Obra pública bajo sospecha también en las provincias
La saga de los cuadernos reactivó causas por corrupción en numerosos distritos y expuso las huellas de De Vido y López por todo el país En lo que menos avanzan los expedientes es en la responsabilidad de los funcionarios y empresarios locales
Lejos de quedar contenidas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, las sospechas y las denuncias sobre el manejo de fondos de la obra pública se extienden por todas las provincias. La actuación del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su secretario de Obras Públicas, José López, y otros funcionarios del kirchnerismo es investigada en varios expedientes, pero el avance de las pesquisas sobre políticos y empresarios provinciales aparece como una excentricidad en un puñado de distritos.
Santa Cruz es el caso paradigmático en cuanto a denuncias de corrupción. Lázaro Báez, que está preso por la ruta del dinero K y espera el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en su favor, en la que también está procesada Cristina Kirchner, reci- bió 52 contratos viales por $46.000 millones, según la Justicia.
Aunque Báez no aparece mencionado en los cuadernos de las coimas, la provincia quedó en el centro de la causa a partir del testimonio de Carlos Wagner, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la constructora Esuco, que se afincó en Santa Cruz a fines de los 90. Al describir el esquema de coimas, Wagner mencionó a un rosario de empresas.
Chubut es otra provincia paradigmática y no solo por la cantidad de obras que pasaron por Báez o Cristóbal López. También porque, antes de que surgieran los cuadernos, la Justicia local destapó una trama de corrupción espectacular que originó una docena de causas que involucran a más de 60 empresarios y a medio gabinete del fallecido gobernador Mario Das Neves.
“Embrujo”, la “Revelación”, “Emergencia” son algunos de los expedientes que estallaron al encontrarse una puntillosa contabilidad, con planillas de Excel y cheques fotocopiados, que acreditaba el ingreso de coimas de las constructoras y el pago de sobresueldos a funcionarios.
Como informó la nacion, esas investigaciones enfrentan hoy una encrucijada: los fiscales evalúan aceptar “reparaciones” de los empresarios imputados, a cambio de la suspensión de juicio a prueba. Cada empresario aportaría al menos un millón de pesos. En una provincia en crisis, el dilema va más allá de lo legal y lo fiscal.
Pero el avance de los juzgados federales o locales es una quimera en varias provincias. Básicamen-
te, porque muchos de esos jueces llegaron a su cargo de la mano del kirchnerismo o de los gobernadores que deberían investigar.
En Tucumán, una causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en obras públicas con fondos nacionales por más de $1200 millones duerme desde hace meses en la Cámara Federal de Apelaciones. Apunta al exgobernador y actual senador José Alperovich, a De Vido y López, entre otros.
La Cámara debe resolver si la investigación del caso, que se inició en 2014 por una denuncia de la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos), es de competencia federal o si corresponde que quede en manos de la Justicia ordinaria provincial, como solicitó uno de los funcionarios investigados. Ninguna de las opciones genera muchas expectativas. El juez federal Daniel Bejas le debe su designación a Cristina Kirchner. En los tribunales provinciales abundan las amistades que sembró Alperovich.
Ante la parálisis de la causa en Tucumán, Elías de Pérez se presentó en Comodoro Py en 2016. El fiscal Carlos Stornelli le dio impulso a la investigación y concluyó que el monto de dinero involucrado en las maniobras alcanzó los $1287 millones. Pese a esos avances, el juez Luis Rodríguez devolvió las actuaciones a Tucumán.
En San Juan, ante la parálisis de otras denuncias contra la administración del exgobernador, actual diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, la Cámara de Diputados formó una comisión para investigar la construcción de viviendas, represas, la estación solar fotovoltaica, el estadio de fútbol, el camino de montaña, los túneles viales, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario.
En Córdoba, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hace unos días que se avance en la investigación de un supuesto pago de coimas en la primera licitación de los gasoductos troncales durante la gestión de José Manuel de la Sota. La obra no se concretó con esa operatoria, fue nuevamente licitada y está en marcha.
La denuncia original se basa en que la obra aparece en la lista de 750 contratos que el cambista arrepentido Alberto Youssef entregó al juez brasileño Sergio Moro.
La Procelac tomó el planteo de la UIF, que sostiene que una empresa de Horacio Miró, exfuncionario de De la Sota, habría recibido el 40% del emprendimiento Torres Art María, en Puerto Madero, valuado en US$180 millones. Habría sido, según la UIF, una cesión de Iecsa, de Ángelo Calcaterra, que habría actuado como supuesta intermediaria de firmas brasileñas.
El legislador Daniel Passerini (Unión por Córdoba) desmintió las denuncias basándose en las declaraciones de los arrepentidos brasileños ante el fiscal federal Federico Delgado, en las que ambos negarían la existencia de coimas. También, en que las obras no se concretaron y fueron relicitadas.
EL rastro de De Vido y López
De Vido y José López también tienen un capítulo cordobés. Fueron imputados por supuesto pago de sobreprecios y desvío de fondos, a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señaló la existencia de sobrecostos hasta 148% en obras del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder) que reúne a 44 municipios y comunas cordobesas. El organismo fue disuelto.
En Buenos Aires se esperan novedades a partir de las declaraciones de López como arrepentido. Casi un centenar de intendentes ya pasaron por Comodoro Py por el destino de $600 millones del plan de gestión de residuos (Girsu). Otro grupo tuvo que dar explicaciones por el plan de viviendas Sueños Compartidos.
Mientras, se reactivó una denuncia contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por un fondo de $35 millones que se colectó para viviendas tras la inundación de La Plata y del que no se conoce destino.
El exgobernador Daniel Scioli, por su parte, enfrenta investigaciones por la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) y sus vínculos con constructoras.
Enjujuy avanzan tres causas relacionadas con Milagro Sala. Una es la llamada Pibes Villeros, en la que se investigan obras de mejoramiento barrial que debieron hacer cooperativas por $60 millones.
La otra, conocida como Megacausa, trata sobre 1850 viviendas que no se construyeron y 500 más que no fueron terminadas, pese a que se firmaron certificados diciendo lo contrario. Se calcula que desaparecieron $1200 millones de pesos. Los imputados son Sala y el exgobernador Eduardo Fellner, como jefes de asociación ilícita, y José López, como partícipe necesario.
Una tercera investigación apunta por presunto lavado de activos a un empresario vinculado a la líder de la Tupac Amaru. Se inició con una denuncia de la sede cordobesa de la AFIP, a raíz del aumento patrimonial injustificable de varios empresarios, que también figuran en cuadernos aportados por un testigo protegido que registró la circulación del dinero.
En Misiones, la Justicia investiga una denuncia por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito contra Ewaldo Rindfleisch, exintendente de Oberá, por el manejo supuestamente irregular de $20 millones que el municipio recibió a través del programa Más Cerca, que manejaba López. El mecanismo de las cámaras
En Catamarca, el sistema de coimas que salió a la luz con los cuadernos de Centeno había sido denunciado hace dos años. El empresario Jorge Marcolli fue citado por el fiscal Santos Reynoso, después de que denunciara al actual ministro de Obra Pública, Rubén Dusso, como supuesto recaudador de aportes ilegales, para López.
Fernando Rivera, expresidente de la Cámara de Construcción de las provincia, aseguró que Dusso creó la Asociación de Empresas Contratistas para distribuir la obra pública después de que él se negara a hacer esos aportes. “Había que llevárselos [los aportes] a la oficina de Dusso. Después Dusso iba al aeropuerto y le entregaba el dinero al emisario que llegaba de la Nación. El 5% del total de la obra era lo que se pagaban en retornos”, señaló.
El mismo mecanismo, esto es, el uso de las cámaras de la construcción de las provincias cómo émulo de la cámara nacional de Wagner, pero para resolver el pago de coimas a funcionarios provinciales, fue denunciado en Entre Ríos.
Un mes antes de morir, aquejado por un cáncer, el empresario Víctor Pietroboni dio detalles de esa metodología a una radio entrerriana. Sobre sus dichos, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet se presentaron ante el juez Claudio Bonadio para denunciar una maniobra que involucra también a la AFIP y al Estado provincial en la confección de facturas apócrifas para ocultar los sobornos.
En Río Negro, el foco está puesto en las obras viales, viviendas y el gasoducto cordillerano, que fue relicitado por el Gobierno, por un valor menor al fijado por el kirchnerismo hace ocho años.
Con respecto a las rutas 22 y 23, emblemáticas para la región, se denunciaron múltiples inconsistencias, defectos de calidad y demoras, además de sobreprecios por hasta tres veces el valor.
También se investigan $75 millones destinados a 870 viviendas del plan nacional Techo Digno, que se derivaron a pago de sueldos en varios municipios.
El gobernador Alberto Weretilneck señaló a la nacion que “no hay preocupación” por las obras actuales, sino con obras nacionales de la gestión anterior.
En Chaco, las investigaciones no solo apuntaron a las viviendas sociales de la gestión de Jorge Capitanich. También afectan a Cambiemos. La última semana quedó detenido el intendente de Villa Bermejito, Lorenzo Heffner, por un faltante de $800 millones en viviendas no construidas. Los fueros de la diputada Aída Ayala frenan la detención pedida por la Justicia: se la acusa de liderar una asociación ilícita mientras estaba a cargo de la intendencia de Resistencia.