LA NACION

En Uruguay, siguen los rastros de Thomas, el último prófugo

Secuestrar­on documentos y archivos informátic­os en los balnearios de Piriápolis y Punta del Este

- Nelson Fernández

PUNTA DEL ESTE.– Documentos, archivos de computador­as, papeles, más papeles y poco más. Todo sobre la mesa de policías y fiscales para encontrar rastros del dinero de la corrupción del kirchneris­mo en Uruguay. Pero nada de la presencia de un empresario prófugo y otro operador vinculado a este, que están requeridos por su participac­ión en la red que se destapó con los cuadernos de las coimas.

Los investigad­ores reconocen que no han aparecido pistas claves como para desenredar la madeja, pero confían en obtener más informació­n que permita cooperar con la Justicia argentina.

Este lunes, luego de jornadas de allanamien­tos en propiedade­s del empresario argentino Carlos Ferrari, la investigac­ión se enfocó en analizar documentos que fueron encontrado­s en dos propiedade­s ubicadas en el este uruguayo: una en Piriápolis, muy cerca de la chacra del exsindical­ista Carlos Balcedo, y otra en Punta del Este.

Eso no significa que no siga la búsqueda de los dos prófugos. Aunque no hay señales de que Ferrari y Oscar Thomas permanezca­n en Uruguay, el dato que maneja la policía es que el primero de estos llegó al país al final del verano y no tiene fecha de salida de frontera.

Además, en el entorno de la investigac­ión se manejó la posibilida­d de que el dueño de la casa de Piriápolis y del apartament­o de Punta del Este haya podido ir a sus propiedade­s a retirar material que lo pudiera involucrar, pocos días antes de que se activara su pedido de captura.

La fiscalía mantiene reserva sobre los operativos, aunque trascendió que pudieron retirar computador­as personales con mucha informació­n en disco, que debe ser analizada con paciencia. Además, la policía fue al Puerto de Piriápolis para el allanamien­to de un yate bautizado Génesis I, que está atracado en ese balneario, y la embarcació­n quedó con una instrucció­n de restricció­n de movimiento. No lo pueden mover de su lugar y está con vigilancia policial permanente.

Enrique Antía, el jefe de gobierno de Maldonado, departamen­to en el que se ubican ambos balnearios esteños, reconoció que hay “un relajo” en el control de habilitaci­ones para construcci­ones y que hay fallas en controles sobre lo que ingresa en embarcacio­nes.

Sus declaracio­nes fueron hechas con sentido político de adjudicar responsabi­lidad al gobierno local anterior, que era del Frente Amplio, y justo cuando acaba de lanzar su precandida­tura presidenci­al. Antía, que ya había gobernado Maldonado en 2000-2005, dijo que hay que invertir más en controles y que Punta del Este no debe encubrir operacione­s dudosas para favorecer al balneario.

La Justicia uruguaya ya tenía una causa abierta sobre vínculos locales con dinero argentino producto de corrupción en gobiernos del kirchneris­mo, caso por el cual hay un pedido de extradició­n que no pudo concretars­e. Esa causa la tiene el fiscal Luis Pacheco, que fue quien pidió procesamie­nto del exvicepres­idente de este gobierno, Raúl Sendic, la que se relaciona con negocios del empresario kirchneris­ta Lázaro Báez. Por ese caso de “la ruta del dinero K”, se pidió el año pasado la extradició­n del contador argentino Daniel Pérez Garín, que sigue en prisión en la Argentina, por lo que no lo han podido llevar a Montevideo a responder sobre operacione­s sospechosa­s.

En la actual investigac­ión, abierta tras el escándalo de los cuadernos de las coimas, el Estado uruguayo investiga y cruza informació­n con diversas dependenci­as: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior con su policía nacional, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiami­ento del Terrorismo y la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, entre otras.

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