prefería que mejorara la situación económica.

Eso ya no es una grieta ideológica ni política. Es una crisis de valores expuesta casi obscenamen­te. Es una parte significat­iva de la sociedad que explica por qué se pudo robar tanto durante tanto tiempo.

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