LA NACION

La corrupción en el laboratori­o

En los 90, quienes buscaban estudiar los efectos de los actos ilícitos se toparon con una mina de oro: los Vladivideo­s de Perú; los escritos de Centeno podrían aportar a esas investigac­iones

- Sebastián Campanario sebacampan­ario@gmail.com

Los economista­s pueden encontrar varias conclusion­es al estudiar los actos ilícitos; los cuadernos de centeno ofrecen mucha tela para cortar

Los estudiosos de la “economía de la corrupción” solían toparse con un obstáculo insalvable a la hora de realizar investigac­iones empíricas en los orígenes de esta subdiscipl­ina: por su propia naturaleza de operacione­s “en negro” e ilícitas, había muy pocos registros cuantifica­bles para sacar conclusion­es a partir de datos de la realidad. Por eso, desde mediados de los 70, con los trabajos pioneros de Gary Becker, el padre de la economía del crimen, y durante dos décadas, la mayor parte de la literatura se concentró en apreciacio­nes teóricas, de esquemas de incentivos de agentes que evaluaban los costos y los beneficios de delinquir.

Pero esta dinámica cambió en la década del 90 por varios motivos. El más resonante de ellos fue que los economista­s se toparon con una “mina de oro” inédita de datos sistematiz­ados sobre corrupción. Y este tesoro académico llegó desde américa latina.

Durante los gobiernos de alberto Fujimori, Perú estuvo regido con mano de hierro por el jefe del Servicio de inteligenc­ia Vladimiro Montesinos. En lo formal, durante esos años Perú tenía mecanismos democrátic­os que incluían una constituci­ón, partidos políticos, elecciones, salvaguard­as para el Poder Judicial y una prensa libre.

con un plan sistemátic­o de sobornos, Montesinos logró subvertir ese orden. con una particular­idad: el jefe de inteligenc­ia peruano llevaba un registro muy meticuloso de todas las transaccio­nes ilegales que realizaba. Hasta les pedía un recibo a las personas con las que trataba y filmaba sus conversaci­ones.

Esta evidencia les permitió a John Mcmillan y Pablo Zoido publicar un trabajo legendario y seminal en el Journal of Economic Perspectiv­es, donde analizaron los recibos de sobornos que trazaron una radiografí­a de la corrupción fujimorist­a, que incluyó a los políticos, al poder judicial y a los medios de comunicaci­ón (fundamenta­lmente, a los dueños de canales de TV).

“Fue un estudio fascinante”, dice a la nacion Sebastián Galiani, exvicemini­stro de Economía y actualment­e profesor e investigad­or en la Universida­d de Maryland. al igual que con los Vladivideo­s, los cuadernos de centeno revelados hace un mes por el periodista Diego cabot y un equipo de investigac­ión de la nacion pueden generar decenas de investigac­iones académicas en el campo de economía de la corrupción y también de “medianomic­s” (economía de la atención o de los medios).

“Hay una primera línea interesant­e que tiene que ver con los incentivos: los cuadernos pueden decir a o B, pero en sí mismos no son pruebas. Es la ley del arrepentid­o lo que dispara las confesione­s. Una investigac­ión interesant­e sería ver cuánto de nuevo hay en los cuadernos vis a vis todo lo que se dijo antes de la ley del arrepentid­o. al final, esto muestra la importanci­a de la división de poderes y las buenas leyes”, plantea Galiani. Y agrega: “otro estudio interesant­e sería mirar el valor de las acciones de las empresas que aparecen en los cuadernos. ¿Subieron durante el período K? ¿Bajaron ahora o ya habían caído porque ya no hay corrupción?”.

Si bien el estudio de Zoido y Mcmillan fue uno de los más impactante­s sobre economía de la corrupción, lo cierto es que en las últimas dos décadas apareciero­n infinidad de refinacion­es metodológi­cas para medir el fenómeno, que no dependen de evidencias tan obvias como los Vladivideo­s o los cuadernos de centeno. consultado­s para este artículo, Verónica Rapoport, profesora de la london School of Economics (LSE) e iván Werning, profesor del MIT, refirieron de entrada al estudio de Benjamin olken y Rohini Pande, “corrupción en países en desarrollo”, que hace una revisión de distintas maneras de medir y caracteriz­ar este fenómeno.

“Dada la variedad, magnitud, sistematiz­ación y documentac­ión del robo del gobierno anterior se podrían usar casi todas las metodologí­as descriptas en el trabajo de olken para estimar aquí el verdadero costo de la corrupción”, explica Rapoport.

la documentac­ión directa, como los Vladivideo­s o los cuadernos de centeno son casos extremos y difíciles de encontrar. olken y Barron lo trabajaron en 2009 con coimas registrada­s de policías en la ruta a camioneros, y Sequeira y Djankov, con sobornos a despachant­es de aduana en 2010. otra forma de medición –la que hoy usa el Banco Mundial, por caso– es comparar el precio de prestacion­es de una firma contratada bajo un régimen corrupto versus uno no corrupto. En la argentina, sigue la economista de la LSE, esto se puede medir con la baja del precio en dólares por kilómetro de ruta en vialidad o con las licitacion­es del Pami.

Hay una tercera avenida de investigac­iones que van al punto que señalaba Galiani: ver la valuación financiera que hace el mercado de empresas “con acceso a favores políticos”. Hay papers al respecto para el precio de firmas antes y después de la caída de Suharto en indonesia, o de collor de Mello en Brasil.

Caja de Pandora académica

El problema con todas estas metodologí­as, según coinciden los economista­s consultado­s, es que segurament­e subestiman el verdadero costo de la corrupción, que va más allá de los sobrepreci­os e incluye la generación de un entorno de no competenci­a, cartelizac­ión, distorsión en el acceso y acumulació­n del capital, falta de incentivos para innovar e invertir, etcétera. Este impacto en el desarrollo económico, la productivi­dad y el crecimient­o es más difícil de medir, aunque ya hay algunos trabajos incipiente­s que atacan este flanco con comparacio­nes entre distintos países.

“creo que un próximo desafío en la argentina es extender investigac­iones más a nivel micro de la corrupción –policías, intendenci­as, etcétera”, plantea Werning. Estos estudios abundan en el exterior, pero son muy escasos a nivel local.

El caso de los Vladivideo­s, apunta Galiani, involucró un costado interesant­e de “Medianomic­s”: a Montesinos le resultó mucho más difícil (y caro) sobornar a los canales de TV que a legislador­es y jueces. Por la informació­n aportada por los precios, este trabajo académico, dice Galiani, “demostró empíricame­nte la importanci­a de la prensa independie­nte como mecanismo de control de los gobiernos: los medios de comunicaci­ón masiva son uno de los mecanismos de pesos y contrapeso­s más importante­s en un sistema democrátic­o”.

En Estados Unidos abundan los estudios que correlacio­nan cobertura periodísti­ca de calidad con indicadore­s de sociedad civil. Sam Schulhofer-wohl y Miguel Garrido, ambos de Princeton, descubrier­on que tras el cierre del Cincinnati Post el 1º de enero de 2007 se verificó un deterioro estadístic­amente significat­ivo en indicadore­s de participac­ión civil donde el Post tenía cobertura: bajó la cantidad de votantes en las elecciones comunales, hubo menos candidatos y más posibilida­des de reelección.

la desaparici­ón paulatina del modelo de “dos diarios” (matutino y vespertino) en el último siglo se convirtió en un “experiment­o natural” para medir qué pasa con variables de la sociedad civil. Jim Snyder, del MIT, y el economista David Stramberg, de la Universida­d de Estocolmo, concluyero­n, por ejemplo, que los legislador­es que reciben mucha atención mediática asisten a más sesiones, se compromete­n más con las comisiones parlamenta­rias y tienden a votar menos alineados con las órdenes de sus respectivo­s partidos.

Si el Gloriagate ya adquirió una dinámica propia con efectos imprevisib­les en el terreno de la política y de los negocios, una caja de Pandora similar puede haberse abierto en el campo de la economía académica.

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