Las revelaciones suman presión para reabrir causas judiciales
La cosa juzgada írrita permite pedir la reapertura de investigaciones sospechadas de maniobras fraudulentas
Un fantasma recorre los tribunales de Comodoro Py y podría tocar las puertas de algunos juzgados. Es la doctrina de la cosa juzgada írrita, que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas. La figura genera problemas internos de peso en los tribunales. Incomoda a jueces y fiscales.
Hay dos cuestiones coyunturales que podrían motivar la reapertura de causas que fueron tramitadas y cerradas de manera irregular o fraudulenta. El disparador más resonante son las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide en el marco de la causa de los cuadernos, quien dijo haber recibido “presiones” del operador judicial Javier Fernández y del espía Jaime Stiuso para sobreseer a los Kirchner, en 2009.
Además, el Consejo de la Magistratura presentará una auditoría sobre el fuero federal, donde se exhibirán las sentencias que podrían ser cuestionadas o revisadas. El presidente del Colegio de Abogados de la CABA, Guillermo Lipera, dijo a la nacion que, con la auditoría, podrían ser producto de análisis otros casos, ya que “se abrirá un camino para ver no solo qué hizo el juez Oyarbide, sino también muchos otros”.
El titular de la Unidad de Información Fiscal (UIF), Mariano Federici, pidió reabrir la investigación contra Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito por cosa juzgada írrita. Margarita Stolbizer reclamó que se anule el sobreseimiento dictado por Oyarbide, por considerarlo fraudulento.
Por otro lado, es improbable que los fiscales pidan que se anule una sentencia, porque esto implica denunciar como fraudulento un fallo que un colega suyo consintió. Quien tiene legitimación procesal para pedir la reapertura en las causas que involucran a funcionarios es la titular de la OA, Laura Alonso. Ella dijo que está a favor de que se reabra la causa, pero como titular de la OA todavía no accionó.
En la denuncia, hecha por Enrique Piragini en julio de 2009, se indicaba que el patrimonio presidencial se había incrementado de 2007 a 2008 en un 158 por ciento. Oyarbide los sobreseyó en cinco meses, tras recibir un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, que concluyó que no se cometieron delitos al justificar el aumento patrimonial. El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, fue aceptado como perito de parte.
Por otro lado, los peritajes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas mostraban inconsistencias y contradicciones en el peritaje oficial. Concluyeron en que más de $24,7 millones no estaban “debidamente justificados”. El fiscal de la causa, Eduardo Taiano, no apeló, y el titular de la FIA en ese entonces, Guillermo Noailles, tampoco.
En el libro Un ensayo sobre la cosa juzgada írrita editado en 2015 y prologado por Carlos Rosenkrantz y Alejandro Carrió, el autor, Federico Morgenstern, quien en ese entonces era funcionario de la Sala II de la Cámara Federal y es actualmente letrado de la Corte, plantea que en estos casos no hay doble persecución, porque la primera no puede ser considerada tal: “Algo puede haber sido juzgado sin que se haya realmente perseguido al sujeto, y en esos casos la respuesta normativa debería ser que no hubo juicio, o en realidad que este fue fraudulento y, por ello, es nulo”.
Esta doctrina se aplica en el caso de enriquecimiento ilícito del destituido Eduardo Freiler, quien había sido sobreseído por el mismo juez que hoy recibe el planteo de la UIF, Marcelo Martínez de Giorgi. La UIF hizo otro planteo de cosa juzgada írrita el año pasado, en una causa en la que Oyarbide sobreseyó a Ricardo Echegaray, acusado de encubrir a Lázaro Báez.
El fiscal Stornelli hizo un planteo de nulidad por cosa juzgada írrita por la causa Skanska y el juez Casanello lo declaró procedente. Hay un fallo pendiente de la Cámara Federal sobre la aplicación de la doctrina. La cámara ya avaló la doctrina en la causa contra el exjuez Galeano en 2014; argumentó que el sobreseimiento dictado en su favor era nulo.
En 2010, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó por “falso testimonio” a Eduardo Sadous, exembajador en Venezuela y denunciante de la “aduana paralela”, y aceptó que Claudio Uberti interviniera como querellante en el expediente.
El año pasado, Canicoba Corral sobreseyó al titular de la AFI, Gustavo Arribas, en tres meses, por el presunto cobro de sobornos de Odebrecht, porque determinó que no había delito. El fiscal Federico Delgado apeló el fallo. El cambista brasileño Leonardo Meirelles, quien declaró haber hecho las transferencias a Arribas, también fue denunciado por falso testimonio, y el juez Bonadio ordenó su captura.