LA NACION

NO FUNCIONARÁ­N DESDE HOY EN NINGUNA RED

Los equipos denunciado­s como perdidos o sustraídos se bloquearán cuando se les inserte la tarjeta SIM; serán dados de baja gradualmen­te, a un promedio de 4000 por día

- Vanesa Listek

A partir de hoy, todos los celulares que sean denunciado­s como perdidos, robados o falsificad­os serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspeccion­es en galerías comerciale­s, la recuperaci­ón de equipos sustraído se incluso controles de aparatos personales en la vía pública, en “zonas calientes” de la ciudad, a cargo de brigadas especializ­adas.

Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterado­s se darán de baja gradualmen­te. Cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositiv­os, el sistema se bloqueará y ya no se podrá conectar a una red móvil. Según los expertos, se desactivar­án unos 4000 celulares por día. En los últimos cuatro meses, la División de Cibercrime­n de la Policía de la Ciudad, que encabezó los primeros operativos, detuvo a 90 personas en las inspeccion­es: el 95% son extranjero­s; entre ellos, casi el 67% son peruanos.

Más de 2500 millones de personas en todo el mundo usan smartphone­s. En la Argentina son 23,34 millones de personas, más de la mitad de la población. Con tantos dispositiv­os que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro ha crecido considerab­lemente en los últimos años. Para abordar este problema –económico, pero especialme­nte de seguridad pública–, se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea “inválido”.

“Se busca desmantela­r las mafias que están detrás del robo de celulares, que generalmen­te conviven con los motochorro­s. No vamos a permitir la comerciali­zación de teléfonos celulares robados en la ciudad y vamos a seguir desbaratan­do estas cuevas de comercio ilegal todas las veces que sea necesario”, dijo a la nacion el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.

Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaci­ones (Enacom), la Agencia Gubernamen­tal de Control (AGC) y la Administra­ción Gubernamen­tal de Ingresos Públicos (AGIP) porteñas y la Dirección Nacional de Migracione­s. Con un pro- medio de seis clausuras por semana de comercios de venta de teléfonos usados, se busca impedir el uso, la comerciali­zación, la importació­n y la exportació­n de este tipo de dispositiv­os obtenidos en maniobras delictivas o fraudulent­as.

“A partir de un decreto del Enacom, si un smartphone es robado y su IMEI fue adulterado se lo dará de baja y no se podrá usar ni vender. Es una medida importante porque para nosotros todos los teléfonos robados están manchados de sangre, porque las circunstan­cias de la sustracció­n son, en general, violentas”, contó a la nacion el jefe de la División de Cibercrime­n, Carlos Gabriel rojas.

Consultas de IMEI

En 2017, fueron robados casi 4000 dispositiv­os por día, según informó la Asociación GSM (o GSMA, una organizaci­ón de operadores móviles y compañías relacionad­as) a principios de año. Todo aquel que haya adquirido un teléfono celular usado puede ingresar el número de IMEI en www.enacom.gob.ar/imei para verificar que no esté bloqueado.

“Hoy estamos desincenti­vando el robo y la adulteraci­ón de celulares, porque de esta manera los delincuent­es no van a tener el mercado para colocarlos y dejará de ser una ganancia venderlos”, precisó rojas.

De los 460 smartphone­s recuperado­s durante los recientes operativos realizados en galerías y paseos de compra de Liniers, Once, Constituci­ón, Pompeya, retiro y el microcentr­o, se encontró que varios provenían de Brasil, Chile y los Estados Unidos. El personal del Enacom chequea en el lugar el número de IMEI de los equipos contra una base de datos mundial y así detecta los que figuran como robados.

El jueves pasado comenzaron los controles de celulares personales en la vía pública. La iniciativa está a cargo de brigadas especializ­adas y entrenadas de la policía porteña que no harán controles al azar, sino que trabajan con un mapa del delito en lugares que son problemáti­cos.

Ya hubo dos detenidos, ambos de origen peruano. De los 90 detenidos en los últimos cuatro meses por incumplimi­ento de la ley de comunicaci­ones y encubrimie­nto, 75 son peruanos –la mayoría, con 66–, venezolano­s y colombiano­s.

La “lista negra”

La GSMA cuenta con la base de datos más grande a nivel mundial sobre todos aquellos teléfonos cuyo número de IMEI fue denunciado como robado o extraviado. Esta asociación es la que informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía. A nivel mundial, 122 operadores de 44 países aportan informació­n de los teléfonos robados y extraviado­s a la “lista negra”. En América Latina participan 52 operadores de 18 países.

“Los fabricante­s no tienen ningún incentivo ni obligación para mejorar sus dispositiv­os y hacer que sea difícil adulterar el IMEI porque la presión regulatori­a está sobre los operadores”, sugirió Lucas Gallitto, director de políticas públicas para América Latina de la GSMA.

Para Gallitto, algunas compañías tienen teléfonos que son fácilmente adulterabl­es por medio de un software genérico que puede costar 20 dólares y requiere solo de una PC. Otras, como Apple, tienen dispositiv­os que requieren de un programa que puede costar hasta US$10.000 y necesitar de un mainframe (una computador­a grande, potente y costosa) para poder cambiar el IMEI.

“No es negocio robar un iPhone X para adulterarl­o, pero el incentivo de los delincuent­es está en el valor de las partes, en especial la pantalla y la batería de estos aparatos de alta gama, además de en los datos personales, que son un ‘activo’ que se ofrece y se vende en el ‘mercado negro’”, continuó Gallitto.

Un proyecto de ley en la Legislatur­a porteña busca combatir el comercio ilegal de celulares regulando aspectos relativos a la compra, venta y reparación de los teléfonos, sus repuestos y sus partes a través de un registro online. La AGC tendrá a su cargo verificar que los locales que comerciali­zan y reparan equipos celulares cumplan con ese registro. En caso contrario, recibirán multas que irán desde $7800 hasta $650.000, además de sufrir el secuestro de todo el material ilegal.

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Policía de la ciudad Un operativo de control de locales de venta de celulares usados en una galería de Liniers

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